La Corte Suprema decidió tramitar la demanda por los fondos coparticipables que promovió Horacio Rodríguez Larreta contra el gobierno nacional como un  juicio "ordinario" y ya no como un amparo. Esto reafirma algo que el máximo tribunal ya había dicho y es que el caso es de su competencia originaria, al mismo tiempo que preanuncia que será un proceso que se podría prolongar en el tiempo, aunque esto dependerá en buena medida de la propia voluntad suprema. El pleito comenzó con la decisión de Alberto Fernández de reducir del 3,5 al 2,3 por ciento los fondos que estaban destinados al traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Primero esto se estableció por decreto y luego fue por ley. Los gobiernos nacional y porteño no lograron acuerdos, pese a que hubo dos intentos mediados por la Corte y varias invitaciones al diálogo del Poder Ejecutivo nacional, por lo que la pulseada judicial ahora continúa.  

La demanda iniciada por Larreta se remonta a septiembre del año pasado, cuando Fernández anunció el recorte de fondos que estaban previstos para el traspaso policial. Fue después de una protesta de la policía bonaerense, que enfrentó al gobernador Axel Kicillof, y tras la cual el gobierno nacional decidió hacer una transferencia de recursos para recomponer la situación. El gobierno de Mauricio Macri había aumentado por decreto los fondos coparticipables con el argumento del traspaso policial, de 1,4 a 3,5 por ciento. Los cálculos del gobierno nacional indicaban que la Ciudad de Buenos Aires estaba recibiendo más fondos de los requeridos para ese fin. Cuando finalmente se logró aprobar por ley lo que en un comienzo se había establecido por el decreto 735, la norma fijó un mecanismo para que una comisión evaluara los costos de la transferencia policial y se llegara un acuerdo entre los gobiernos en un plazo de 60 días. Pero Larreta volvió a elegir el camino judicial: así como en un comienzo pidió la inconstitucionalidad del decreto, luego reclamó invalidar la ley. 

Sigue vigente lo establecido por el Gobierno nacional

Por ahora sigue vigente la detracción del 2,3 por ciento establecido por el gobierno nacional, por lo que la CABA reclama que se restablezca el 3,5 y que se ordene la restitución de lo que considera "ilegítimamente" descontado. El planteo original era que el Ejecutivo no podía hacer tal modificación de manera unilateral y que hacía falta un acuerdo con la ciudad. Pero luego también consideraron que la ley es inconstitucional, invocando otra vez la segunda cuestión: que hacía falta el consentimiento de la jurisdicción porteña. Como sea, el argumento es la violación de la autonomía y la afectación de la posición de igualdad. En la CABA siempre especulan con el triunfo que obtuvo Larreta en la discusión que repercutía en la presencialidad en las aulas, donde la Corte terminó diciendo que el gobierno nacional violó la autonomía porteña al suspender las clases presenciales con un DNU. 

En este nuevo expediente la discusión es otra y el paso del tiempo por ahora es a favor del gobierno nacional. La Corte, por lo pronto, le dijo a la Ciudad que presente todas sus pruebas, que serán giradas al gobierno nacional, para que ofrezca su respuesta. Por ahora el gobierno porteño entregó documentos que el Ejecutivo nacional considera algo incoherentes y débiles para sostener una afectación. En unos 30 días presentaría los cálculos propios. Como es probable que haya discrepancias, la lógica es que el alto tribunal termine encomendando un peritaje propio. Lxs supremxs suelen buscar el momento político oportuno para emitir fallos sobre coparticipación que pueden tener impacto económico y político fuerte. Como cuando a fines de 2015 declaró inconstitucional la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que el Gobierno nacional les quitaba a las provincias para financiar a la ANSES, según lo previsto en un acuerdo federal de 1992.