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“Se requiere tiempo para reflexionar entre todos y así lograr un articulado con el mayor de los consensos. Es por eso que, a la brevedad, el proyecto sufrirá nuevos cambios.” Esto es lo que sostienen fuentes del Espacio Audiovisual Nacional (EAN), organismo recientemente creado e impulsor del proyecto de nueva ley de cine, pensada para actualizar y sustituir a la Ley Nº 24.377, actualmente vigente. Las casi tres décadas pasadas desde la promulgación de esa ley, los nuevos medios y formas de distribución y consumo cinematográficos, la dejaron en estado polvoriento. Desde que lanzaron el proyecto original, un mes atrás, las entidades que conforman el EAN se ocuparon de aclarar que el proyecto de nueva legislación cinematográfica no está cerrado, sino que se trata más bien de una suerte de work in progress que admite todas las modificaciones necesarias, sugeridas desde los distintos sectores del medio cinematográfico.
De hecho, los redactores del EAN ya produjeron, diez días atrás, lo que de entrecasa llaman “Proyecto 2”, una versión que incorpora una buena cantidad de cambios y ajustes, realizados sobre el proyecto original. Y ya está en marcha el “Proyecto 3”, que no demorará en presentarse y tendrá más adecuaciones. La idea es alcanzar la mayor cantidad de consensos posibles, para recién después enviar el articulado final al Congreso. No hay deadlines para ello, se esperará a lograr ese apoyo mayoritario. El EAN nuclea a algunas de las entidades más relevantes del cine argentino: la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), APIMA (Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales), PCI (Proyecto Cine Independiente) y Argentores, que incluye tanto a los autores de libros en los que muchas películas se basan, como a los guionistas. Dos entidades gremiales no se han sumado por el momento al proyecto, ni tampoco se han expedido al respecto: la Asociación Argentina de Actores y el legendario SICA, el sindicato que nuclea a los técnicos de todas las ramas de la realización cinematográfica.
Tampoco son parte del proyecto, hasta el momento, dos de las asociaciones que agrupan a los documentalistas (ADN y DOCA), así como el Colectivo de Cineastas, integrado por productores y realizadores pequeños. Las tres están entre las más combativas del medio. Su polo opuesto, las grandes compañías de producción, representadas por los grupos Telefónica-Telefé y Artear-Canal 13, así como Patagonik, tampoco han emitido opinión. Mientras tanto, las OTT o plataformas multinacionales online (Netflix, Disney, HBO et al) miran muy de reojo movimientos que incluyen la imposición de un gravamen del 10 % sobre el precio de las exhibiciones.
Lo urgente y lo importante
Los gravámenes que el proyecto establece para las plataformas no son moco de pavo: cuota de pantalla del 35 % de producciones argentinas sobre el total de la programación, producidas por un/a productor/a nacional no asociado al exhibidor correspondiente, ni a una empresa que forme parte del grupo de interés económico del propio exhibidor. “Desde APIMA creemos que siempre va a haber lobby en contra de leyes que protegen a los sectores más vulnerables”, señala Vanesa Pagani, miembro de esa asociación. “Por eso es que el proyecto debe ser consensuado, para que cuando llegue el momento de presentarlo en el Congreso tenga fuerza y votos suficientes”.
Para las salas cinematográficas, eterno factor de conflicto para alcanzar acuerdos globales, la cuota de pantalla propuesta es del 30 %. Además de ello, las licenciatarias de canales, televisoras y empresas de telefonía móvil con plataformas de video, y las poderosísimas OTT, deberán solventar por su propia cuenta un mínimo de 20 producciones audiovisuales al año. Aquí cabe observar que la letra del proyecto no habla de cine sino de “producciones audiovisuales”, categoría que aplica también a shows, especiales y programas de entretenimientos.
Una mesa de debate convocada por DOCA (Documentalistas Argentinos), que contó con 200 asistentes online, sostuvo durante la última semana de julio que lo prioritario no es proyectar una nueva ley sino hacer cumplir la anterior. Y, sobre todo, revocar la ley 27.432, “colada” de rondón en el Congreso durante el macrismo. Ese instrumento determina que a partir del 1º de enero de 2023 el Incaa no dispondría ya en forma directa de los fondos de fomento, pasando a depender de partidas oficiales. Y, por lo tanto, de posibles vaivenes, que podrían herir de gravedad la política de fomento. Los responsables del actual proyecto de ley comparten esa preocupación. “¿Por qué debería ser una cosa u otra”, pregunta Martín Desalvo, representante del PCI en el seno del EAN. Y se responde: “Por supuesto que a nosotros nos preocupa la defensa del fondo de fomento, y creemos que se trata de una cuestión urgente. Pero por resolver lo urgente no podemos posponer lo importante.”
