Entre 2018 y 2020 se jubilaron unas 688.906 personas a través del sistema nacional. El 32 por ciento observó el cumplimiento de los años con aportes que requiere la Ley 24.241, el 48 por ciento accedió a través de una moratoria previsional y el 20 por ciento restante lo hizo mediante la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), prestación que no exige años con aportes. 

Es decir, casi 7 de cada 10 adultos mayores que accedieron a la jubilación no pudieron cumplir aquella obligación impuesta por la Ley previsional de 1993. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿exigir 30 años con aportes es entonces un requisito muy restrictivo?

La incapacidad de conformar una historia laboral formal se acentuó en los últimos 50 años. En 1974 había 4 por de desocupación y 25 por ciento de informalidad. Hoy esa primera cifra se multiplica por casi 3 y existe 60 por ciento más de informalidad. Los gobiernos neoliberales del período 1990-2001 fueron particularmente nocivos para las historias laborales.

Cuál es el impacto el cuentapropismo en el sistema

Es conocida la tesis de la heterogeneidad estructural de la economía argentina. En pocas palabras, existen tres sectores económicos, uno formal y moderno, con productividades comparables a las internacionales, otro ligado al mercado interno y un tercero de subsistencia. En estos últimos se verifican menores productividades e informalidad. El problema es que las altas productividades del sector moderno no se diseminan al conjunto y ello deriva en mercados laborales segmentados, con distintos niveles de ingresos salariales e incapacidad de vinculación sinérgica entre sectores.

En 2019 (evitando 2020 por ser el año de la pandemia), la informalidad de los asalariados fue del 35,1 por ciento, según el Indec. Asimismo, es un hecho conocido que los trabajadores por cuenta propia observan aun mayor informalidad que los asalariados. Tomado en cuenta una metodología de cálculo desarrollada por la OIT, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, se estima que la informalidad de trabajadores independientes fue del 56,0 por ciento.

Esta realidad impacta en el sistema previsional. Por ejemplo, mientras el 22,8 por ciento de los aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) lo hacen como autónomos o monotributistas, el monto recaudado mensualmente por sus cotizaciones previsionales alcanza sólo el 3,9 por ciento del total. 

Con productividades lejanas a las conseguidas por el sector moderno, las alícuotas cobradas al sector cuenta propia -mayoritariamente anotado en el monotributo- es de baja densidad. Sin embargo, a la hora de la jubilación, el panorama es diferente pues se observa que cerca de un tercio de las altas son trabajadores/as por cuenta propia.

El papel que tienen los planes de inclusión previsional

Las moratorias previsionales flexibilizaron el requisito de años con aportes y con ello se logró una cobertura prácticamente universal. Entre 2018 y 2020 de las altas de jubilación sin moratoria sólo el 16 por ciento resultó cuentapropista, mientras que de las altas con moratoria suben a la mitad. 

Allí se expresa concretamente el problema de la informalidad y, particularmente, el de las mujeres, que tienen más dificultades para construir historias laborales formales que los hombres y que realizan la mayor parte del trabajo no remunerado de cuidados.

Muchas mujeres han podido acceder masivamente a la jubilación: en dicho período, 3 de cada 4 altas de jubilación con moratoria son mujeres, mientras que sólo hay 3 mujeres de cada 10 altas sin moratoria, es decir que cumplen estrictamente el requisito contributivo.

A dicha situación se le suma otro caso con características similares: los/as trabajadores/as de casas particulares, que representan el 4,7 por ciento de los aportantes, pagan el 0,04 por ciento de la masa total de aportes y contribuciones, tienen una importante informalidad laboral y significan 7,0 por ciento de las altas anuales de jubilaciones. Estas altas, en 2019 y 2020, fueron en 99,0 por ciento con moratoria.

Con las moratorias el sistema previsional fue receptivo a la realidad económica de la informalidad, al habilitar la posibilidad de endeudarse por los años no aportados y establecer un pago en cuotas deducibles del mismo haber previsional con la declaración del solicitante. 

Se levantó, de ese modo, una barrera que impedía el acceso a la jubilación a una porción importante de los adultos mayores y se hizo en clave contributiva. Pero esa sensibilidad no alcanzó a institucionalizarse pues las moratorias tienen fecha de caducidad. Para los hombres ya no es posible ingresar y para las mujeres, prórroga mediante, tienen tiempo hasta julio de 2022. 

Momento de repensar la seguridad social 

Esa debilidad del instrumento-moratoria, creada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue traducida en política pública por el gobierno Macri al crear la PUAM, una prestación en “clave asistencial” con monto del 80 por ciento del haber mínimo, que no genera pensión derivada y con aumento a 65 años en la edad de retiro de las mujeres.

Con ello se institucionaliza el acceso a una prestación por vejez, pero lo hace segmentando el universo beneficiario, bajándole el haber al subconjunto que no reúne los años con aportes. Hace pagar, de ese modo, esa circunstancia a las personas que cobran una prestación que no llega al haber mínimo. Esto sugiere -falsamente- que el problema de la informalidad o del trabajo no remunerado es individual y no del conjunto social.

El reciente decreto 475/21 del gobierno de Alberto Fernández reconoce una parte del trabajo de cuidados de las madres como tiempo computable en el requisito de tiempo de servicios con aportes. 

Ello es importante porque asume que la maternidad tiene consecuencias en la historia laboral de las mujeres, reconoce un rasgo de la desigualdad que observan las mujeres respecto de los hombres, al mismo tiempo que introduce el trabajo de carácter no remunerado en la formulación de la jubilación contributiva. 

Esto también es un signo de la tendencia que vive la seguridad social que parece transitar esa “contradicción -todavía no resuelta- entre su reconocimiento como derecho humano y su origen como prestación laboral”, una tensión que recorre América Latina al ritmo de la realidad económica de la informalidad y que exige repensar los institutos previsionales.

* Economista del IADE. Co-coordinador del GT Clacso Seguridad Social y Sistemas de Pensiones.