En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca inició el juicio contra el coronel retirado del ejército, Francisco Gabriel Castañeda. El ex militar está acusado de los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de las desapariciones y privación ilegítima de la libertad de Griselda Ponce y Julio Genaro Burgos, sucedidas el 15 de diciembre de 1976. El acusado se abstuvo de declarar y el debate continuará el miércoles 18 de agosto.

Por primera vez, desde que cambió el Código Procesal Penal Federal, en el TOF de Catamarca se hicieron “alegatos de apertura”. Fue el fiscal de Cámara Federal, Rafael Vehils Ruiz el primero en hablar y relatar las pruebas que obran en la causa contra Castañeda. Posteriormente, y  representando las familias Ponce y Burgos, Guillermo Díaz Martínez, eligió para ese momento hacer un racconto de lo sucedido el día en que ambos jóvenes fueron secuestrados de la casa ubicada en 9 de Julio al 1200, del centro catamarqueño.

Díaz Martínez, explicó la estructura mediante la cual se aplicaba en Catamarca el terrorismo de Estado. Así mencionó que la provincia formaba parte de la denominada “Zona 3”, con base en Córdoba y a cargo de Benjamín Menéndez. Esta zona tenía subzonas y Catamarca era 313 comandada por el Jefe del Regimiento Aerotransportada 17, Coronel Carlos Lucena (condenado por los homicidios de Burgos y Ponce en 2012). Castañeda, entonces con el rango de Teniente Primero, dentro del área 313 era el Jefe de la Compañía de Infantería A, del mismo Regimiento del Ejército.

“Tardamos muchos años en sentarlo en el banquillo de los acusados, pero como creemos que la justicia llega, este es un momento para destacar”, señaló.

A su turno, y en representación de la Secretaría de Derechos humanos de la Nación, Ramiro Fresneda,  dijo: “Catamarca no fue una isla. Hubo secuestros y la desaparición de jóvenes en el marco de este plan de extermino. Estas dos familias no saben dónde están los cuerpos de sus seres queridos, pero siempre creyeron en la Justicia y la Justicia debe estar a la altura de la circunstancias”, manifestó.

“Cuando se concretan estos juicios, muchos piensan que perseguimos a viejitos sin derecho a defensa. Pero no es así, estamos cumpliendo con la Constitución, con pactos internacionales de derechos humanos. Acá tenemos a un Estado que secuestró, torturó y mató y esto lo hizo a través de personas. Nosotros estamos acá para probar que este señor fue partícipe del plan sistemático y genocida instaurado”, dijo.

El defensor de Castañeda, Lucio Montero excusó a su pupilo y aseguró que al momento de las desapariciones de Burgos y Ponce, él estaba de licencia.

El presidente del Tribunal, Enrique Lilljedhal, pasó a un cuarto intermedio para el 18 de agosto donde se escucharán los testimonios de testigos directos del secuestro de las víctimas.

El juicio se realiza de manera virtual y se transmite en directo. Para el debate estaba previsto juzgar por la desaparición de la belicha y estudiante Nelly Yolanda Borda, al teniente Coronel Juan Daniel Rauzzino, pero falleció el 17 de abril pasado y con su muerte se extinguió la acción penal que pesaba sobre él.

Responsable

Castañeda es juzgado por encubrir los secuestros de Burgos y Ponce. En aquel momento era Jefe de la Compañía “A”, con funciones de instrucción de la tropa en paracaidismo, estando al momento de los secuestros  de licencia en Buenos Aires, conforme su legajo personal.

A pesar de que no era jefe ni parte de la plana mayor del ejército, y al momento del secuestro estaba de licencia, la declaración brindada por el subteniente Carlos Mujica a cargo de la Compañía “A” en ausencia del imputado, reconoció la firma de su jefe inmediato en el acta que obra como prueba y que se realiza luego de los secuestros. 

Por lo tanto, para la investigación no resultó creíble que Castañeda no haya tenido conocimiento del hecho, tal como declaró en su momento,  por lo tanto se  determinó que su conducta encuadra dentro del delito de encubrimiento al haber lesionado la administración de justicia, impidiendo su accionar en procura de la individualización de los autores y partícipes. Asimismo se le imputa la responsabilidad en calidad de autor del delito de Asociación Ilícita.

Fue el 15 de diciembre de 1976 a las 3 de la mañana cuando un grupo de cinco o seis personas vestidas de civil, encapuchadas y portando armas largas, golpearon la puerta del domicilio de la familia Ponce. En la vivienda, durmiendo, estaban Griselda Chasampi y dos de sus hijas, Felicinda y Griselda Ponce. Además, estaban de visita por las vacaciones, dos sobrinos de la mujer, hijos de otras hermanas, uno de ellos era Julio Burgos.

Según el relato de las mujeres que sobrevivieron a aquella noche, uno de los hombres que ingresaron, "tenía uniforme militar y se había colocado una suerte de antifaz y también peluca para evitar ser identificado". Luego de amenazarlos y levantarlos de las camas, los llevaron al patio. Ahí les pidieron que se identifiquen y cuando Griselda dijo su nombre, el que vestía uniforme militar, la condujo al dormitorio de su madre junto con Julio. Los interrogaron y se llevaron a ambos.

Durante el juicio, organizaciones de Derechos Humanos se manifestaron en pedido de justicia en las puertas del edificio del TOF.