Haití postergó las elecciones generales para el próximo siete de noviembre. También fue aplazado el referéndum constitucional que impulsaba Jovenel Moïse antes de ser asesinado en su residencia el pasado siete de julio pasado por un comando armado. Mientras, el país pidió ayuda a organismos internacionales para continuar con la investigación del magnicidio.
Los comicios presidenciales, legislativos y el referéndum constitucional en Haití, previstos para el 26 de septiembre, fueron pospuestos para noviembre según el calendario electoral que el Consejo Electoral Provisional (CEP) entregó al primer ministro haitiano, Ariel Henry. De acuerdo al nuevo calendario de elecciones, la segunda vuelta de los comicios presidenciales y legislativos se celebrará el 23 de enero de 2022. Las elecciones legislativas debían haberse celebrado en 2019. Así como las elecciones municipales que también acumulan años de retraso.
En tanto el referéndum constitucional impulsado por Moise no fue bien recibido, incluso en el oficialismo, según sus críticos no respeta la carta magna haitiana vigente. Ésta fue redactada en 1987 tras la caída de la dictadura de 29 años de los Duvalier, y establece que "queda formalmente prohibida cualquier consulta popular que pretenda modificar la Constitución mediante un referéndum".
El texto de esta reforma constitucional propuesta por Moïse, destinada a reforzar el poder Ejecutivo, aún no fue redactado en su totalidad. Dos proyectos que ya fueron presentados proponen suprimir el Senado, así como abrir la posibilidad de dos mandatos presidenciales consecutivos.
Investigación del magnicidio
Tras la muerte deMoïse, de 53 años, asesinado a tiros en su casa en Puerto Príncipe la policía detuvo a 44 personas, entre ellas: 12 policías haitianos, 18 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. Esta semana la Oficina de Protección del Ciudadano de Haití hizo un pedido formal de ayuda a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganrhi). El titular de la oficina estatal, Renan Hédouville, pidió apoyo para conformar una comisión internacional que investigue el magnicidio, ante las debilidades del sistema judicial nacional.
"El fenómeno de la impunidad ligado a la corrupción ha alcanzado una proporción alarmante y preocupante en el sistema judicial", afirmó la Oficina en una carta que envió al titular de la Ganrhi, el ecuatoriano Freddy Carrión Intriago. En la misiva advirtieron que en los últimos 25 años la Justicia haitiana no completó ningún proceso penal relacionado con crímenes de alto perfil y tampoco emitió condenas que pudieran persuadir a los individuos a no cometer "actos reprobables".
No es la primera solicitud de ayuda que realiza el gobierno haitiano para investigar el magnicidio de su presidente. Hace unos días la Cancillería pidió asistencia a la ONU para avanzar en la investigación y solicitar la creación de un tribunal especial para juzgar a los acusados. Para la diplomacia haitiana se trató de un "crimen internacional" porque involucró ciudadanos de varios países en su planificación, financiación y ejecución.
Hédouville escribió antes a la representante de Naciones Unidas en el país, Helen la Lime, para expresar su preocupación por el estado de la investigación y sobre la posible impunidad que pueden gozar los autores. En la misiva, el funcionario nombró más de 40 casos desde 1990 hasta la actualidad que aún no tienen una resolución de la justicia haitiana. "Un sistema judicial basado en la corrupción y la impunidad. Injusticia del sistema judicial haitiano", manifestó.
Jueces amenazados
Mientras tanto, esta semana finalmente fue nombrado el magistrado que dirigirá la investigación judicial del magnicidio. El juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Mathieu Chanlatte, fue designado para investigar el caso del asesinato de Moïse. Chanlatte es un magistrado experimentado que trabajó en varios expedientes importantes, como el de la pugna entre el Estado y la compañía de electricidad Sogener, según informaron medios locales.
El nombramiento de Chanlatte llega después de que al menos dos de sus colegas en el Tribunal denunciaron amenazas de muerte. "Desgraciadamente, a pesar de haber salido de casa hace quince días, sigo recibiendo llamadas de desconocidos que me amenazan de muerte", había confesado a finales de julio el juez Clément Noel al diario Le Nouvelliste, quien agregó que en las llamadas le exigían que cambie los hechos detallados en el informe. El mes pasado otro juez, Carl Henri Destin, el magistrado que redactó el primer informe del asesinato aseguró que era acusado de complot para esconder la verdad y apuntó a que las autoridades tampoco tienen un plan de seguridad para brindar protección a los funcionarios judiciales que investigan el homicidio.
