El Tribunal Oral Federal número 5 tendrá la posibilidad, mañana a mediodía, de pasar a la historia cuando emita el veredicto contra dos represores de la ESMA acusados y enjuiciados desde octubre pasado de ejercer violencia sexual contra tres prisioneras del centro clandestino de detención que funcionó allí durante la última dictadura cívico eclesiástica militar argentina. Jorge “Tigre” Acosta y Alberto “Gato” González enfrentan penas de 25 años de prisión por pedido del Ministerio Público Fiscal.

Acosta, exmarino, fue jefe del grupo de tareas 3.3.2 con asiento en la ESMA. Secuestró, torturó, violó, robó, desapareció y asesinó. González, que además de “Gato” tenía otros alias --“González Menotti” y “Luis”--, integró esa patota en calidad de oficial de Inteligencia aunque su actividad abarcó toda clase de delitos. Ambos fueron condenados por el TOF 5, que en juicios previos los halló responsables de decenas de secuestros, torturas y asesinatos de personas que pasaron por el centro clandestino de Libertador al 8100. Este viernes, el tribunal definirá su decisión respecto de las acusaciones que les caben por violación, abusos sexuales, manoseos, tocamientos, violencia sexual y abusos psicológicos contra tres mujeres que sobrevivieron a aquel infierno.

Silvia Labayrú fue secuestrada en diciembre de 1976. Estaba embarazada de seis meses y fue trasladada a la ESMA. Allí, tras dar a luz, el “Tigre” Acosta le dijo que tenía que “adelgazar” porque estaba “muy gorda” y que “como prueba de que no los odiaba tenía que aceptar tener relaciones sexuales con algún oficial”, dijo en una entrevista a este diario. Tiempo después, comenzaron las violaciones de González. La sobreviviente declaró estos hechos en la causa 13, en plena década de los 80, y luego en diversas oportunidades e instancias judiciales una vez que el proceso de juzgamiento a genocidas se retomó tras la anulación de las leyes de impunidad.

El caso de María Rosa Paredes también figuraba desde hacía tiempo en el expediente: secuestrada junto a su esposo el 12 de marzo de 1979, en la Esma fue manoseada en sesiones de tortura y por un miembro de la custodia. También abusada sexualmente durante el régimen de "libertad vigilada" al que fue sometida una vez que la sacaron del centro clandestino. Paredes prefirió no dar declaraciones a la prensa.

Mabel Zanta, en tanto, fue secuestrada y abusada dentro del centro clandestino. Sumó su testimonio en el marco de la investigación que nació tras la sentencia del segundo debate oral que se llevó a cabo por los crímenes de la Esma durante la última dictadura, en 2011. 

Entonces, el TOF 5 solicitó al Juzgado Federal de instrucción número 12, a cargo de Sergio Torres, que investigue los episodios de violencia sexual que narraron diversas víctimas a lo largo de meses y meses de audiencias de testimonios en aquel juicio. 

En este debate, conclusión parcial de esa instrucción, Acosta está acusado por los tres casos; González sólo por el de Labayrú. Para ambos, la Fiscalía solicitó 25 años de prisión. Hace cinco años que estas mujeres aguardan justicia. Y con ellas, de alguna manera, el resto de las prisioneras y prisioneros que pasaron por la ESMA. La instrucción, en paralelo, sigue revisando casos preexistentes y sumando otros.

Los delitos de índole sexual comenzaron a ser reconocidos como delitos autónomos en el marco de juicios orales de lesa humanidad en 2010. El puntapié inicial lo dio el Tribunal Oral federal de Mar del Plata en junio de 2010, cuando condenó al exsuboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina por violación agravada, además de homicidios. La condena fue confirmada dos años después por la Casación y detrás de ella vinieron decenas de otras. La mayoría de ellas aún están en revisión.

Hasta ahora, esos delitos habían formado parte de las acusaciones en los diversos juicios que se llevaron a cabo sobre los crímenes de la Esma, cosa que no se vio reflejada en ninguna de las sentencias.