La Justicia Federal coronó con un allanamiento a la sede salteña del PAMI, una semana en la que la obra social estatal estuvo en el ojo de la tormenta por acusaciones que involucran a su directora Verónica Molina por hacer retenciones indebidas de un porcentaje de los sueldos. A lo que se sumaron las advertencias lanzadas por los gremios sobre una degradación de la calidad de atención.
El lunes último, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a la exgerente de la sucursal Orán, Viviana Fernández, y al de Embarcación, Javier Eduardo Navarreta, a tres años de prisión condicional con la accesoria de prohibición perpetua de ejercer cargos públicos en la causa del cobro indebido del IFE. En tanto, por el beneficio de la duda, absolvieron a Emilia Juárez, exgerenta de El Carril.
Hasta ahí parecía cerrarse un capítulo judicial, pero durante sus declaraciones ante el juez, tanto Fernández como Juárez señalaron que Molina y el ex titular de la UDAI sur de la Anses, Marcos Vera (también acusado de haber cobrado un IFE), les solicitaban un aporte equivalente al 20 por ciento de su sueldo, que, según señalaron ambas mujeres, eran para solventar en Salta a la agrupación política La Cámpora, de la cual son referentes los dos apuntados.
Esto llevó a que el fiscal federal Ricardo Toranzos abriera una nueva rama de investigación para investigar esas denuncias, y por eso se ordenó el allanamiento de ayer, cuyo resultado seguramente se conocerá a comienzos de la próxima semana.
El operativo ordenado por la Justicia se dio ayer por la mañana y, según indicaron desde el PAMI, lo que sucedió no fue un allanamiento sino un pedido de documentación en el marco de una investigación preliminar.
Cuestionan las prestaciones
Esta semana, además de los casos que investiga la Justicia, el gremio que engloba a los empleados del PAMI emitió un comunicado expresando su preocupación por la situación del organismo, al considerar que la atención a los jubilados es deficiente desde los últimos seis años.
Puntualmente, el SUTEPA reclamó por la cantidad de personas que ingresaron a trabajar en el organismo, y afirman que ninguna es un profesional médico. Describió que existen solo 5 auditores para atender a más de 70 mil afiliados y que en Salta no se prestan, por ejemplo, servicios de flebólogos, reumatólogos ni neurólogos, al no contar con esos especialistas en el plantel.
También puso el eje en la poca cantidad de trabajadoras sociales que se desempeñan en el organismo, al tiempo que señalaron que sumaron nuevo personal sin ningún tipo de calificación.
Los trabajadores puntualizaron que este proceso de degradación arrancó con el macrismo, pero que tuvo continuidad con la actual gestión encabezada por Molina.
Matías Scalabrini, secretario general del SUTEPA, señaló que “todo esto no es más que una consecuencia de una situación que se viene dando desde hace años y que hoy llega a un punto que es insostenible", por ello reclamaron la intervención directa de las autoridades nacionales para evitar que se siga deteriorando la situación.
En marzo de este año las constantes quejas sobre la calidad de atención en la Anses motivaron una intervención desde Buenos Aires que derivó en el desplazamiento de ambos jefes de UDAI, Vera y Susana Aramayo, quienes fueron reemplazados por dos empleados del organismo.
