El día después de que la Unión Industrial Argentina (UIA) planteara la posibilidad de pedirle al Gobierno que habilite el no pago de salarios para aquellos trabajadores que decidan no vacunarse, la pregunta del millón que giró en los ámbitos oficial y sindical fue qué motivó semejante situación. El escenario actual, tanto a nivel resoluciones oficiales sobre la vacunación y el empleo en la pandemia de la COVID 19, como en todo lo referente a cuestiones constitucionales, le ponen coto automático al reclamo que el titular de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, presentó en sociedad en una charla con periodistas y avisó que ese petitorio fue a manos del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

En el Gobierno y en los gremios leyeron la movida como un intento de instalar en la agenda una cuestión polémica con un trasfondo que es el centro: el malestar de sectores del empresariado con el mantenimiento del congelamiento de despidos y el régimen de doble indemnización. Eso hizo que salieran a plantear la situación de costos y de riesgo para la producción que generan los no vacunados. De hecho, esa queja sobre la imposibilidad de cesantear fue uno de los temas de la agenda de la Junta y un hecho central en la conferencia de Funes. 

Qué dice la Resolución 4

“La norma está vigente, por eso nos parece raro”, contó a Página I12 una alta fuente de la Casa Rosada que tomó con asombro la aparición de esa agenda. La referencia es a la Resolución 4, elaborada entre los ministerios de Trabajo y Salud, en la cual se reconsidera la situación de regreso al trabajo de aquellos empleados que cuentan con una primera dosis de la vacuna. En el artículo cuarto de dicha norma, que se publicó el 8 de abril de este año, se aborda la misma problemática que planteó la UIA, con una definición clara para el caso de los que, por cualquier razón, deciden no inocularse.

“Los trabajadores y las trabajadoras comprendidos en los artículos 1 y 2 de la presente medida que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a los empleadores y empleadoras”, explica el artículo referido. Allí, el Gobierno asegura que está zanjada la discusión, sobre todo en el marco de un país en el cual la vacunación es voluntaria.

El concepto de “actuar con buena fe” llama a una conversación entre empleador y empleado, para llegar a una especie de acuerdo según determinadas condiciones. Todo en un contexto donde la obligatoriedad no existe, con lo cual es imposible la imposición empresaria de no pagarles el salario a aquellos trabajadores que no tengan vacuna. Naturalmente, el empresariado buscó con la movida un aval del Gobierno a esa idea y, sobre todo, el pedido subterráneo de que haya sanciones a aquellos que no cumplan.

El objetivo empresario

Quieren que, en plena campaña, el Gobierno Nacional imponga sanciones a los que no se quieren vacunar, cuando en realidad la vacunación en la Argentina es voluntaria. Esa es la idea que sobrevuela en los ámbitos oficiales respecto a la cuestión de fondo, que desde ya no es un tema sencillo. 

En este ámbito, tampoco es sencillo evaluar la validez de la decisión en cuanto a las cuestiones constitucionales. La abogada Natalia Salvo explicó en su cuenta de Twitter que el artículo 31 de la CN no le da al empleador potestad normativa en el marco del contrato de trabajo por encima del orden público laboral. En paralelo, Salvo afirmó que no se puede tornar obligatoria la vacunación si la ley no lo establece; agregando por último que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, según lo regido en el artículo 19 de la Constitución.

“El que no quiera vacunarse, no podrá ingresar a trabajar”, dijo Funes de Rioja luego de la reunión de Junta Directiva de la entidad donde se votó masivamente avanzar en ese pedido, con el objetivo de incrementar los niveles de inoculación. “Hay países que ya tienen normas de exclusión”, siguió el titular de la entidad, aunque aclaró que “esto no es obligatorio, lo decidirá cada empleador”.

De Mendiguren llamó a un acuerdo

Otro de los industriales que habló del tema fue José Ignacio De Mendiguren, que además es presidente del banco BICE. El “Vasco” puso de manifiesto, incluso, la imposibilidad de aplicación de dicha idea sin un consenso político. “Debe hacerse en conjunto con los sindicatos ya que la vacuna no es obligatoria", dijo en declaraciones a Radio Provincia. “No hay posibilidad de que hoy una empresa lo haga motus proprio, o decida no remunerar a un trabajador, lo que se intenta es hacer algo en conjunto con el sindicato", concluyó. 

En la otra esquina, Mario Grinmann, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), se desmarcó de la UIA y expresó que "el que tiene que regular en este marco no es el empresario de manera particular, es el Estado, que para eso está, para regular con los organismos de competencia, como el Ministerio de Trabajo, que puede hacer las mejores evaluaciones".

El rechazo gremial

"La posición de la UIA debe ser rechazada por todos los sectores trabajadores", dijo a este diario el referente de la CTA, Hugo Yasky. El dirigente agregó que "es un tema minoritario, dado que han sido los propios gremios los que han pedido ante las patronales la vacunación masiva". "Es inaceptable que no quieran pagar los salarios. Es una amenaza extorsiva de empresarios que quieren pegar un rebencazo en el escritorio".