Vanesa Pagani agrega que representantes de EAN mantuvieron reuniones al respecto con diputados y senadores, acercándoles sus propuestas, además de una reunión con el Ministro de Cultura Tristán Bauer y la Secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso. “Nos aseguraron que se está trabajando en el tema y será solucionado a la brevedad”.
Un nuevo gobierno
Otro cambio de fondo propuesto por el EAN es el de la forma de gobierno que tendría el nuevo Instituto. Por debajo de los cargos de Presidente y Vice, habría de aquí en más un consejo integrado por trece directores, representantes de todos los sectores de la actividad, que tendrán potestad de control y participación en el diseño de políticas para el sector y permanecerán en funciones durante dos años. Esta propuesta también recibió objeciones diversas. La productora Nathalia Videla Peña, que participó de la mesa convocada por DOCA, cree que no se requiere un cambio de sistema de gobierno, sino simple voluntad política para hacer cumplir lo que indica la ley en vigencia. “La estructura de gobierno actual del Incaa incluye un Consejo Asesor, un organismo de control muy eficaz, que no funciona desde hace un año. ¿Por qué en lugar de pensar en una nueva ley no hacemos cumplir primero la ley actual?”, se pregunta.
Videla Peña señala también que esa mesa directiva sumará burocracia a un organismo que de por sí tiene una planta importante. “La incorporación de estas 13 personas no va a acrecentar en ninguna medida el presupuesto anual del Instituto, que actualmente tienen en su planta más de 700 personas trabajando”, contrapone Vanesa Pagani, que añade que esa política de incorporaciones no afectará en modo alguno los derechos de lxs trabajadores del actual Incaa. Fernando Krichmar, dirigente de DOCA, objeta que según el anteproyecto del EAN los directores puedan ser removibles por el poder político de turno. “Pongamos que durante un gobierno liberal me eligen a mí como director, o a otro zurdo, y al Presidente de turno no le gusta y me echa”.
De hecho, anteayer DOCA recordó el “primer aniversario” de la no convocatoria del Consejo Asesor, que según hace saber el comunicado estaría “frizado” porque uno de sus miembros habría sido objetado, tal como Krichmar prevé que podría suceder si los órganos de regulación siguieran dependiendo en forma directa del poder político. El Colectivo de Cineastas apunta, a su turno, que las condiciones requeridas para la conformación de esa mesa directiva serían de muy difícil cumplimiento para asociaciones localizadas fuera del ámbito del AMBA, excluyéndolas de este modo de la toma de decisiones.
¿Con Cine o sin Cine?
Dos decisiones que figuraban en el “Proyecto 1”, y que generaron escozor, ya fueron salvadas en la segunda versión, que contó con la participación del abogado Julio Raffo, uno de los redactores de la ley actualmente en vigencia, quien en una primera instancia se mostró reacio al proyecto, para luego avenirse a participar de él. La segunda versión del texto ya no modifica el estatus jurídico del organismo de gobierno del cine y no se lo traslada del Ministerio de Cultura a la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, una tercera decisión, que generó directamente una epidemia de urticaria en el medio, hasta el momento no fue retirada: el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales pasaría a llamarse Instituto de Artes Audiovisuales. “Se anula la palabra ‘cine’ y eso es muy grave, no es una simple cuestión semántica”, advierte la productora y directora Mayra Bottero, miembro del Colectivo de Cineastas.
Pagani reconoce que el tema no está definido, y no se descarta ninguna opción. Cabría preguntarse por qué cuesta tanto nombrar la palabra “cine” en un proyecto de ley cinematográfica. Se verá. Otro punto en debate es el de corregir una lacra argentina de toda la vida: la desidia, desfinanciación y falta de una política específica con respecto al cuidado y preservación de los materiales audiovisuales nacionales. En ese campo nadie tiene en el país mayor autoridad que el coleccionista y docente Fernando Martín Peña. “Es un tema ausente en los debates, y también está ausente en este proyecto”, señaló Peña en la mesa convocada por DOCA. “Costó once años reglamentar la Ley de la CINAIN (Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional), y la Cinemateca sigue sin ponerse en marcha. Nadie está haciendo nada para asegurar que lo que estamos filmando hoy se pueda ver en cincuenta años. Aún con una Ley y reglamentación específicas, la CINAIN sigue sin existir.”
