El fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Rodrigo Erazo Schmidt presentó una nueva medida cautelar solicitando la suspensión provisoria de la curtiembre de la firma Lauju SRL, por contaminacion ambiental. 

La empresa funciona en la localidad de Atocha, municipio de San Lorenzo, sin certificado de aptitud ambiental, ni autorización legal. Una inspección del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) encontró que vuelca metales pesados y materia orgánica contaminante en el arroyo Isasmendi, que desemboca en el río Arenales. Además, emplea agua para uso industrial sin autorización.

El Ministerio Público Fiscal de Salta recordó que esta es la tercera medida cautelar que se pide para la suspensión de la actividad de la firma. También hay una causa penal que surgió en paralelo en la fiscalía a cargo de Gustavo Vilar Rey tras una denuncia de vecinxs por la rotura de un ducto por el que la empresa vuelca efluentes con olor nauseabundo y que se ha ofrecido como prueba en la causa civil.

Según el Boletín Oficial de la provincia, la firma Lauju tiene como socios a Julio Javier Moreno Buliubasich, de profesión contador público, y a Marta Inés Buliubasich, quien figura como esposa de Julio Aurelio Moreno Ovalle.

El fiscal Erazo Schmidt explicó a Salta/12 que su intervención comenzó en 2019, cuando asumió el procurador general Abel Cornejo y lo designó para investigar este tema. Cornejo decidió que la causa no sea archivada ya que se había iniciado en 2009 con la publicación de una noticia en la que vecinxs de Atocha denunciaban los olores nauseabundos que provenían de la curtiembre pero la investigación iniciada en el Ministerio Público se estancó desde aquella fecha. 

Erazo Schmidt indicó que ante esta problemática ambiental el "poder de policía" lo tienen las secretarías de Ambiente y de Industria de la provincia, al tratarse de una rama "altamente contaminante", por ello instó a estos organismos para que actúen. En este sentido requirió también la intervención de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la municipalidad de San Lorenzo; la empresa no cuenta con habilitaciones de ninguna de estas instituciones.

El 3 de marzo de 2020 se hizo una reunión en la Secretaría de Ambiente a la que se convocó a la empresa, y se le detalló la documentación que debía presentar. El fiscal señaló que la curtiembre está trabajando sin licencia, y que "pasado un año y medio, no presentaron casi nada". Por ese incumplimiento, la Procuración General de la Provincia decidió iniciar una acción de amparo que se presentó ante el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, a quien se le pedía que suspenda el funcionamiento de la empresa de manera provisoria, pero no hizo lugar. "El juez entendió que era prudente esperar a que el juicio esté más avanzado. y la sentencia determine si puede seguir funcionando o no", explicó el fiscal.

El 22 de junio hubo otro pedido de una medida cautelar al juez, luego de que el departamento Técnico Científico del Área Ambiente del CIF constatara que “el valor obtenido para el parámetro de DQO supera ampliamente lo establecido en la normativa legal”. El CIF encontró sulfato de cromo, manganeso y cobre en los efluentes vertidos por la curtiembre Lauju. La firma había informado que “para el curtido de cuero utiliza únicamente extracto de quebracho, tanino, que se trata de un método de curtido vegetal, sin uso de sulfato de cromo”. Sin embargo, el CIF encontró en el lugar bolsas con sulfato de cromo que según la empresa eran “muestras” enviadas por una empresa química, y aseguró además que su presencia en los efluentes podría provenir de algún residuo o estar dentro de otros compuestos que se utilicen el proceso.

Ante el hallazgo de metales pesados, Erazo Schmidt volvió a solicitar al Juzgado Civil y Comercial la suspensión provisoria de la actividad industrial de la firma, y otra vez le fue rechazada. El juez convocó a una audiencia con la empresa el pasado 6 de agosto para que presente documentación pertinente pero seguirían en falta.

Sin papeles 

A la audiencia asistieron lxs socixs de Lauju y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, y en esa instancia quedó claro que “la demandada no sólo no cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental ni con autorización legal alguna de organismo administrativo con competencia ambiental que le otorgue licencia para el desarrollo de su actividad industrial, sino que recién inició el procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental, que podrá culminar o no con la expedición de dicha licencia”, precisó el Ministerio Público Fiscal.

Según informó el fiscal, lxs socixs indicaron que la firma funciona hace 45 años, en los que habría cambiado de propietarios. El Boletín Oficial señala que la fecha de constitución de la firma con lxs actuales socixs es el 31 de enero de 2019.

La actividad industrial comenzó sin un proceso de evaluación de impacto ambiental previo. El fiscal señaló que la ley de ambiente 7070 rige desde el año 2000, por lo que se está ante un notorio incumplimiento, en que se hace evidente la inacción de los organismos de contralor. La primera demanda, sin embargo, se hizo solo a la empresa. 

"Lo urgente es parar (la actividad de la curtiembre) para luego investigar", señaló el fiscal. Además, señaló que si bien la empresa funciona desde antes de la urbanización de Atocha, hay un "certificado de uso no conforme" que se expide para estos casos y tampoco tiene. 

Durante el proceso de juicio, la firma inició la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y Social, que en realidad se debe hacer antes de empezar a desarrollar la actividad, "es predictivo y preventivo", especificó el fiscal, y se hace para tramitar la licencia. El fiscal explicó que la empresa quiso presentarlo ante la Secretaría de Ambiente pero le indicaron que no correspondía, que debía hacerlo ante la Secretaría de Industria.

A su vez, esta Secretaría había intimado a la firma a presentar en marzo de 2020 una Auditoría Ambiental y un Plan de Gestión Ambiental con requisitos específicamente determinados, entre éstos el Estudio de Impacto Ambiental.

"Las irregularidades son numerosas", advirtió Erazo Schmidt. La empresa tampoco habría especificado cuántos empleados tiene, en una oportunidad habría indicado 5 y luego en audiencia, 10. 

Erazo Schmidt instó a los organismos competentes a que actúen de oficio para evaluar el posible impacto en la salud pública de esta curtiembre. Destacó que la empresa debe probar que no contamina y así obtener la licencia. "La intención no es impedir el desarrollo de una actividad lícita, que debe ser amigable con el medio ambiente", afirmó.