Marina Cruz, de 26 años, es madre de dos hijas de 10 y 6 años y de un nene de 7. Es sobreviviente de un intento de femicidio de parte de su expareja y pide al Estado una solución habitacional, ya que la jueza María Guadalupe Villagrán le ordena desalojar el lugar en el que viven.
La mujer optó por movilizarse denunciando el trato que recibe de las instituciones que deberían acompañarla como víctima de violencia de género. “¿No correspondía que la jueza dictara una sentencia que obligue al gobierno a resolver mi situación habitacional y la de miles de sin techo, acudiendo a la Constitución Nacional donde figura entre sus artículos el derecho a una vivienda digna para todos los argentinos? Me hicieron saber que la sentencia de desalojo es inapelable, pero para la justicia, el desalojo es lo violento y no que mis hijos y yo quedemos en la calle”, manifestó en una carta pública.
Cruz dio cuenta de su necesidad habitacional y de la falta de contención del Estado. Denunció que desde la Secretaría de Niñez y Familia la amenazaron con quitarle a sus hijos si no acepta irse del lugar y contó que el área de asistencia crítica le ofrece $3000 para que pague un alquiler, monto que es insuficiente.
La mujer contó a Salta/12 que desde 2018 alquilaba una pieza en un lote social del barrio La Lonja III del municipio San Lorenzo. Ese lugar había sido adjudicado por la Secretaría de Tierra y Hábitat a Soledad Lamas. Cruz dijo que la adjudicada habitó ahí un año, luego se fue y el sitio era ofrecido en alquiler por el hermano. Cruz sostuvo que lo alquiló y como prueba tiene los recibos por los pagos realizados.
La mujer explicó que en una oportunidad fue personal de Tierra y Hábitat al terreno, y ella contó que alquilaba. Aseguró que entonces le preguntaron si tenía expediente de solicitud de lote social, y como ella sí tenía un trámite iniciado pero no había resultado adjudicada aún, la censaron y le dijeron que podía pedir ese terreno para su grupo familiar.
El proceso paso a paso
El Poder Judicial detalló en un informe de la causa a Salta/12 que Lamas, en calidad de poseedora del inmueble había iniciado el proceso de desalojo en contra de Cruz, en marzo de 2019, alegando que la joven había ingresado durante su ausencia.
Cruz se presentó en primer término con un abogado particular, pero luego abandonó su intervención en el proceso y no se presentó a la audiencia de conciliación, por lo que “fue declarada rebelde” por el juzgado interviniente. El 3 de diciembre de 2019 se dictó sentencia en la que se ordenó el desalojo y la entrega del inmueble.
El 3 de febrero de 2020, con el patrocinio letrado de Martín Gonzalo Corral, Cruz apeló la sentencia y el 9 de febrero de 2021, pidió, mediante su abogada, la suspensión de la ejecución de la sentencia explicando que estaba realizando gestiones ante la Dirección de Regularización Dominial para la adjudicación de un lote.
El 12 de marzo de este año también intervino la asesora de incapaces María Gabriela Cardón en atención a la situación de vulnerabilidad de lxs hijxs de Cruz, que son menores de edad, y pidió que fueran citados diversos organismos estatales como el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia y el área de acción social. Se fijó una segunda audiencia para el 7 de mayo.
El 28 de abril Lamas solicitó el desalojo de los ocupantes. El 26 de mayo hubo una audiencia con la Secretaría de Primera Infancia, la Secretaría de Acción Social municipal y el IPV, en la que los organismos se comprometieron a presentar informes respecto de las intervenciones que habían tenido para garantizar los derechos de lxs niñxs.
