Vicentin presentó ante el juez civil y comercial de primera instancia de Reconquista, Fabián Lorenzini, una propuesta para sus acreedores que establece una quita del 75 por ciento en la deuda y un plazo de pago de 20 años. De ese modo, la firma cumple con la exigencia que le puso la Justicia para que haga formal una oferta en el marco del concurso de acreedores. En realidad, Vicentin solamente quiere que el juez le extienda hasta marzo del año próximo el período de exclusividad para negociar con sus acreedores mientras busca vender la mayoría accionaria.
"Rechazamos totalmente el globo de ensayo que está haciendo Vicentin. De hecho, los acreedores ni siquiera fuimos notificados. Ninguna solución puede darse con la misma gente que provocó la estafa inicial", indicaron fuentes del Banco Nación (BNA). La entidad es el mayor acreedor de Vicentin, con un saldo a favor de unos 300 millones de dólares. En total, Vicentin debe 1400 millones de dólares a unos 1700 acreedores. Luego del BNA, aparecen acreedores como bancos internacionales y productores rurales.
Vicentin tendría asegurada la extensión del concurso hasta marzo del año que viene. Se mecionan interesados en una posible compra de la compra a las firmas Molinos Agro, ACA y Viterra (ex Glencore), aunque nuevos escándalos que involucran a la directiva actual de Vicentin, como es el caso de la supuesta emisión de facturas truchas desde 2016, empantanaron la negociación.
La propuesta
La cerealera propuso aplicar una quita a su deuda del orden del 75 por ciento. Es decir que sobre un total de 1400 millones de dólares de deuda, pagaría apenas 350 millones. Ese 25 por ciento de la deuda que la empresa se compromete a pagar a su vez se canalizaría a través de Obligaciones Negociables a pagar en un plazo total de 20 años.
Los acreedores con créditos verificados en dólares recibirían obligaciones negociables denominadas en esa moneda. En esa situación estarían entidades financieras del exterior, la firma Renova y Vicentin Paraguay.
En cambio, los acreedores con deuda pesificada, con mayoría de productores y acopios, recibirían su título correspondiente en moneda local al tipo de cambio oficial. Los títulos devengarían intereses del 0,5 por ciento anual en el caso de los tramos dolarizados y tasa Badlar para los pesificados. Para los acreedores comerciales con deuda en pesos, cada día que pasan sin cobrar implica una pérdida de capital medido en moneda dura, ya que su deuda fue pesificada a un tipo de cambio de 60 pesos por dólar.
Asimismo, Vicentin propone una negociación en particular con los llamados acreedores "privilegiados", que serían el Banco Nación y la AFIP. La propuesta también establece que la empresa "mantendrá la libre administración y disposición de sus bienes" mientras dure el concurso preventivo.
Apócrifa
Entre los escollos que enfrenta Vicentin para concretar la venta de la firma, y de esa forma conseguir una inyección de capital para afrontar las deudas, sobresale la causa por la emisión de facturas apócrifas que le inició la AFIP, que se suma a la que llevan adelante las actuales autoridades del BNA en la justicia federal.
Según la AFIP, desde el 2016 Vicentin habría montado "una usina de facturas truchas" para inflar gastos y engrosar las deducciones impositivas. La cerealera habría operado con unas veinte empresas inexistentes que simulaban operaciones con el propósito de inflar gastos o desviar fondos. Precisamente desde 2016, Vicentin empezó a incrementar su endeudamiento con el Banco Nación, que así le financió la expansión y fuga de divisas por extranjerización de sus activos y ganancias.
Entre los acreedores se especula que Vicentin pretende agotar las instancias del concurso y finalmente terminar en la quiebra el año que viene.