Con el veto a la norma que en su momento le permitió al Gobierno sacarse de encima el costo político de la intervención al intendente condenado por abuso sexual, Enrique Aybar, el Ejecutivo se metió de lleno en la guerra jurídica, con tres casos en danza que involucran a políticos del oficialismo.

Desde que se conoció la medida, puso a rodar el anglicismo lawfere como testimonio de buena voluntad democrática. Pese a esto, las dudas en la oposición, que plantearon el hecho como una posibilidad de proteger a propios, y los repudios de mujeres de distintos extractos, tensan el debate.

Auspicioso, el nuevo asesor de Gobierno aseguró que en el oficialismo están de acuerdo en lo que hay que hacer, aunque “tenemos distintas miradas de cómo se debe hacer”. Y señaló que “en la tensión de derechos uno tiene que tomar decisiones, las decisiones no son fáciles”.

Ávila no solo opinó que le parece saludable que hoy se esté vetando una ley que retarda el cumplimiento de medidas de protección fundamental sobre abusos de poder, sino que consideró "normal" que esto suceda, sin tener en cuenta que existen apenas diez meses de diferencia entre la promulgación y el veto.

Sin tener en cuenta que la medida pone en situación de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad, y a la vida institucional en general, el funcionario marcó al inicio de la charla que: “Son cuestiones discutidas y discutibles, cuando uno piensa en el oficialismo y habla del feminismo, en realidad son distintos bloques con distintas ideas que confluyen en una línea común de ideas y sentidos que nos acercan, como sucede con los distintos sectores que integran el feminismo, o los distintos sectores que integran el oficialismo, o que integran la sociedad en su conjunto”.

El asesor le bajó el tono al conflicto: “El gobernador está absolutamente de acuerdo con la intención final de la ley. El problema es estrictamente técnico”, dijo acerca de la ley devenida en veto. Mencionó en este sentido las dilaciones judiciales que retardan las resoluciones.

“Lo que plantea Cecilia Guerrero (ver edición de ayer de Catamarca/12) es muy acertado pero es un segundo plano de análisis, que es el plano de la dimensión social y la problemática de violencia machista, que es un problema estructural”, evaluó.

“Me encantaría que podamos sentarnos a discutir sobre el pacto de silencio que ha permitido que Aybar llegue a ese espacio de poder”, lanzó. En este sentido, es bueno señalar que este mismo debate se viene planteando por iniciativa de las organizaciones feministas desde diciembre de 2018 en un sinnúmero de espacios, conversatorios, artículos periodísticos y demás, sin respuesta mayor por parte del Estado que el vaciamiento, el veto, y los nuevos portavoces.

Y agrega: “Se viene dando un trabajo muy profundo desde el Gobierno provincial y nacional en relación a la formación de la Ley Micaela que es constante, la secretaría de las Mujeres...”. Acerca de esto, es importante conocer que todas estas medidas, fueron producto de la presión de líneas del feminismo.

Como novedad, planteó que el Gobierno va a promover un conversatorio permanente para hablar sobre micro machismos en el poder, para lo cual van a traer gente de afuera que pueda “comenzar a girar la rueda sobre esta temática”.

En entrevista con el conductor del programa radial La Brújula, Jorge Álvarez, quien planteó la contradicción política sobre un hecho reciente con miembros de la policía, a los cuales se separó de las fuerzas, Ávila no pudo explicar por qué en este caso se los apartó sin mediar tal garantía, y sinceró: “En realidad, no es un trato que se le da a la clase política, esto es una decisión basada en esta cuestión particular, directamente relacionada en la decisión popular; tenés un mandato elegido popularmente (por el intendente condenado por abuso Enrique Aybar), estás entrando en la gran discusión nacional del lawfare, de que el sistema judicial se utiliza con fines políticos”.

Ávila opina que hay que fomentar la creatividad, antes que interponer medidas punitivas. Meritorias ideas pensadas desde un lugar de privilegio. Solo por dar un ejemplo, una de las sobrevivientes del intendente Elpidio Guaraz describe en ediciones de este diario la persecución que ese mandatario ha ejercido desde hace años sobre ella gracias a su poder político.

¿Debe ella esperar para recuperar su vida a que Guaraz se deconstruya o tome una capacitación en Ley Micaela? Habría que preguntarle al asesor si enviará las invitaciones al conversatorio sobre micro machismos a Guaraces, Aybares y demases.

La Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal fue sancionada en octubre de 2020. El veto se publicó en el Boletín Oficial el pasado 6 de agosto. Mañana diputados podría insistir en su promulgación si obtiene los dos tercios de los votos.