Luego de la vigencia de la ordenanza que eliminó la figura de cabarets y whiskerías en Rosario, muchas mujeres que se consideran a sí mismas trabajadoras sexuales y ejercen esa actividad por voluntad propia, se vieron obligadas a esconderse en la clandestinidad y a someterse a la precarización y a la explotación laboral más drástica. Si bien la normativa que aprobó el Concejo Municipal en 2013 busca combatir la trata de personas y la explotación sexual, no contempla la situación de aquellas que defienden el trabajo sexual y luchan para que el mismo se enmarque dentro de un régimen legal. "El prohibicionismo o apelar al sistema punitivista para intentar combatir la trata de personas termina criminalizando a las mujeres pobres y empujando a toda la actividad a un lugar mucho más oculto. Entonces se quiere perseguir un delito pero en la práctica se termina favoreciendo el proxenetismo y la explotación laboral de nuestras compañeras", en esos términos plantea el tema en contacto con Rosario/12 Georgina Orellano, Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar).
La salida para las mujeres que no quisieron buscar otra actividad laboral fue principalmente trabajar en la calle, en la zona de la Terminal de Omnibus, donde deben lidiar cotidianamente con operativos policiales que buscan correrlas del lugar, muchas veces de forma violenta, y también son víctimas de robos. "La policía deja esa zona liberada alegando que por la presencia de las trabajadoras sexuales no pueden tener el control del lugar, y de esa manera responsabilizan a nuestras compañeras de toda la inseguridad que hay en ese sector, generando la queja de los vecinos; pero lo que no saben es que ellas mismas también están expuestas a sufrir violencias y robos" cuenta Orellano.
Según relata la delegada del gremio de meretrices, otras mujeres decidieron emigrar su actividad a departamentos privados, en donde la mayoría trabaja bajo relación de dependencia, teniendo que cumplir un horario y un turno de 8 a 10 horas, y dejando el 50% de sus ganancias; mientras que un porcentaje menor que trabaja de manera autónoma "a diario tienen que lidiar no sólo con la policía que les quiere cobrar coimas sino también con la administración del edificio que las quiere echar cuando se enteran que están ofreciendo servicios sexuales". Por otro lado, la nueva modalidad que utilizan es la de las denominadas "casitas" que consiste en que las mujeres "hagan puerta" en una casa que alquilantambién en la zona de la terminal, que cuenta con algunas habitaciones que les cobran a los clientes, y con el dinero que recaudan pagan el alquiler de la vivienda. "Esto surgió porque los hoteles transitorios de esa zona céntrica no permiten el ingreso de las trabajadoras sexuales ya que manifiestan que no quieren tener problemas con la Municipalidad". Estos lugares fueron allanados en reiteradas oportunidades por operativos anti tratasen losque, según cuenta Orellano, las mujeres que ejercían su actividad allí fueronmaltratadas por las fuerzas de seguridad, y se les secuestró objetos de valor y dinero que cada una contaba en su momento, que nunca se les fueron devueltos.
"Desde Ammar luchamos por el reconocimiento del trabajo sexual como cualquier otro oficio", sostienen.
Ante esta realidad, la representante de Ammar marca el centro de su reclamo: "Desde nuestra organización luchamos por el reconocimiento del trabajo sexual como cualquier otro oficio, para de esa manera poder contar con un marco regulatorio que nos permita trabajar tranquilas, con presencia del estado y con un reconocimiento de derechos básicos laborales que no tenemos como son la obra social, el aporte jubilatorio, el acceso a la vivienda y a la salud integral, y la posibilidad de adquirir créditos bancarios".
