Un grupo de abogados y abogadas indígenas de Brasil presentó este lunes, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, una denuncia por "genocidio de los pueblos originarios" contra Jair Bolsonaro, el presidente brasileño que mayor vulneración de derechos ha consumado desde el fin de la dictadura militar, en 1985. 

El mandatario, que en caso de ser aceptada la denuncia podría terminar ante los tribunales internacionales de la ONU, fue acusado por "invasiones y ataques de mafias agrícolas a las tierras indígenas, deforestación, quema de pastizales y destrucción del ambiente".

También por "minería ilegal y apoyo a mafias de la minería ilegal en tierras indígenas y propagación de la pandemia de covid-19 en las tierras indígenas".

Si bien se trata de la tercera denuncia contra Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional de La Haya, esta es la primera de autoría indígena.

La presentación, que coincide con Día Internacional de los Pueblos Indígenas establecido por la ONU, fue realizada por abogados reunidos en la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que representa a casi 1 millón de personas de los pueblos originarios.

"El peor presidente para los pueblos indígenas"

Bolsonaro ha dejado claro que los pueblos originarios no son una prioridad para su gobierno: no solo ha asegurado que durante su gestión no habrá demarcaciones de tierras ancestrales para indígenas, sino que también ha promovido la siembra de soja entre las tribus --para convertirlas en proveedores del agronegocio plantando en las tierras reconocidas por el Estado-- e intenta modificar una ley para permitir la minería artesanal e industrial dentro de las reservas indígenas.

"Después de la redemocratización, sin dudas, es el peor presidente para los pueblos indígenas", dijo Dinaman Tuxá, director de APIB y uno de los firmantes de la denuncia, que se basa en el concepto de genocidio utilizado por la CPI en sus sentencias más determinantes, referidas a la guerra de desintegración de la exYugoslavia y a Ruanda.

Dentro del pedido ante la Haya se incluye también el rol de Bolsonaro en el marco de la pandemia de coronavirus, que provocó la muerte de 1.100 indígenas, sobre todo por reducir el accionar de los organismos públicos de protección a las comunidades originarias.

"Creemos que hay hechos en curso en Brasil que constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y ecocidio. Ante la incapacidad del sistema de justicia en Brasil para investigar y juzgar estas conductas, las denunciamos ante la comunidad internacional, a través de la Corte Penal Internacional ", destacó Eloy Terena, coordinador legal de Apib.

La posición de los pueblos indígenas

Según un extracto del pedido, "el desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social y ambiental, y también de las destinadas a proteger a los Pueblos Indígenas, resultó en la escalada de invasiones en Tierras Indígenas, deforestación e incendios en biomas brasileños, y también en el aumento de la minería ilegal en los territorios".

"APIB continuará defendiendo el derecho de los pueblos indígenas a existir en su diversidad. Somos pueblos originarios y no nos rendiremos al exterminio ", enfatizó Terena.

Por su parte, Sonia Guajara, líder de APIB, señaló que "las soluciones para este mundo enfermo provienen de los pueblos indígenas, y nunca nos quedaremos callados ante la violencia que estamos sufriendo". 

"Enviamos este comunicado a la Corte Penal Internacional porque no podemos dejar de denunciar la política anti-indígena de Bolsonaro. Tiene que pagar por toda la violencia y la destrucción que está liderando", concluyó.

Marcha contra Bolsonaro

El exterminio indígena fue puesto de relieve en Brasil el 24 de julio pasado durante una manifestación nacional pidiendo la renuncia de Bolsonaro en San Pablo.

En esa marcha, un grupo de manifestantes incendiaron una estatua del conquistador bandeirante paulista Borba Gato, que formaba parte de los colonizadores que tomaban tierras y esclavizaban indígenas en el siglo XVII.

Por haber quemado neumáticos en torno de la estatua, el líder sindical de los repartidores de comida por aplicaciones digitales, Paulo Galo, se encuentra detenido y con prisión preventiva.