La realizadora Inés de Oliveira Cézar, miembro de DAC, admite que “aún falta concretar el modo en que esta ley se puede y debe articular con la Ley de la CINAIN.” Sobre el magro porcentaje destinado a sustentar la CINAIN, Peña apunta que “el tema de la preservación no puede ser atendido seriamente con una dádiva que concedan los productores”. Tanto él como Bottero creen que tampoco en este aspecto se requiere una ley nueva, sino sólo hacer cumplir la ley vigente.
No binaries
Algunas voces señalan que el proyecto es menos democrático de lo que parece. “Una de las cosas que nos parecieron alarmantes son los requisitos que el proyecto impone a las asociaciones para ser reconocidas por el Instituto”, alerta Mayra Bottero. “Esos proyectos dejan afuera a la mayor parte de las agrupaciones federales. Dejan afuera incluso al Colectivo de Cineastas. Eso no ha sido modificado en las últimas correcciones”. Oliveira Cézar reconoce que “hay mucho aspectos a resolver, que se están debatiendo con las asociaciones de las distintas regiones. Se va a celebrar un encuentro con entidades representativas de todo el país. Para hacer una ley verdaderamente federal se requiere un análisis y estudio sobre el tema de la coparticipación, entre otros aspectos referidos a lo federal.”
En lo que hace a la cuestión de género, la realizadora y productora Carmen Guarini, miembro de DocuDAC, se viene ocupando del tema en el seno del EAN. Guarini explicita: “El anteproyecto incluyó en su letra, desde el mismo inicio, la perspectiva de género, considerando también las diversidades. No es un tema que haya sido descuidado. Las mujeres y no binaries partimos con una desigualdad de acceso a la producción y por eso se trabajó y se trabaja actualmente para contemplar la paridad de género. La paridad está considerada no sólo en jurados y comités sino en el mismo cogobierno de la institución.”
“Una asociación [se refiere al CdC] puso énfasis en lo que consideraban binariedad de la letra del anteproyecto. Para subsanarlo decidimos incorporar la muy reciente Ley 27.636 (Art. 2º), que establece la obligatoriedad de cumplir con el cupo trans en organismos del Estado. Todo lo que pueda modificarse en pos de hacer una ley inclusiva se hará.”
Parece el momento justo para alcanzar acuerdos que permitan al medio cinematográfico darse a sí mismo la forma de gobierno, la autonomía, política y economía que considera justas para que el cine argentino pueda salir del pozo en el que se halla. Si entre hermanos se pelean, los devoran los de ajuera. Y los de ajuera ya vienen haciendo lobby para que todo quede como está. No por nada desde hace rato que todo el medio clama por gravar a las OTT, y las OTT siguen sin ser gravadas.
¿Qué papel juega Netflix?
Una de las objeciones que se hacen al proyecto del EAN es que está dirigido a priorizar la producción para Netflix y otras plataformas, dejando en segundo plano al cine independiente, documental y de bajos recursos. La productora Vanesa Pagani señala que un apartado específico del proyecto está dedicado a la defensa de la producción documental y de animación. A su vez, Martín Desalvo afirma que “esa clase de afirmaciones se hacen a la ligera, sin detenerse a analizar en detalle la propuesta. En lo personal, al representar a una asociación de cineastas y productores independientes, nuestra gran preocupación es justamente la defensa de ese cine. Estamos absolutamente en contra de querer beneficiar un sistema de producción audiovisual monopólico, que no tribute en el país y que no tenga ningún tipo de reglamentación en la exhibición.”
Un comunicado producido por el Colectivo de Cineastas unas semanas atrás señala: “En el texto del proyecto se proponen cupos fijos de películas anuales, imponiendo la idea de ‘calidad’ por sobre la de ‘cantidad’. El de ‘calidad’ es un concepto que históricamente ha fomentado la concentración. ¿Quiénes establecen qué es de calidad?” La pregunta es, claramente, de difícil respuesta.
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