Pese a que ya pasaron varios meses desde que se aprobó la ley 27.610 que habilita el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, la organización Amnistía Internacional denunció que en la ciudad fueguina de Río Grande, en reiteradas ocasiones, las mujeres que acudieron solicitando la práctica de un aborto se encontraron con obstáculos burocráticos en los hospitales.

En ese sentido, desde Amnistía relataron que el Hospital Regional de Río Grande, el más importante de la ciudad, deriva constantemente los casos hacia consultorios privados o de atención primaria, aparándose en una objección de conciencia. En este contexto, las pacientes que requieren internación deben trasladarse hasta el Hospital de Ushuaia, a más de 200 kilómetros de la ciudad más poblada de la provincia, ya que es el único centro que realiza la interrupción tal como imparte la ley.

"Esto pone de manifiesto el mapa desigual en el acceso a la salud sexual y reproductiva en nuestro país. Las mujeres que viven en centros urbanos alejados de las capitales provinciales aún no pueden acceder al aborto por la falta de disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado", expuso Amnistía en un comunicado.

“La Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo viene a dar respuesta a un problema de salud pública. La persistencia de barreras demuestra que para que aquella conquista sea una realidad es prioritario y urgente la adopción de políticas que garanticen la accesibilidad de la prestación en todos los rincones del país” señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Asimismo, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que acompaña situaciones de interrupción, también se denunció la repetida negativa recibida en los hospitales y los sucesivos intentos por parte de la Justicia para dar lugar a “medidas cautelares” que avalarían la suspensión de la aplicación de la Ley 27.610. 

A los inéditos fallos de representantes de la Justicia de San Juan y Mar del Plata contra la normativa, en las ultimas horas, se sumó el del fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, que firmó un dictamen no vinculante en el que asume como positivo el pedido de suspensión de la aplicación de la ley de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la provincia.

La presentación había sido elevada en febrero por representantes de la asociación Portal de Belén (que durante años obstaculizó mediante artimañas legales la aplicación del Protocolo de Interrupción legal del embarazo) y su alma pater, el exlegislador Aurelio García Elorrio. Ahora la Cámara deberá decidir si atiende o no las recomendaciones de la cabeza de la Fiscalía General, ya que no es vinculante.