Actualmente, el Código Penal contempla la pena de prisión para quien "promoviere o facilitare la prostitución de una persona aunque mediare el consentimiento de la víctima" y/o explote económicamente ese acto, planteando de esa manera una distinción entre quienes desean difundir sus servicios sexuales por voluntad propia y aquellos que lucran con la actividad de terceros. Además, desde 2011 se encuentra prohibida la publicidad de avisos con oferta sexual en todos los medios gráficos, radiales y televisivos. En el contexto provincial, Santa Fe es una de las pocas provincias que derogó la norma contravencional que criminalizaba el uso del espacio público para la oferta sexual; mientras que en el ámbito local, el Concejo Municipal sancionó en 2013 una ordenanza que eliminó el rubro cabarets, whiskerías y casas de alterne, evitando la posibilidad de renovar las habilitaciones que en su momento estaban vigentes o de solicitar nuevas.
"Las leyes que prohíben sólo ven víctimas o proxenetas, no dejan lugar para los grises. ¿Qué hacemos con aquellas mujeres que deciden ejercer el trabajo sexual? ¿Qué pasa con las que no quieren buscar otra salida laboral?", se pregunta Orellano y agrega:"El Estado no les está dejando ninguna vía para que puedan trabajar de manera segura porque siempre tienen que estar lidiando con las fuerzas de seguridad y con un estado punitivista".
Por su parte, la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Carolina Mozzi, explicó a Rosario/12 que desde el estado municipal no ven a la oferta sexual como un trabajo y consideran que cualquier tipo de prostitución configura una explotación sexual, "más allá de los accionares policiales que se han extralimitado y para nada merecen justificación". Además, aclaró que esta postura va más allá de una cuestión meramente ideológica ya que "la posición del estado está atravesada por el orden normativo que establece que el estado es abolicionista". Desde esa perspectiva, la funcionaria planteó que una actividad como esta atraviesa el género y es una expresión de violencia hacia las mujeres por su condición de tal, promoviendo la objetivación y la posibilidad de que sus cuerpos sean comprados como mercancía.
Para el Instituto Municipal de la Mujer no ven a la oferta sexual como un trabajo: "Siempre hay explotación".
En cuanto al trabajo que realizan desde su área, Mozzi detalló que desde el año pasado están trabajando con aproximadamente noventa mujeres que eran alternadoras de las whiskerías y los cabarets que cerraron por la ordenanza, a las cuáles se las convocó con la idea de que empiecen a tener un panorama posible de cambio de actividad mediante cursos de capacitación en oficios y a la vez una instancia de tercer tiempo que tiene que ver con un trabajo "más desde lo subjetivo, con el objetivo de que puedan empoderarse para poder pensar en proyectos de vida distintos". Además, contó que se vienen realizando capacitaciones en Violencia de Género y en Trata y Tráfico de Personas a aproximadamente 500 agentes que pertenecen a la Policía Comunitaria y a estudiantes del Instituto de Seguridad Pública y agentes de la GUM.
Respecto a las políticas implementadas desde el Municipio, la Secretaria General de Ammar las consideró "de maquillaje" ya que manifestó que se trata de micro emprendimientos o capacitaciones donde las mujeres cobran $200 o $300 pesos por mes, o llegan hasta un máximo de $1500 destinados para su reinserción laboral en un trabajo formal. "Si verdaderamente se quieren combatir la trata y darle otra oportunidad laboral a quienes no concuerdan con nuestra postura de que el trabajo sexual es un trabajo, estos aportes no ayudan porque no llegan a cubrir la canasta básica, teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres que ejercen el trabajo sexual son mamás y jefas de hogar, y que la única entrada económica que hay en esa familia depende de ellas", sentenció Orellano.
El último censo nacional que hizo Ammar junto con el Ministerio de Salud de la Nación y la Facultad de Medicina de la UBA, fue en el año 2009, y arrojó un dato de 80.000 trabajadoras sexuales en la República Argentina, de las cuales 60.000 ejercían puertas para adentro, y las otras 20.000 trabajaban en la vía pública. Más allá de ese último relevamiento, hasta el momento no se difundieron datos oficiales, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, que den cuenta la cantidad de redes de tratas desarticuladas y de personas condenadas por ese delito, como así tampoco de cuál es la cantidad de víctimas por ese flagelo.
