Tal como se esperaba, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la aplicación del “2X1” al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, activó un efecto en cadena que reunió en menos de 48 horas varios pedidos de represores en buscan quedar en libertad. Con la misma celeridad, no obstante, también surgieron las respuestas. Ayer, representantes del Ministerio Público Fiscal rechazaron los pedidos al considerar inaplicable la decisión suprema y pidieron a los respectivos tribunales orales federales que declaren inconstitucional su aplicación.
Angeles Ramos fue la encargada de responder el pedido de excarcelación que presentó ante el Tribunal Oral Federal número 6 el ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo, el primer represor en reclamar el posible camino hacia la libertad que el miércoles habilitaron con su fallo los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. “El 2x1 licúa el efecto penal que tiene una condena, la desnaturaliza y atenta contra el compromiso que el Estado argentino asumió de castigar proporcionalmente crímenes de lesa humanidad”, resumió Ramos el eje de su dictamen. Al cierre de esta edición, el TOF 6 aún no había dado a conocer su decisión.
Gallo fue condenado a 15 años de prisión en el marco del histórico juicio que dio por probada la existencia de una práctica sistemática de apropiación de bebés durante la última dictadura cívico militar. Unificada con otras condenas que recibió antes de aquella histórica, el apropiador está purgando 25 años de cárcel que, de manera insistente, trata de morigerar con pedidos de salidas extraordinarias y recurrentes solicitudes de excarcelación. El año pasado, el TOF 6 le había rechazado una que planteaba el instituto legal de la ley 24.390, popularmente conocida como “2x1”.
Con el objetivo de obtener el mismo resultado, ayer Ramos pidió a los jueces que rechacen el pedido y declaren la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad del fallo de la Corte al caso del apropiador de Madariaga por entender que resulta “violatorio del principio de proporcionalidad de la pena”. La desnaturalización del castigo, planteó la fiscal, “para las víctimas y para la sociedad toda opera como un supuesto de impunidad material que tendrá efectos irremediables”.
En un sentido similar dictaminó el fiscal Pablo Parenti su rechazo a la aplicación del fallo de la Corte Suprema para liberar al entregador del nieto recuperado Pablo Gaona Miranda, Héctor Girbone, condenado a ocho años de cárcel por ese delito y quien presentó ayer un pedido inspirado en la decisión de los supremos. En su dictamen, Parenti sostuvo que la ley del 2x1 “no soportaría un test de constitucionalidad” ya que reduce de tal modo las penas impuestas que “llevaría a incumplir las reglas internacionales que obligan a establecer ‘penas adecuadas’ para los delitos de lesa humanidad”. Durante la tarde de ayer, el Tribunal Oral Federal número 5 rechazó el pedido de Girbone.