Mabel Zanta y Silvia Labayrú no se conocen. Las dos son sobrevivientes, denunciantes, testigos y prueba viva de las atrocidades que durante la última dictadura cívico miltiar tuvieron lugar en la Escuela de Mecánica de la Armada, y también son protagonistas de un nuevo hito en la historia de su juzgamiento: son las denunciantes que permitieron que la Justicia argentina reconozca, por primera vez, que además de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer, la patota de la ESMA también abusó, también manoseó, también violó a sus presas. Más que las condenas, Zanta y Labayrú celebran que el fallo “abra puertas” o “visibilice una realidad”, según las palabras de una y otra, en relación con el terror que gobernó ese centro clandestino entre 1976 y 1983. Y esperan que “sean muchas y muchos más” los que puedan “animarse a denunciar”, coinciden, incluso en las palabras, cada una desde su casa, a un lado y otro del Océano Atlántico.

“Me siento conforme y emocionada”, asegura Mabel Zanta a través del teléfono, minutos después de haberse enterado de las condenas que recibieron los represores Jorge Acosta y Alberto González por abuso, violación, secuestro y torturas durante el terrorismo de Estado. Intentaron ella y su hija Georgina, desde la casa de esta última, seguir la lectura del veredicto del TOF 5, pero se les cortó internet. “Unos nervios, quedé planchada”, añadió la mujer que con 82 años y tras más de 40 de espera, experimentó por primera vez “esa sensación de que la Justicia le quitó de encima una carga muy pesada”. 

Es la primera vez que su caso --secuestrada, torturada y violada en la ESMA en septiembre de 1978-- es considerado por la Justicia en el marco del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Con las dos sentencias “sobre la mesa”, el cantito de “adonde vayan los iremos a buscar tuvo más fuerza que nunca”, contó en diálogo con este diario. “Después de tanto esfuerzo, y ya que se están muriendo sin abrir la boca, ahora esto queda como un precedente”, postuló. Para ella, “lo fundamental de este fallo” es que “abra puertas para que se sumen otras personas a denunciar esta clase de hechos porque seguramente hay más”.

Silvia Labayrú atiende el teléfono en España, donde vive desde que se exilió tras sobrevivir a la última dictadura. No pudo viajar a Buenos Aires para oír el fallo condenatorio ahí, pero lo vivió igualmente como “un paso histórico” en la lucha por la Justicia, pero también por la visibilización y el reconocimiento social de los crímenes de los que fue víctima, lucha que sostuvo hasta hoy.

“Estoy satisfecha porque es una buena sentencia, pero lo más importante es la visibilización que posibilita más allá de las penas que impone”, evaluó: una visibilización que “permite saber qué clase de delincuentes son. Estos individuos coleccionan cadenas perpetuas, pero es importante que se sepa por qué: porque además de torturar, secuestrar, saquear, robar niños, asesinar y desaparecer, también violaron”.

Labayrú agradeció a la Fiscalía y a la “Justicia en general” por “cómo ha sido tratado este juicio”: en el agradecimiento incluyó el reconocimiento, hace una década, de los delitos sexuales del terrorismo de Estado como delitos autónomos pasando por alto que ella, en calidad de denunciante insistente --desde su denuncia ante la Conadep que describe las violaciones a las que fue sometida por González--, es en parte responsable de ese reconocimiento. Para ella, “la visibilidad es una herramienta” que permite no solo condenar a los responsables, sino también “ayudar a que otras y otros que han sufrido estos hechos en la ESMA se animen y hablen”. 

“Decenas de mujeres violadas en la ESMA no han podido denunciar --dijo--, no han podido porque es muy difícil contar estas cosas para todas nosotras: para las que sufrimos delitos de lesa humanidad, para las mujeres de la calle, para las mujeres de la vida. Por eso esta condena es importante.”