A días de cumplirse 49 años de la Masacre de Trelew, quedó firme por primera vez la condena a uno de los responsables de los homicidios de presos políticos perpetrados por la Armada Argentina en la base aeronaval Almirante Zar el 22 de agosto de 1972. Se trata del ex cabo primero Carlos Amado Marandino, uno de los tres marinos condenados hace casi nueve años por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Si bien aquella sentencia fue confirmada parcialmente en 2014, la Corte Suprema de Justicia demoró seis años en resolver los planteos de la defensa, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa.
El organismo recordó que sigue pendiente la extradición desde Estados Unidos el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, identificado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como quien recorrió los calabozos para dar los tiros de gracia. Ciudadano norteamericano desde 1987, localizado por PáginaI12 en Miami en 2008 como próspero empresario, Bravo estuvo fugazmente detenido en 2019 a partir del segundo pedido de extradición del gobierno argentino pero recuperó su libertad luego de pagar una garantía de 5 millones de dólares y otro millón de dólares de fianza.
El tribunal oral de Comodoro Rivadavia condenó a Marandino a prisión perpetua el 15 de octubre de 2012 junto con otros dos marinos, Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real. Dos años después la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esas condenas, pero además revocó la absolución de Rubén Norberto Paccagnini, que era el jefe de la base Almirante Zar, y de Jorge Bautista, uno de los encubridores de la masacre. Los últimos cuatro murieron. Aquella decisión fue recurrida, la Corte demoró seis años en resolver el planteo y finalmente devolvió el expediente a la Sala III de la Casación, que en mayo último rechazó un recurso extraordinario. Como la defensa de Marandino no volvió a recurrir en queja a la Corte, su condena finalmente quedó firme, informó el CELS.
El sexto imputado de la causa y a su vez el gran ausente en el juicio oral es Roberto Guillermo Bravo, a quien la Armada envió como agregado militar a Washington poco después de la masacre. El comportamiento del Ñato Bravo antes, durante y después de la masacre está documentado a partir del testimonio de los tres sobrevivientes, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar, a quienes el poeta y militante montonero Francisco Paco Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973; se caracterizó por el cinismo y el verdugueo constante desde que los militantes de las FAR, el ERP y Montoneros que se habían fugado del penal de Rawson fueron encerrados en la base Zar, pasando por las advertencias antes de los fusilamientos (“ya van a ver lo que es meterse con la Marina, van a ver lo que es el terror antiguerrillero”), hasta los tiros de gracia junto con Sosa.
Próspero empresario radicado en North Miami, Florida; Bravo continúa impune en el país que le dio refugio y del que adoptó la nacionalidad. El Estado argentino, a pedido del Poder Judicial, reclamó su extradición sin éxito en dos oportunidades. Mientras se sigue exigiendo su envío al país para juzgarlo, cuatro familiares de las víctimas de la masacre presentaron en octubre pasado una demanda civil en una Corte del Distrito Sur de Florida, patrocinados por el Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés), los estudios de abogados Keker, Van Nest & Peters y Markus / Moss PLLP, en colaboración con el CELS.
