Tres nuevos elementos sobre el senador Armando Traferri fueron sumados por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery en la causa por la entrega de subsidios -que involucra a cinco senadores provinciales- que esta misma semana desarchivó la fiscal regional María Eugenia Iribarren. La sospecha de vinculaciones oscuras del senador Armando Traferri con un nutrido grupo de policías que actuaron como socios del narco Esteban Alvarado, el uso de subsidios que tiene bajo su órbita cada senador para costear campañas políticas y la declaración del arrepentido ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, que confesó que su ex jefe Patricio Serjal cerró la causa que investigaba el destino de estos mismos subsidios bajo presiones políticas diversas, entre otras del senador Traferri son esas revelaciones. La denuncia original en este proceso fue del ex concejal Jorge Boasso, y apuntaba también a los senadores Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) y José Baucero (PJ-San Javier) y al ex vicegobernador Jorge Henn. 

La decisión de Iribarren respondió a un pedido por pedido de la Agencia de Criminalidad Organizada, a cargo de Schiappa Pietra y Edery. Los fiscales comienzan recordándole a Iribarren que en el marco de la causa en la que investigaban a Esteban Lindor Alvarado se detectó a un grupo de policías que le otorgaron el permiso estatal para que sus negocios ilegales pudieran prosperar y desarrollarse por más de una década. Este grupo de policías - que en su totalidad habían pertenecido a la división "Drogas - Zona Sur" de la URII - habían sido trasladados a la UR XVII de San Lorenzo. En el transcurso de esa investigación se condenó a Cristian Di Franco -alias Chamuyo-, a Javier Makhat, y se imputó a Gustavo Spoleti por realizar una maniobra de lavado de activos con un miembro de la organización comandada por Alvarado. Por causas derivadas se imputó a quien fuera jefe de la Unidad Regional 17 Gonzalo Paz -alias Chino- y será imputado próximamente Ernesto Raúl Andreozi -alias Perro- quien fue miembro de esa Unidad Regional y actualmente se desempeña como asesor del senador Armando Traferri.

Los fiscales están convencidos de que la relocalización de los policías que colaboraron con los negocios ilícitos de Alvarado en el departamento San Lorenzo hacía posible la existencia de vínculos entre estos y la persona más fuerte políticamente de ese departamento, que no es otro que el propio senador departamental. Esos vínculos fueron acreditados analizando el teléfono secuestrado de Spoleti en el marco de la causa seguida contra Esteban Alvardo por asociación ilícita.

Al analizar las conversaciones mantenidas mediante WhatsApp, se encontró una que mantuvo Gustavo Spoletti con Diego Ronsisvalle, en la cual hablan sobre la posibilidad de comprar un escudo balístico. Ante la duda de cómo traerlo al país, Ronsisvalle menciona “como trajimos los cascos” y dicen que van a llevarle los papeles al senador (Traferri) para que haga la compra. Hablan de traerlo a través de la Fundación de éste, porque era posible entonces no pagar impuestos de Aduana. Más tarde Spoletti le dice que el senador le dijo que lo encargue ya mismo (29/9/2018). El 4/10/2018 Spoleti le dice a Ronsisvalle que haga la factura a nombre de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe y finalmente el 31/1/2019 Ronsisvalle le avisa a Spoleti que llegó el escudo y le manda la factura para que se la pase al senador.

Asimismo, la información analizada fue utilizada como evidencia en la investigación en la cual fueron imputados Gustavo Spoleti (encubrimiento, peculado de Servicios e incumplimiento de los deberes de funcionario público), Gonzalo Paz (encubrimiento) y Jorge Daniel Quintana (encubrimiento). Dentro de la misma se realizaron una serie de allanamientos en fecha 18/3/2021 y se secuestró del domicilio de Germán Vega un teléfono celular donde se halló una conversación entre este y Spoleti del mes de junio del año 2020, en la cual este último le refiere que la secretaria de Traferri “la semana que viene tiene que certificar las firmas de los subsidios que entrega el Senado”.

La fiscal regional interina desarchivó la investigación sobre los subsidios. Foto: Andrés Macera

Para los fiscales, la información reseñada da cuenta al menos de la "dudosa legalidad" de "la utilización de subsidios por parte del Senador". Y lo argumentan en que "el bien adquirido debe ser de los provistos por el Poder Ejecutivo, hacen al equipamiento básico con el que debe contar el personal policial, de allí que el ingreso a las arcas del estado provincial de un bien de esa naturaleza debe llevarse a cabo conforme las formas y registros oficiales que la ley impone".

