El mismo día en que los gendarmes argentinos partían hacia Bolivia, donde se repartirían las municiones entre las fuerzas bolivianas para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales, en la Casa Rosada se congregaron Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el canciller Jorge Faurie, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el titular de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero. Con estos nuevos elementos que van saliendo a la luz y que ponen al poderoso jefe de Gabinete de Macri en el centro de la maniobra que terminó con el desvío de proyectiles hacia Bolivia, el gobierno de Alberto Fernández prepara una ampliación de la denuncia que tramita en el fuero penal económico: “Además de lo que ya denunciamos, estaremos ampliando y aportando nueva documentación que demuestre la participación en el contrabando agravado de Peña, Pompeo, y Faurie”, confirmó a Página/12 el ministro de Justicia Martín Soria.

En la Casa Rosada, hubo, al menos, dos reuniones el 12 de noviembre de 2019 que despertaron la inquietud del actual gobierno. Por un lado, Macri se vio con Faurie. Coincidentemente con el ingreso del canciller estuvo la entrada a Casa de Gobierno de Pompeo, el actual secretario de Relaciones Internacionales del PRO y uno de los hombres poderosos de la gestión de Macri, tanto que hasta presidía la mesa de seguridad a la que se sentaban la propia Bullrich, Faurie, el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas.

Faurie dejó la Casa Rosada a las 11.29 de ese día. A los diez minutos entró Bullrich que se encaminó hacia el despacho de Peña junto con el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y los subsecretarios Gerardo Milman y Darío Oroquieta. Con ellos ingresaron también los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales. Algo absolutamente inusual. Otero, por entonces comandante de la Gendarmería --la fuerza más identificada con la gestión Bullrich--, llegó con su secretario privado, Ramón Domínguez. Una de las posibilidades que barajan quienes siguen el caso con atención es que, en ese encuentro, se haya decidido de qué fuerza de seguridad saldrían las balas antidisturbios que iban a ser llevadas a La Paz. La Gendarmería tenía esas municiones, que le habían sobrado de las que Bullrich había comprado para la cumbre del G20 que se celebró en Buenos Aires un año antes.

La entonces ministra de Seguridad abandonó la Casa Rosada a las 13:48 junto a los funcionarios de su cartera y los jefes de las fuerzas de seguridad. Una hora después el jefe del Grupo Alacrán de la Gendarmería Fabián Salas mandó un fax al comandante de la Fuerza Aérea para avisarle que sus efectivos llevarían, además de lo que ya habían notificado, un cargamento extra de 70.000 balas antitumulto 12/70, granadas de gas y sprays. Nada de eso apareció declarado en el manifiesto de vuelo cuando el Hércules C-130 despegó al filo de la medianoche del 12 de noviembre de 2019 de la base de El Palomar.

La reunión, que se conoció en las últimas horas, es para el gobierno nacional un elemento fundamental que extiende las responsabilidades hacia Peña y Pompeo, que no habían sido contemplados en la denuncia inicial. El exsecretario de Asuntos Estratégicos sí había sido denunciado por el excamarista Eduardo Freiler ante el fuero penal económico. Tanto Macri como Bullrich, Aguad y Otero ya están imputados en la causa que aún tramita en el juzgado de Javier López Biscayart.

El extraño pedido de Faurie

El mismo día de las reuniones en Casa Rosada, Faurie le envió un pedido a la ministra de Seguridad Bullrich para que, ante el “deterioro de la situación de seguridad” en Bolivia, enviara una unidad de Gendarmería para aumentar la protección de la embajada, el consulado y la residencia del embajador. Anoche, en una entrevista en A24, el excanciller reconoció que estaban trabajando en el asunto con Bullrich.

La nota de Faurie tiene dos curiosidades. Por un lado, para el 12 de noviembre, ya era claro que la Gendarmería iba a ir a Bolivia. De hecho, un día anterior la fuerza de seguridad había tramitado ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que depende del Ministerio de Justicia, las autorizaciones para sacar el armamento, y el mismo 12 de noviembre amplió el pedido para sacar las 70.000 balas antitumulto. Por otro lado, la nota fue enviada en mano, es decir, sin cargarse al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que era obligatorio para todos los ministerios desde el 25 de abril de 2016, según la resolución 65/2016 del Ministerio de Modernización.

Carta de Faurie a Bullrich y a Aguad.

“Este incumplimiento no sólo implica una violación de sus deberes de funcionario público, sino que además evidencia el intento de ocultar su participación en esta maniobra, al omitir utilizar un sistema que su propio gobierno había implementado años atrás para garantizar la transparencia de los documentos públicos”, explica Soria a este diario. “Faurie sabía que la maniobra en la que Macri lo estaba involucrando era ilícita, y por eso intentó no dejar ningún rastro”, resalta el ministro de Justicia, que inicialmente había denunciado al excanciller junto con la ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, pero la fiscalía no incluyó en la tanda de los imputados hasta el momento.

Unas condolencias y un sobre cerrado

El jefe de la Gendarmería Otero envió una carta el 13 de noviembre de 2019 a la embajada de Bolivia en la Argentina. En la nota, Otero le hacía llegar las condolencias por la muerte del coronel Heybert Yamil Antelo Alarcón, un policía que falleció tras sufrir un accidente tres días antes cuando iba a participar en un operativo para controlar manifestaciones en apoyo de Evo cerca de La Paz. La carta muestra que Otero no era para nada ajeno a la situación que se vivía en el Estado Plurinacional, adonde había enviado a un contingente de gendarmes dotados de armas y municiones.

Pero Otero no sólo envió la carta de condolencias. Según figura en los cables diplomáticos remitidos desde la embajada a la Cancillería del Estado Plurinacional, a los que accedió Página/12, Otero también mandó una nota y un sobre cerrado a su homólogo en Bolivia, que fue a parar a manos de Rodolfo Antonio Montero Torrico, el jefe de la Policía de la dictadura de Jeanine Áñez.

Por el momento no se conoce el contenido de la comunicación, pero sí algunos acontecimientos de ese mismo día:

  • El 13 de noviembre de 2019, la comitiva de gendarmes aterrizó en el aeropuerto de El Alto;

  • Ese mismo día se habrían repartido las balas entre la Policía de Bolivia y la Fuerza Aérea. En la Policía, se halló un inventario del 13 de noviembre de 2019 que detallaba el ingreso de 29.600 balas antitumulto 12/70. Es la misma cantidad de municiones que fue hallada el mes pasado en un depósito de esa fuerza de seguridad en cercanías de La Paz. El 13 de noviembre de 2019, también, el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara agradeció al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, por la recepción de 40.000 balas antitumulto 12/70.


Otero aparece ahora no sólo en la reunión con la plana mayor del macrismo, sino que él mismo envió notas a Bolivia al día siguiente del encuentro con Bullrich y Peña, cuando los gendarmes ya estaban en La Paz. Un dato adicional complica la situación del funcionario que le regaló un sable con la leyenda de “no tirar a un gendarme por la ventana” con la que Bullrich despertó las simpatías corporativas de la fuerza mientras Santiago Maldonado seguía desaparecido: el 17 de noviembre, cuatro días después de la llegada de los alacranes a Bolivia y del reparto de los proyectiles, recibió una comunicación del agregado de la Gendarmería en La Paz, Adolfo Caliba, en la que le comunicaba que había participado de una reunión con la cúpula de la policía del golpe en la que le habían hecho saber que necesitaban agentes químicos y Caliba respondió que debían canalizar el pedido, a través de la embajada, hacia el Ministerio.