El 22 de julio hubo una nueva audiencia a la cual comparecieron la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, Sofía Goytia; la supervisora del Área Interior de la Dirección de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Secretaría de Niñez y Familia, Eva Beatriz Rosales; la licenciada Verónica Noemí Paniagua, del municipio de San Lorenzo; la trabajadora social de Asistencia Crítica de la Provincia, María Belén Mamaní; el abogado de la Secretaría de Tierra y Bienes del Estado, Sebastián Balbi, y la defensora oficial Verónica Orellana. Cruz aseguró que no la dejaron entrar a esa audiencia, pero en la Defensoría le informaron lo tratado. La joven aseguró que hubo funcionarixs que faltaron a la verdad respecto a la supuesta asistencia que le brindaban.
La Municipalidad de San Lorenzo informó que Cruz percibe la asignación universal por hijx y que recibe asistencia de módulos alimentarios. También dijo que gestionó su ingreso al Programa Acompañar para personas en situación de riesgo por motivos de género, y que ya se encontraba cobrándolo. Sin embargo, Cruz aclaró que habló con la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, después de que se hiciera pública su situación y ella le informó que recién en estos días le fue aprobado ese beneficio y espera cobrarlo en agosto.
La Secretaría de Primera Infancia, Niñez indicó que lxs niñxs se encuentran en correcto estado de higiene y cuidado personal. El Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a otorgar a Cruz una “ayuda económica para solventar un alquiler durante tres meses”. La joven aseguró que le ofrecieron $3.000, suma con la que no se puede pagar el costo mensual de una habitación, que para una sola persona puede costar $10.000, más depósito.
Hoy está prevista una nueva audiencia en la Ciudad Judicial con el presidente del IPV, la Asesoría de Incapaces y la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Cruz dijo que no la citaron, que se enteró por casualidad cuando fue a dejar papeles y afirmó que las autoridades pretenden decidir sobre su destino y el de sus hijxs sin que ella esté presente. Por eso se manifestará en la Ciudad Judicial a las 10.30 y convocó a las organizaciones sociales a acompañarla.
Cruz contó que le explicaron que no le pueden dar el terreno que sigue habitando, ni otro, “por la denuncia de usurpación” que le hizo Lamas. El gobernador Gustavo Sáenz anunció el año pasado que las personas que usurpen terrenos no podrán ser beneficiadas con lotes o viviendas sociales.
Agresión en La Rioja
Cruz relató que el año pasado se fue a trabajar a La Rioja junto al padre de sus hijxs en la cosecha de aceituna. El 9 de marzo este hombre intentó matarla, la golpeó con una piedra y la apuñaló perforándole el intestino. Cruz contó que antes había realizado “más de 100” denuncias por violencia de género, dijo que se cansó de ir a la policía y a la Fiscalía y “no hicieron nada”. Afirmó que no recibía asistencia ni protección del Estado, que una vez pidió en el Polo Integral de la Mujer que le facilitaran dejar a sus hijxs en una guardería, pero no la ayudaron. Explicó todavía mantiene comunicación con el agresor, por los alimentos para lxs hijxs y que antes tenía que retractarse de sus denuncias porque su expareja se lo exigía para mantener a los hijxs.
Cruz dijo que estuvo internada dos semanas en La Rioja, después no pudo volver a Salta porque necesitaba más operaciones y comenzó la cuarentena obligatoria, por lo que se quedó en un albergue para víctimas de violencia de género. El agreso estuvo detenido cuatro meses, antes de volver a Salta. Cruz tenía que declarar, pero dijo que no quiso hacerlo porque tenía miedo.
“Ahora me dicen que soy yo la mentirosa, que quiero mantener a mis hijos en la calle”, expresó. Dijo que las autoridades le piden que desaloje de forma voluntaria para evitar la violencia policial, como si no fuera violento que desde el Estado la dejen con sus niñxs en la calle. Cruz contó que desde el gobierno la mandaron al área de Regularización Dominical.
El Polo Obrero Tendencia realizó el lunes una volanteada por Cruz y por el sobreseimiento de Yolanda Vargas. El martes último, además de esta agrupación, la Unión de Inquilinxs de Salta, MAR y Las Rojas, ofrecieron una conferencia de prensa y una radio abierta, en el marco de una campaña por el acceso a la vivienda digna.
