La intervención de Guillermina Tiramonti es una de quien decide optar por el escándalo, por la espectacularización de la información, en lugar de aprovechar su posibilidad para señalar la complejidad de un tema de gran importancia para la agenda pública, particularmente en un período de campañas políticas para las elecciones legislativas.

La acusación del simulacro, “Unos hacen la simulación y otros la certifican”, clausura cualquier tipo de análisis y debate público de toda la complejidad que el problema posee. Esa intervención se convierte en una obturación de la necesaria conversación, ya que reduce todo a un acto inmoral de la falsedad consciente, de “estafa”, de un conjunto mayoritario y heterogéneo de la población, conformado por las comunidades a las que pertenece el 70% de la matrícula total nacional de estudiantes de nivel secundario; esa es la proporción de personas que asiste a establecimientos de gestión estatal, según datos oficiales del 2019. El cierre a cualquier debate público, por demás necesario, y la opción por el escándalo se condensa en que Tiramonti sostiene “No encuentro otra explicación que la del simulacro” y que el sistema educativo público “pareciera una organización delictiva”. Con tales declamaciones no se puede conversar. Las ciencias sociales y humanas poseen suficiente conocimiento crítico acumulado para siquiera considerar un comentario sobre la posibilidad de acciones simuladas por un colectivo tan amplio de la población.

Sí deberíamos poder poner en el centro del debate público, de una conversación seria de la política en público, las condiciones y determinantes que hacen que no se pueda garantizar el derecho a la educación a una parte importante de la población. Derecho a la educación en tanto acceso al conocimiento, a la sociabilidad diversa, a ser parte de experiencias culturales y sociales relevantes, a la no segregación por origen social, cultural, económico o de género.

Sí se debe poner en aprietos a quienes están en posiciones de decisión política sobre los salarios docentes, sobre las condiciones materiales de las escuelas, sobre las condiciones de trabajo docente.

También, y como parte del campo de educativo, nos tenemos que poner en aprietos sobre las respuestas pedagógicas frente a la masificación el sistema educativo, en particular del nivel secundario. Se pueden encontrar muchos problemas en el campo educativo argentino, lo que no se puede es aceptar que se “avala el simulacro”. En Argentina hay una profusa y rigurosa producción científica de conocimiento sobre la educación.

Es responsabilidad principal de las autoridades gubernamentales, pero también de intelectuales y trabajadorxs del campo educativo abrir las conversaciones y darle centralidad pública al problema del sistema educativo en la Argentina del 2021; que transita una crisis social y económica agudizada por la pandemia de nivel mundial, en la que lxs niñxs y jóvenes sufren particularmente la vulneración de derechos fundamentales y básicos que son requisito para acceder al derecho a la educación. Descalificaciones y acusaciones de amplio espectro desde el “no lugar” de la ajenidad del problema, sólo son útiles para el show en los medios masivos de comunicación.

Oscar L. Graizer es profesor e investigador en Sociología de la Educación de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de Luján