Los casos de violencia policial en Chubut ocurren hace más de una década. El abuso amparado por el sistema judicial, cae sobre las poblaciones más desprotegidas económicamente. En Trelew: el Barrio Inta, que tiene servicios y casas de material. O el barrio Moreira, más precario todavía. “Son barrios militarizados en forma permanente, hace tiempo, pero la violencia recrudeció en pandemia" afirma la concejala Mariela Flores Torres.

“Desde 2010 comenzaron a llegarnos casos de toda la provincia”, sostiene la consejala. En de Julián Antillanca es emblemático. En 2010, Julián, de 19 años, fue encontrado sin vida frente a un boliche. Trascendió un coma etílico, pero había dudas. “Su padre abrió el cajón y vio golpes y heridas. Porque a Julián lo mató la policía, a golpes”, sostiene la funcionaria. Ella ya integraba la secretaria de DD.HH. de la CTA Autónoma. Desde ahí instalaron “la contra versión” y se pudo llevar adelante un juicio por este asesinato.

El juicio, en 2012 absuelve a los imputados. El caso va a la Corte Suprema. “Pero eso abrió otro caso, de ‘apremios ilegales’ contra los hermanos Aballay, testigos del caso Antillanca”. En 2015, en el segundo juicio los culpables del asesinato de Julián son condenados a perpetua. Pero entre 2012 y 2015 los hermanos Aballay son asesinados.

Maxi Almonacid tenía 16 años cuando fue torturado por la policía, en 2012. En un juicio muy mediatizado, exponiendo a la víctima, los culpables son absueltos. Pero en 2015 el caso también llegó a la Corte Suprema, y tuvo condenas por torturas. Las dos sentencias absolutorias corresponden a personal de la Comisaría Segunda, en Trelew. La llaman "la comisaria de la muerte". Los imputados de ambos son condenados en segundos juicios.

En 2013, el 19 de septiembre, Angelo Vargas apareció ahorcado en la Comisaría Segunda. Se caratuló “muerte dudosa”. Su madre, Ema Álvares, hoy preside la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, que integra también Flores Torres.

En los antecedentes históricos está el caso de Ivan Torres, de 26 años, detenido por la policía en Comodoro Rivadavia en 2003. Desde entonces está desaparecido. En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su desaparición y ordenó investigarla. En 2016 se condena a un comisario y otro policía, por esta desaparición, pero otros fueron absueltos. Se ha ordenado un nuevo juicio.

La represión policial contra las comunidades indígenas suma los casos de cuatro jóvenes mapuche desaparecidos, sin que policía y justicia los hayan investigado. Todos peones de campo y con problemas con sus patrones: Reimundo Pino (2011), Genaro Calfullanca (2013), su hermano Cristian Calfullanca (2013), y el primo de Reimundo, Narciso Pino (2020). Los jóvenes Pino integraban la Comunidad Los Pino que se opone a la megaminería, y es una de las comunidades que promovió el amparo --en vigencia--, que limita el tratamiento del tema en la legislatura sin previa consulta indígena.

En Esquel, este el 28 de mayo, Tino John, una de las personas afectadas por los incendios de final del verano, fue víctima de un episodio de violencia policial, al evidenciar el brote de un trastorno psiquiátrico. Similar a lo ocurrido con Chano Charpentier. La policía entró a su casa, ató a su esposa a una silla y a él “murió por un balazo en la cabeza”. Quienes llevan el caso reclaman que estén en la investigación la misma policía y el mismo fiscal “que provocaron y avalaron el asesinato”.

El recorrido cronológico evidencia que el problema es provincial. “Es ‘normal’ que la policía golpee sin motivos, y que los detenidos sean maltratados”, detalla el abogado Juan Manuel Salgado. “Lo he visto mientras era defensor oficial, y pese a las denuncias, los fiscales no avanzaban”, refiere Salgado. El impacto público de estos hechos puede motivar acciones de reparación social: “La justicia es nuestra única opción”, subraya.