Se llama "temor de parcialidad" a los reparos que las partes en un juicio pueden plantear ante sospechas de que las/os juezas/ces actúan bajo condicionamientos. "No tengo temor de parcialidad, tengo pánico de parcialidad. Debería haber un artículo en el código que hable de la parcialidad obscena de la que nosotros fuimos víctimas", dijo Eduardo Zuain, embajador argentino en Rusia y exvicecanciller, ante el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8). Fue en la tercera audiencia oral y pública en las que se dirime el futuro de la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. Su exposición fue parte de la última tanda en la que defensores y acusados pidieron los sobreseimientos de todos/as y la nulidad de lo actuado a partir de la decisión de la Cámara de Casación, con la firma de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de reabrir la causa por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Las recurrentes visitas de esos jueces a Mauricio Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos en un período decisivo del expediente, sobre el cual el expresidente no disimulaba su interés, forman parte los argumentos para pedir que que no se haga el juicio, aunque no es el único. También le tocó hablar, entre otros, a Luis D'Elía. Dijo que es "un preso político de Estados Unidos" pero en Argentina gracias a los oficios del macrismo. Le pidió al tribunal que le dé una "puñalada al corazón del lawfare".
Desde el día que habló Cristina Fernández de Kirchner ante el TOF 8, las/los 10 imputados/as pidieron la nulidad y los sobreseimientos en la causa. El caso comenzó el 14 de enero de 2015 con una denuncia del fiscal Alberto Nisman que apuntaba a CFK y al fallecido canciller Héctor Timerman, entre otros. Aunque fue cerrada por inexistencia de delito por el juez Daniel Rafecas, la Cámara de Casación la reabrió el 29 de diciembre de 2016. Avaló una causa duplicada que tramitaba Claudio Bonadio y le cedió todas las actuaciones. Este año se conocieron al menos quince visitas de Borinsky a Macri en Olivos y ocho de su colega Gustavo Hornos. En la cronología publicada por este diario queda clara la coincidencia de esos contactos con situaciones decisivas en las que ellos participaron y también la de la DAIA, a la que dejaron entrar como querellante. Los ejes a analizar por el TOF 8 son la falta de imparcialidad y la ausencia de delito (el Memorándum fue un tratado aprobado por el Congreso, que nunca entró en vigencia, y las alertas rojas contra los iraníes nunca perdieron efecto). La postura del fiscal Marcelo Colombo, que se conocerá la semana próxima, será clave.
Adrián Albor, abogado del dirigente Luis D'Elía, señaló que el Memorándum "era necesario y es necesario" para el avance de la causa sobre el atentado a la AMIA. Recordó que con Irán no hay tratado de extradición, lo que explica un acuerdo. "Hay quien prefiere no saber la verdad, los que no quieren el Memorándum no honran a los muertos", sostuvo. Al volver a los orígenes del caso, dijo que el fiscal Nisman "recibía instrucciones de la embajada de Estados Unidos", como muestran los cables de WikiLeaks, donde le decían que "no hay que orientarse en la pista siria ni en la conexión local, que podría debilitar la pista internacional sobre los imputados iraníes". Sobre esa línea se plantó D'Elía. “Yo soy un preso político con certificado de preso político, mi certificado es un cable de Wikileaks, el cable 1022. Soy un preso político de Estados Unidos en mi propio país”, dijo. Contó que había 82 cables referidos a él y citó uno del 12 de noviembre de 2009, que aludía a una conversación entre Macri --entonces jefe de gobierno porteño-- y la exembajadora Vilma Socorro Martínez, donde ésta le preguntaba al exmandatario "por qué Luis D'Elía no estaba preso" y él le prometía que eso ocurriría cuando fuera presidente. En efecto, fue condenado en noviembre de 2017 por la toma de la Comisaría de La Boca y detenido por el Memorándum en diciembre. "Cercaron mi casa, me pusieron casco y chaleco antibalas, había cien periodistas", relató. Se dirigió al TOF 8: "Quiero pedirles, señores jueces, que declaren la nulidad de todo esto, que ayuden a pegarle una puñalada en el corazón al lawfare".
"Creo que estuve en presencia de una orquesta sinfónica político judicial porque hay una correlación precisa armónica entra las secuencias de este proceso, las necesidades electorales del gobierno del expresidente Mauricio Macri y las visitas a Olivos y la Casa Rosada" de los jueces de Casación, sostuvo el embajador Zuain. Contó que le sorprendió la reapertura de la causa siendo tan claro que nadie más que el juez podía levantar las alertas rojas contra los iraníes, que siguen vigentes. "Esta audiencia puede ser importante para reparar todo lo que pasó", dijo expectante. Apuntó que no debería pasar inadvertido que de los once procesos contra CFK, diez le tocaran (en teoría por sorteo) a Bonadio. En ese contexto explicó que una de sus funciones como embajador es "atraer inversiones", algo "difícil si el principio de juez natural se viola de esta manera tan descarada". Las visitas de los jueces de Casación a Macri "me iluminaron", señaló. Recordó su indagatoria: ofreció contestar todo, pero en diez minutos lo despacharon. Al procesarlo, Bonadio dijo que le había mostrado un documento y que él no dio una explicación convincente. "Era mentira, no me mostraron nada", aseguró. Las imputaciones y procesamientos, refrescó, fueron en plena campaña electoral en 2017. "Una ley --añadió-- no puede contener un delito" y "la política exterior no es judiciable".
Uno de los defensores de Zuain, Martín Arias Duval, dijo: "No tenemos dudas que esta causa fue reabierta de manera ilegítima por magistrados que no ofrecían ni ofrecen garantía de imparcialidad". Su colega León Arslanian, explicó que el pedido de nulidad se basa en la inexistencia de delito, en que además hay "cosa juzgada" y que se trata de una cuestión política no judiciable. El cierre lo hizo Fernando Burlando, abogado de Fernando Esteche, 23 meses preso, quien también pidió la nulidad y el sobreseimiento. Dijo que esta causa se usó para "persecuciones políticas" y que "la Justicia debe iniciar una verdadera acción reparadora que ponga en valor al verdadero sentido de justicia".