“Tengo miedo. Astiz puede subir a mi taxi”, decía el cartel escrito con marcador grueso, pegado en el vidrio de atrás del vehículo. La imagen, que expresa un temor extendido, es una de las que comenzaron a circular ayer por las redes sociales como reacción ante lo que era anunciado tras el fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio del 2x1 a un represor: otros (muchos) acusados por crímenes de lesa humanidad comenzarían a llegar en fila a pedir lo mismo para conseguir la libertad. Y así fue. En menos de 24 horas se presentaron cuatro. Con una rapidez infrecuente, los tribunales le dijeron que no a tres represores. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, condenado por la apropiación de Pablo Gaona Miranda, en un fallo que incluso desafía los argumentos de los supremos; el mismo tribunal con otros jueces le negó la excarcelación al obstetra de la Marina, Jorge Magnacco, pero no se pronunció por la disminución de la pena porque si bien está condenado por robo de niños ahora está en juicio por los crímenes en la ESMA y no es posible hacer un cálculo sin la nueva sentencia. En Mendoza el Tribunal Oral Federal 2 desestimó el 2x1 pedido por el ex policía Norberto Mercado Laconi, quien está en juicio en la actualidad por crímenes en centros clandestinos de San Rafael. Antes, se había presentado el apropiador de Francisco Madariaga, el ex capitán del Ejército Víctor Gallo, aún en trámite. Los fiscales en los distintos casos plantearon la inconstitucionalidad de la ley que estableció que a partir de los dos años de prisión preventiva, cada día de detención sin condena se computa doble, pero en ese punto aún no tuvieron eco (ver aparte).

El fallo de la Corte Suprema, que redujo la pena al represor Luis Muiña, acusado de crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, desató cierto estado de ansiedad entre los abogados de los represores, algunos de los cuales salieron corriendo a pedir el beneficio. El defensor de Girbone, el ex juez Guillermo Tiscornia, contó en una entrevista en Radio Con Vos que ni siquiera le preguntó nada a su cliente y se presentó ante el TOF5, que lo había condenado en 2014 a ocho años de prisión por los delitos de ocultamiento y retención de un menor de diez años. Pero la respuesta que obtuvo fue la primera que reveló que no todo será automático y que algunos expedientes darán vueltas y seguramente irán a parar también a la Corte Suprema. Girbone era el encargado de la seguridad perimetral de la guarnición de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina, además de varios centros de exterminio. Fue condenado como entregador de Pablo, que tenía un mes cuando sus padres, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, fueron secuestrados en 1978.  

El fallo del TOF5 que rechaza el planteo del ex militar tiene tres votos distintos pero en igual sentido. La jueza Adriana Palliotti hace notar que fue detenido en septiembre de 2012 y condenado dos años después, pero no llegaría a los dos años de prisión preventiva. Gabriel Nardiello adhiere al fundamento de que el caso no encuadraría en “los supuestos” del “2x1”, pero agrega que a su entender los fallos de la Corte Suprema, cuando interpretan normas, no son de acatamiento obligatorio. Por último, Oscar Hergott, también cuestionado a la Corte, sostiene que los aberrantes no son amnistiables, ni susceptibles de indulto ni prescripción, para evitar su impunidad, de modo que no se podría reducir la pena. A lo que suma que la ley en discusión (que permite la reducción tras dos años de preventiva) estaba derogada cuando concluyó el delito y Girbone fue condenado.

El mismo TOF5, pero con las firmas de los jueces Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, rechazó un pedido también presentado ayer por el médico Magnacco, que hacía los partos clandestinos en la ESMA. El fallo no tiene extensos fundamentos porque rechaza simplemente excarcelarlo sin ahondar en la cuestión del 2x1. El obstetra había sido condenado por el plan sistemático de apropiación de niños a 10 años de prisión. Ahora está en el banquillo por el juicio sobre los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en la ESMA: las querellas y el fiscal pidieron reclusión perpetua, pero aún no hubo sentencia. Su defensa pidió que lo excarcelen con el argumento de que si le dan la pena máxima, con el tiempo de detención que ya lleva en este caso (diez años y seis meses) más la de robo de menores, ya podría obtener la libertad con el fallo de la Corte. Los jueces resolvieron que por el momento no se pueden sumar tiempos de detención ya que no hubo sentencia, y con lo que lleva detención en ESMA tampoco le alcanzaría para la libertad condicional.

En Mendoza, el TOCF2 rechazó también el pedido de 2x1 de Mercado Laconi, ex oficial de la Unidad Regional II, que está en pleno juicio oral. El fallo de Fátima Ruiz López y Marcelo Grosso señaló, a coro con la fiscalía, la falta de seriedad del planteo. Destacaron que el abogado defensor incluso admitió que no había leído el fallo de la Corte, pero que igual quiso apurarse a plantearlo a su favor, y que tampoco fundamentó cómo se aplicaría al caso de su defendido. El tribunal dijo que era evidente que no se aplicaba porque se trata de alguien que aún no tiene ninguna condena y está siendo juzgado. Los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena habían pedido ocho años de prisión. A última hora el mismo tribunal recibió otro planteo que resolverá la semana próxima.

En el caso de Gallo, fue el primero de todos en pedir la reducción. Es el apropiador de Francisco Madariaga, hijo de Abel Madariaga, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, condenado a 15 años de prisión en julio de 2012 en el juicio por el plan sistemático de apropiación de menores y en 2016 recibió una pena unificada de 25 años. El TOF6 les dio intervención a las partes e incluso Abuelas pidió que, si Gallo es liberado, Francisco reciba protección como testigo.

En los tribunales de todo el país, los jueces ya están mentalizados para recibir planteos similares, aunque cada uno tiene su particularidad. Los que se refieren a casos que están en trámite, serán importantes por el criterio que vayan estableciendo. Los fiscales que hasta ahora opinaron, entre ellos Angeles Ramos, Pablo Parenti y Abel Córdoba, plantearon la inconstitucionalidad de la aplicación del 2x1 en estos casos, ya que afectaría el principio de proporcionalidad de la pena para los crímenes de lesa humanidad.    

Según un relevamiento que está realizando la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, cuyos primeros resultados anticipó PáginaI12, 278 condenados que están detenidos, se encontrarían en condiciones de pedir la libertad en función del fallo de la Corte. Representan el 52 por ciento de los condenados bajo arresto. Entre ellos hay nombres muy reconocibles, como los de los represores emblemáticos de la ESMA, Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Cavallo, pero también figuran genocidas como Luciano Benjamín Menéndez y Reynaldo Benito Bignone.