Volver a empezar para evitar que el “sálvese quien pueda” sea el lema involuntario de la industria editorial. Dar los primeros pasos para lograr que escritores, traductores, editores, libreros, diagramadores, ilustradores y trabajadores de la palabra consigan lo que vienen reclamando hace tanto tiempo: un Instituto Nacional del Libro. La Unión de Escritoras y Escritores, Indómita Luz Editorial como parte de la UTEP (Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular), la secretaría de Cultura del Movimiento Evita y la Federación Gráfica Bonaerense organizan un debate presencial para este sábado a las 15 horas en LaQuince Cultural (Corrientes 5426), con la participación de la escritora María Inés Krimer, la editora Silvia Itkin (Editorial Obloshka), el librero Hernán Brignardello (La Coop) y Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense.
En diciembre del año pasado perdió estado parlamentario el proyecto que había presentado en abril de 2019 el entonces diputado Daniel Filmus para crear un Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA). El cine, el teatro y la música tienen sus respectivos institutos. ¿Por qué cuesta tanto construir consensos entre los actores de la industria editorial? “Es la pregunta que nos venimos haciendo desde el año 2018, cuando llegó a manos de la Unión de Escritoras y Escritores el proyecto de Filmus”, dice María Inés Krimer a Página/12. “En todas las reuniones que mantuvimos desde ese entonces con ministros, parlamentarios, editores y libreros había consenso en la necesidad de un Instituto. Este consenso se amplió al punto de coincidir en la definición de libro argentino y la representación equitativa de los trabajadores de la palabra en el directorio. Todo parecía encaminado a lograr un organismo que pensara la alicaída industria editorial en su totalidad y se ocupara de la precarización de los autores, agravada por la pandemia. Consenso hay, falta la decisión política”, plantea la escritora.
Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, subraya el estrecho vínculo que se genera entre el libro y los trabajadores que participan en su confección. “Queremos profundamente al libro, somos parte de los primeros lectores cuando vemos la escritura impresa en el papel a medida que va tomando la forma de libro terminado”, cuenta Amichetti. Para el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense un Instituto del libro “contribuirá al crecimiento de la producción en el sector editorial de la industria gráfica y a la creación de nuevos puestos de trabajo y permitirá retomar el camino que alguna vez recorrimos de llegar con nuestra producción literaria -a través de la exportación- a buena parte de los países de habla hispana. No nos olvidemos que alguna vez, hace ya varias décadas, los niños y niñas de Centroamérica se educaban con materiales editados e impresos en Argentina”.
Para Silvia Itkin, directora editorial de Obloshka, un Instituto del Libro sería “una plataforma segura para discutir todos los asuntos pendientes relacionados con la edición, que no son pocos”, además de que significaría “un impulso de profesionalización para la edición en pequeña escala, si hablamos de volumen de negocio y también de construcción de catálogo”, precisa la editora. “Serviría también para establecer mejores condiciones de producción, los insumos son cruciales para cumplir con los planes editoriales y no siempre llegamos con eso. Tiene que ser un lugar de encuentro, debate y consensos que supere accesos ocasionales a subsidios y beneficios que, como sabemos, no suelen cubrir los costos”, aclara Itkin. “No hay políticas públicas sostenidas que apunten a la industria del libro, y tampoco hay un conocimiento profundo del sector que permita tomar medidas efectivas para promover su producción”, advierte Hernán Brignardello, librero de La Coop. “Vivimos una época de profunda inestabilidad e incertidumbre económica y social, el sector se está reconfigurando de manera fuerte y todo apunta a que se consolide una mayor concentración económica. En este caso, la concentración comercial implica un empobrecimiento cultural y simbólico: menor variedad de libros que van a llegar a públicos más restringidos. Para poder promover la bibliodiversidad, la pluralidad de voces y la rica historia que tenemos en la producción de libros, es esencial que se planteen políticas públicas de largo aliento, y eso es lo que esperamos que venga a hacer el Instituto”.
Amichetti reflexiona sobre los obstáculos. “Lo que ha existido desde hace bastante tiempo, como ocurre en otros rubros, es la fragmentación de cada uno de los participantes de la cadena del libro, parcializando la defensa de intereses puntuales y confrontando a menudo con los intereses del eslabón siguiente. Esto es común en situaciones de crisis cuando cada uno trata de resolver o mejorar en lo inmediato su situación sectorial sin éxito alguno. En ese escenario solo se benefician las grandes editoriales que han avanzado en un proceso de concentración con una visión globalizada de los mercados y persiguiendo objetivos esencialmente comerciales”. El secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense recuerda que en la elaboración del proyecto de ley que perdió estado parlamentario “participaron todos los sectores que intervienen en la cadena del libro, sumando aportes en una sola dirección: la de promover el fortalecimiento del acceso democrático, igualitario y federal al libro, coincidiendo -quizás por primera vez en mucho tiempo- en que los intereses sectoriales se complementan y potencian cuando se unen”.
“Yo no conozco a nadie de la industria del libro que esté en contra de la creación del Instituto”, aclara el librero de La Coop. “Pero estamos hablando de la implementación de una política pública, por lo cual su puesta en marcha no depende del propio sector sino de acuerdos políticos y decisiones que nos exceden”, reconoce Brignardello. “El gran problema de la industria del libro es la concentración, dos grandes grupos editoriales agrupan más de una tercera parte de los títulos publicados cada año, y dos grandes cadenas de librerías se mueven en sintonía con lo que producen estos conglomerados. Para que las pequeñas librerías, los sellos editoriales independientes y las pequeñas distribuidoras sigamos subsistiendo, es esencial que el Estado intervenga y genere políticas que nos permitan romper esta lógica de acumulación desigual”.
Krimer subraya que la creación del Instituto Nacional “es una deuda pendiente del Estado”. “La creación del INLA es necesaria para coordinar los programas del Estado parcializados en distintos organismos. Así se aprovecharían los recursos a mediano y largo plazo evitando superposición de tareas –argumenta la escritora-. Este ahorro se podría traducir en más becas y subsidios derivados a la producción autoral, de por sí escasos. Para que escribir y construir cultura no sea el privilegio de unos pocos”.