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Desde Santa Fe
Un fallo de la Cámara de Casación Penal tuvo alto impacto en la causa que investiga una de las estafas más grandes de la Argentina con más de 400 ahorristas damnificados por el empresario Mario Rossini, dueño de Bolsafé Valores y BV Emprendimientos. El juicio a Rossini y ocho imputados de su círculo de confianza debía comenzar el miércoles pasado, pero el Tribunal Oral de Santa Fe lo postergó hasta 2 de setiembre. La pesquisa incluye a otros dos eslabones que están bajo la lupa, aunque recién en instrucción: tres operadores del Banco Galicia y 18 directivos del Mercado de Valores del Litoral, que se disolvió cuando estalló el escándalo, en 2014. El viernes, la Sala 1 de Casación admitió la queja de la querella ante la sentencia de la Cámara Federal de Rosario que había revocado el procesamiento de los tres agentes del Galicia: Diego Van de Welde, Fernando Yah Yah y Silvio Gómez y les había dictado la falta de mérito por supuesto “lavado de activos”. Si bien la sala no se pronunció sobre el fondo del asunto –la falta de mérito-, la apertura del recurso indica que la sentencia de la Cámara de Rosario es revisable porque “no cualquier cosa amerita una decisión de esta clase”, dijo una fuente judicial consultada por Rosario/12. En tanto, en el tercer eslabón, no falta mucho para las indagatorias a los 18 directivos del Mercado de Valores investigados como supuestos “cómplices primarios” de Rossini, entre ellos el ex ministro de Economía de la provincia José María Candioti. El juez Marcelo Bailaque había convocado las audiencias para principios de junio, pero después se arrepintió y las pasó para octubre con el argumento de la pandemia.
El viernes, la sala 1 de Casación admitió la queja de la querella ante una resolución de la Cámara Federal de Rosario (sala B) que revocó –por mayoría- el procesamiento de los tres empleados del Galicia: Van de Welde, Yah Yah y Gómez por presunto “lavado de activos” y dispuso la falta de mérito, el 11 de noviembre de 2020. “En atención a la índole de los agravios invocados” por los querellantes “corresponde hacer lugar a la queja y, por lo tanto, conceder el recurso de casación”, resolvió la sala con el voto de la jueza Ana María Figueroa y de su colega Diego Barroetaveña. El tercer integrante del tribunal es su presidente, Daniel Petrone.
El fallo de Casación tiene alto impacto en la investigación porque la Cámara Federal de Rosario ya revocó dos veces el procesamiento de los tres agentes del Galicia: el 30 de diciembre de 2015 y el último, el 11 de noviembre de 2020. “Si bien Casación no se pronunció sobre el fondo del asunto, no anuló la falta de mérito, la apertura del recurso es un precedente: indica que el fallo de la Cámara de Rosario es revisable porque no cualquier cosa amerita que se produzca una decisión de esta naturaleza”, dijo la fuente.
Esta semana, fiscal federal de Córdoba, Carlos Gonella, que dirigía la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en 2013 -cuando la investigación pasó al fuero federal- dijo que la operatoria de Bolsafé fue una de las estafas más grandes de la Argentina. “Un caso modelo dentro de los delitos económicos”, señaló en una entrevista en el sitio “Zona Crítica”. “El fraude bursátil fue el delito precedente al lavado de dinero”.
Apenas la investigación quedó radicada en la Fiscalía Nº 2 de Santa Fe, a cargo del fiscal Walter Rodríguez –recordó Gonella-, “nos pusimos a trabajar con un equipo especial”, que integró el abogado penalista Pedro Biscay, un experto en delitos económicos, que luego fue director del Banco Central de la República Argentina. “El fiscal Rodríguez hizo un trabajo tremendo. Nosotros lo acompañamos en cuestiones procesales y también aportamos (desde la Procelac) la firma de dictámenes conjuntos”.
La “maniobra” en Bolsafé “fue un fraude bursátil y luego de lavado de activos porque esa masa de dinero se fue a través de sociedades de bolsa”, explicó Gonella.
“El delito económico tiene por definición jugar con la apariencia legal”. Bolsafé “era una firma autorizada por el Mercado de Valores del Litoral y captaba inversores mediante el marketing. Los bonos que captó Bolsafé pasaron a una cueva llamada BV Emprendimientos de forma ilegal y luego a Valfinsa y ahí desapareció el dinero. Una de las cosas que hacía Rossini estaba prohibida por ley, que es el alquiler de títulos. Vimos con claridad desde Procelac que el fraude fiscal fue el delito precedente y se lavó a través de sociedades de bolsa”, agregó.
“¿Se puede recuperar el dinero?”, le preguntaron. “Hay instrumentos para individualizar estos flujos”, contestó Gonella. “Las herramientas están”. “Pero el problema es el paso del tiempo, cuando nosotros intervenimos había pasado un tiempo importante y el lavado de dinero tiene muchos eslabones: empresas, profesionales, organizaciones cómplices, paraísos fiscales y cuentas off shore”.
La última estimación oficial del fraude rondaba los 300 millones de pesos, pero según las querellas las actualizaciones lo elevarían a miles de millones.
