El convenio entre el Grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para construir un barrio de torres de lujo en Costanera Sur sufrió su primer revés en la Legislatura. En los últimos minutos de la sesión de este jueves, y después de denunciar una supuesta "intromisión" de la Justicia, Vamos Juntos (VJ) se vio forzado a levantar el proyecto que el propio bloque oficialista había incluido en el temario, luego del fallo judicial que ordenó detener el trámite legislativo hasta tanto se presente en audiencia pública el estudio de impacto ambiental del barrio denominado "Costa Urbana". Así, las organizaciones y los vecinos que trabajan en defensa del espacio público celebraron el primer triunfo en su lucha contra una nueva privatización del acceso al río y volvieron a remarcar la obligatoriedad de realizar la audiencia pública.
En tanto, desde la oposición porteña celebraron que "la visibilización del negocio inmobiliario" haya interrumpido la "estrategia de aprobación exprés" de VJ y llamaron a "seguir por el camino de movilizar y proponer para cambiar este modelo para unos pocos”. El proyecto que prevé la construcción de torres de hasta 145 metros en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors --en zona de humedales, frente a la Reserva Ecológica y sin plan de integración con el barrio Rodrigo Bueno-- fue reservado en secretaría sin fecha definida para su tratamiento.
La marcha atrás de Vamos Juntos
Después de una noche de miércoles y una mañana de jueves agitadas en los pasillos de la Legislatura, con reunión de labor parlamentaria de por medio, la sesión del jueves arrancó con un temario que incluía el tratamiento del convenio firmado con IRSA. Sin embargo, esta vez no había llegado ninguna autorización de la Justicia, como sí sucedió el pasado 26 de julio, cuando un rápido cambio de juez habilitó por ese día el dictamen del proyecto a pesar de la medida cautelar que ya estaba vigente. En esa ocasión, el Juez Martín Converset autorizó la reunión argumentando que las autoridades de la Legislatura aún no habían sido notificadas del fallo.
Pero este jueves la notificación ya había llegado hasta el presidente de la Legislatura, Diego Santilli --quien durante la sesión renunció a ese cargo para dedicarse a su campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires--, por lo que la estrategia de VJ, además de mantener hasta último momento el convenio en el temario, se centró en rechazar el fallo judicial a través de cuestiones de privilegio. El primero en presentarla fue Diego García Vilas, presidente de ese bloque, quien la solicitó para denunciar un supuesto "conflicto entre poderes" planteado por la sentencia original del juez Guillermo Scheibler.
"La sanción de una ley es una competencia específica y exclusiva de esta casa. Es una barbaridad que un juez nos diga qué podemos debatir y qué no. Hay una intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo", dijo García Vilas. Desde el FdT, la respuesta llegó por parte de la diputada Claudia Neira, quien señaló que "hay un criterio general en esta Legislatura, que es no expedirse sobre las resoluciones judiciales".
"Cuando existe una resolución judicial y un diputado o diputada entiende que esa resolución no se ajusta a derecho, lo que debe hacer es ir por las vías correspondientes a fin de que lo revisen las instancias superiores, las cámaras de apelaciones y en definitiva el Tribunal Superior de Justicia", añadió Neira. De hecho, el fallo fue apelado por VJ, pero la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario no llegó a expedirse antes de la sesión.
La propuesta de García Vilas obtuvo 35 votos a favor y 20 en contra, pero no alcanzó los dos tercios de los diputados presentes que requieren las cuestiones de privilegio. Además del FdT, rechazaron el pedido de VJ los diputados del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad. También los legisladores Sergio Abrevaya (GEN) y Martín Ocampo (UCR - Evolución) presentaron mociones similares argumentando la "intromisión" de la Justicia en la Legislatura, pero tampoco obtuvieron los votos necesarios.
Caída la estrategia de las cuestiones de privilegio y sin autorización de la Justicia para avanzar con el tratamiento, minutos antes del cierre de la sesión García Vilas anunció que el bloque reservaría el proyecto para próximos debates: "Pido que se reserve en secretaría el convenio suscripto entre el Gobierno y la firma IRSA", dijo el presidente del bloque, quien quiso aclarar que no fue la Justicia la que detuvo el trámite parlamentario sino que se trató "de una estricta decisión política" del oficialismo. Por su parte, en diálogo con Página 12, el legislador Matías Barroetaveña (FdT) consideró luego de la sesión que "la intervención de la Justicia, socios internos que no quieren pagar el costo político y la evaluación del costo electoral son los motivos que podrían explicar que no se haya tratado el proyecto".
Un tratamiento exprés interrumpido
“Como en el caso de Costa Salguero, la visibilización del negocio inmobiliario los complicó en su estrategia de aprobación exprés", agregó Barroetaveña en relación a la celeridad que adquirió el tratamiento legislativo del proyecto. Aunque el convenio entre el holding empresarial de Eduardo Elsztain y el GCBA fue anunciado durante la segunda semana de julio, la firma formal recién se produjo el pasado 19 de julio. Al día siguiente, el proyecto fue enviado a la Legislatura, se realizó la primera reunión informativa y el lunes 26 de julio obtuvo dictamen de mayoría de parte de VJ en las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto.
Es decir que en solo una semana, y sin estudio de impacto ambiental, el oficialismo concretó el trabajo de comisiones de un proyecto que busca ni más ni menos que construir un nuevo barrio en un predio de 71 hectáreas, con torres de lujo de hasta 145 metros, frente a la Reserva Ecológica --zona incluida en el listado de sitios protegidos por la Convención Internacional Ramsar de protección de humedales--, el Barrio Rodrigo Bueno y la Central Termoeléctrica Costanera Sur. Esta semana, la diputada Neira presentó un pedido para que el proyecto sea girado a la Comisión de Espacio Público, pero fue rechazado por el oficialismo.
Fue precisamente por esta celeridad que el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), junto con otras organizaciones, presentó la acción de amparo que derivó en el fallo de Scheibler. En la sentencia, basándose en la Ley N° 123 de "Evaluación de Impacto Ambiental", el juez consideró que "de las características del proyecto propuesto por IRSA" se desprende la necesidad de realizar un "procedimiento técnico administrativo completo de evaluación de impacto ambiental, que incluye entre sus alternativas de modo obligatorio la realización de una audiencia pública".
Scheibler sostuvo que, entre otros puntos, el proyecto de IRSA es de "relevante efecto ambiental" ya que supera los 2500 metros cuadrados y requiere del dictado de normas urbanísticas particulares, implica deforestar "terrenos públicos o privados y disminución del terreno absorbente", modifica la costa del Río de la Plata, y se desarrolla en "áreas ambientalmente críticas".
