Nicaragua llamó este lunes a consultas a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica por lo que consideró señalamientos "injerencistas" e "intervencionistas", luego de que los gobiernos de esos países criticaran las detenciones de líderes opositores en el país centroamericano. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, apuntó contra los "constantes e inmerecidos señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países".
Leyendo una declaración del ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, Murillo indicó que la administración de Daniel Ortega "ha llamado a consultas a embajadores ante Argentina, Orlando Gómez; Colombia, Yara Pérez; México, Juan Carlos Gutiérrez; y Costa Rica, Duilio Hernández, en reciprocidad a llamados similares de los gobiernos mencionados". La vicepresidenta y primera dama expresó su rechazo "categórico" a lo que calificó de "imitación caricaturesca" de quienes "se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado".
El 15 de junio pasado, México y Argentina habían expresado su "preocupación" especialmente por "la detención de figuras políticas de la oposición". Ambos gobiernos, que ese mismo día se abstuvieron de votar ante la propuesta de la OEA de condenar al gobierno de Ortega, convocaron a sus embajadores en Nicaragua días después.
Por su parte Costa Rica congeló el nombramiento de su representante en Managua y Colombia hizo lo propio el mes pasado en medio de una ola de arrestos a opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia para las elecciones del siete de noviembre. Al menos 31 líderes de la oposición fueron detenidos desde junio, en su mayoría por "traición" a la patria.
Ortega, un exguerrillero de 75 años, gobierna desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas. A la cabeza del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) aspira a permanecer en el poder por cinco años más junto con Murillo, de 70 años, quien lo acompaña en la vicepresidencia desde 2017.
La Unión Europea (UE) sancionó con restricciones migratorias y financieras a Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno por su responsabilidad en las "graves violaciones de los derechos humanos" en Nicaragua. La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno de Ortega, en rechazo a la represión a opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
