El juez Alejandro Catania rechazó hacerse cargo de la causa sobre el envío de municiones a Bolivia después de que su colega Javier López Biscayart sostuviera que le correspondía a él tramitar el expediente de alto voltaje político en el que están imputados Mauricio Macri y Patricia Bullrich. En el gobierno trabajan por estas horas en una ampliación de la denuncia para aportar nuevos elementos sobre la participación del exjefe de Gabinete Marcos Peña, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el excanciller Jorge Faurie en lo que fue el apoyo al golpe de Estado contra Evo Morales.
En el fuero penal económico hay dos expedientes sobre el envío de municiones a Bolivia: la denuncia que presentó el gobierno y que estuvo hasta la semana pasada en el juzgado de López Biscayart y la presentación que hizo el excamarista Eduardo Freiler y que tramita en el juzgado de Catania. La denuncia del gobierno avanzó mucho en las últimas semanas, tanto que están imputados Macri, Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador Normando Álvarez García y el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, entre otros. Sin embargo, todavía resta por resolverse quién seguirá adelante con ese trámite.
La semana pasada, López Biscayart declinó la competencia alegando que la primera denuncia que había llegado al fuero era la de Freiler y estaba en manos de Catania. No hubo apelaciones. El lunes, el expediente --bastante voluminoso por la cantidad de prueba que se fue incorporando-- llegó al juzgado de Catania, que este miércoles también rechazó hacerse cargo de la causa. Sostuvo que su colega fue quien estuvo al frente de la instrucción desde el primer momento, recopiló la documentación y le corrió vista al fiscal en dos oportunidades para que impulsara la acción penal. “Con todo ello se advierte el estado avanzado de la investigación llevada a cabo en dichos autos, el acabado conocimiento por parte del Señor Magistrado interviniente en dichas actuaciones y el cauce investigativo delineado en dichas actuaciones por la sobresaliente actuación de aquel Magistrado”, escribió Catania.
Ahora López Biscayart debe resolver si reconsidera su decisión y retoma la investigación o si lleva la contienda a la Cámara en lo Penal Económico para que defina qué juez continúa con el expediente. Nada indica que la resolución vaya a producirse en lo que resta de la semana, aunque las fuentes consultadas remarcan que la investigación no tiene por qué detenerse.
El ministro de Justicia Martín Soria anticipó la semana pasada a este diario que el gobierno iba a presentar una ampliación contra Peña, Pompeo y Faurie después de que saliera a la luz que el 12 de noviembre de 2019, el mismo día en que los gendarmes viajaron hacia Bolivia, se produjo una reunión en la jefatura de Gabinete con Bullrich y la plana mayor del Ministerio de Seguridad. Al encuentro concurrió el entonces comandante de la Gendarmería Otero. Ese mismo día, Faurie estuvo reunido con Macri y después mandó una carta --sin cargarla al sistema de gestión electrónica-- para pedir que una comitiva de Gendarmería viajara a proteger la embajada en La Paz. Para entonces, ya estaba definido el viaje.
Hay otros elementos que también complican al exjefe de la Gendarmería Otero, un funcionario del riñón de Bullrich. Como reveló Página/12, los efectivos de la Policía Boliviana ya declararon haber recibido de los gendarmes 26.900 balas de goma el mismo día en que llegó el contingente y que, al momento de pedir un desglose del material, les respondieron que había sido acordado por los altos mandos y que serían ellos quienes darían las precisiones. Ese mismo 13 de noviembre de 2019, Otero casualmente mandó un sobre cerrado a la embajada de Bolivia en Buenos Aires para ser entregado al jefe de la Policía Boliviana.
Aún resta conocerse cómo fue el proceso por el cual llegaron 40.000 balas antitumulto a poder de la Fuerza Aérea Boliviana ese mismo 13 de noviembre. Es parte de otro sumario en el que trabaja el gobierno del Estado Plurinacional.