Pero además, los fiscales sospechan que "del diálogo entre dos policías puede colegirse que barajan la opción de 'hacer pasar' esa compra como si fuera efectuada por una Fundación San Lorenzo Solidaria a la cual indican como perteneciente al Senador. Lo que de haberse concretado de esa forma, claramente, hubiera sí configurado un delito" sostienen. Toda esta información generó la apertura de una Investigación Penal Preparatoria que tiene por objeto analizar la posible comisión de delitos penales en el uso de recursos económicos, fechada el 17 de febrero de este año.

En el segundo apartado del escrito, los fiscales plantean que la génesis de la investigación cuya reapertura solicitan es una denuncia presentada por Jorge Boasso, en la que se pone en conocimiento la forma en la que algunos senadores otorgaban subsidios. En particular, se cuestiona que los mismos fueran entregados a fundaciones constituidas o integradas por familiares o empleados de los senadores o se utilizaran para realizar campañas políticas. En rigor, la causa fue desestimada realizando un análisis de la legalidad de los subsidios en general, sin adentrarse en investigar si efectivamente los subsidios denunciados por Boasso y otros otorgados por los senadores denunciados podrían constituir un delito a investigarse por el MPA. La desestimación refiere al régimen de los subsidios, pero no analizó ningún aporte en concreto.

Pero ahora -dicen los fiscales - en la causa en la que se investiga una red de corrupción generada a partir del dinero emanado del juego clandestino en Santa Fe se pudo determinar un estrecho vínculo entre quien fuera Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción, Patricio Serjal y Traferri. "Este vínculo queda claro en la evidencia objetiva de la causa y en las declaraciones de Ponce Asahad prestadas al momento de solicitar que se le dé tratamiento de imputado colaborador", afirmaron.

El cierre de la causa de los subsidios a los senadores estuvo siempre plagada de sospechas en torno al interés concreto de los senadores investigados y no hay dudas de que esa investigación fue el origen de la modificación de la ley 13.013, en lo que refiere al régimen disciplinario. Con la ley aprobada y la designación de Serjal al frente del MPA 2° Circunscripción, el fiscal Sebastián Narvaja fue desplazado de su investigación. Es más, la legislatura intentó avanzar con su remoción, la que fue impedida por una decisión de la justicia en el marco de una medida cautelar.

En el tercer apartado, los fiscales suman otra evidencia que sirve de fundamento, que es es la propia declaración Ponce Asahad concretada el 8 de Julio de 2021, en la que solicitó ser considerado como imputado colaborador y en una extensa declaración manifestó "hubo grandísimas presiones para que se dinamitara a los fiscales intervinientes que eran Narvaja y Mc Cormack, y uno de los primeros actos que hace ni bien asume Serjal como Fiscal Regional es descabezar esa unidad. Y Mc Cormack termina en la unidad de flagrancia y Narvaja en una oficina que se había creado al molde de litigación. Pero bueno, después, ahí no sólo el senador Traferri, y los operadores sino todos los sectores políticos presionaron. El resultado fue el que todos conocemos: dos fiscales apartados con distintos destinos y la causa que se archivó bajo la supuesta constitucionalidad de los subsidios. ¿Por qué? La versión que esgrimían los políticos era que los subsidios habían recibido, estaban dentro del marco constitucional de la provincia de Santa que al momento del otorgamiento se chequea quién es el solicitante, el monto, la imputación y para qué se destina".

Finalmente, la sospecha fiscal se centró en la Fundación San Lorenzo Solidario: que recibió 44 subsidios, encabezando la lista de beneficiarios. La Fundación adquirió el 31 de julio de 2014 un colectivo Mercedes Benz. "De la búsqueda de imágenes relacionadas al modelo referido surge que el rodado presenta similares características que el que se registra con imágenes ploteadas con el nombre de Traferri, y que circula por San Lorenzo". Para los fiscales, "de lo expuesto surge que una importante fuente de ingresos de la Fundación San Lorenzo Solidario resultan ser los aportes en concepto de subsidios que le concede la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, a través del Senador Armando Traferri. Resta relevar información a los fines de determinar la posible comisión de delitos vinculados a delitos de tráfico de influencias y/o peculado u otros".