La causa por el contrabando de municiones a Bolivia entra en una fase de definiciones. El expediente llegará este lunes al juzgado de Alejandro Catania después de que quedara firme la resolución de Javier López Biscayart de que la causa tramite con el juez que recibió la primera denuncia por el envío de pertrechos para apoyar el golpe contra Evo Morales. Pese a que Catania puede devolverle el caso a su colega, lo que suceda en los próximos días marcará el pulso de la investigación que tiene a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich como los principales imputados.
Durante las dos semanas de la feria, López Biscayart instruyó la denuncia del gobierno nacional por el envío de municiones a Bolivia que presentaron el ministro de Justicia Martín Soria, la ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont. El lunes último, López Biscayart sostuvo que la causa debía irse al juzgado de Catania, que fue quien recibió la primera denuncia que cayó en el fuero penal económico: la del excamarista Eduardo Freiler.
Como ninguno de los imputados ni la Aduana --que actúa como querellante-- apeló la decisión de López Biscayart, el juez dispuso que el expediente digital pase este viernes a lo de su colega Catania, quien el lunes recibirá también la documentación física que se fue acumulando. Con los expedientes le llegará un sobre cerrado de la Cancillería que arribó en las últimas horas a los tribunales y que podría contener información reservada o los archivos que López Biscayart reclamaba que le remitieran desde La Paz. Todavía no fue abierto. En la causa, hay documentación reservada como las declaraciones de los agregados navales en La Paz y también está el avance del sumario con parte de las manifestaciones de los gendarmes.
Tanto en la denuncia de Freiler como en la del gobierno, el fiscal que actúa es el mismo, Claudio Navas Rial, que es quien imputó a Macri, Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García y el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero. Además de Otero, Navas Rial también reclamó que se investigue a otros tres gendarmes: el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski (quien tramitó la salida de las 70.000 balas antitumulto 12/70 que terminaron en poder de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana), el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde (que declaró en julio del año pasado que todas las balas se habían gastado en entrenamientos en Bolivia) y Adolfo Caliba, que era el agregado de la Gendarmería en La Paz y quien aparece señalado como quien entregó al menos parte de las municiones.
Es probable que la situación de Otero se siga complicando. Su rol es clave porque funcionaba como una bisagra entre las autoridades políticas y los integrantes de la fuerza de seguridad que proveyó las balas de goma. Fue uno de los asistentes a una reunión que se hizo el 12 de noviembre de 2019 en el despacho del entonces jefe de Gabinete Marcos Peña en la que también estuvo Bullrich junto con la cúpula de Seguridad. Además, como reveló Página/12, el mismo día en que el contingente de gendarmes llegaron al aeropuerto de El Alto y cuando se repartieron los proyectiles, Otero envió una carta a la embajada de Bolivia en Argentina con un sobre cerrado para ser entregado a su homólogo boliviano.
El ministro Soria ya anticipó a este diario que el gobierno trabaja en una ampliación de la denuncia contra Peña, quien --junto con el entonces secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo-- participó de la autorización del viaje de los gendarmes, que fue la ocasión para sacar las 70.000 balas antitumulto que Bullrich había comprado para la cumbre del G20 del año anterior. La ampliación contemplará a Pompeo, que es el actual secretario de relaciones internacionales del PRO y seguía el tema Bolivia así como presidía una mesa de seguridad a la que se sentaban tanto Bullrich, como Aguad y al excanciller Jorge Faurie.
El excanciller también estará incluido en la ampliación de la denuncia del gobierno. Faurie, quien el 12 de noviembre de 2019 se reunió con Macri, les envió una nota a Bullrich y a Aguad pidiéndoles que mandaran una comitiva de gendarmes. Para entonces, la salida de los efectivos ya era un hecho. Tanto que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) ya había autorizado la salida del armamento que iban a llevar los integrantes del Grupo Alacrán.
