Desde Santa Fe

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia –que integran los organismos de derechos humanos de Santa Fe- interpretó como una actitud provocadora el segundo intento del Ejército –desde 2016- para volver al Campo San Pedro y ocuparlo con maniobras de tropas. El predio militar operó como centro de exterminio del terrorismo de estado, fue el primero en la Argentina donde se encontró una fosa común con restos de ocho desaparecidos y los investigadores creen que hay más enterramientos clandestinos en otros sitios que aún faltan descubrir. “El hipotético retorno a las prácticas militares en San Pedro tendría un contenido simbólico incompatible” con la democracia, advirtió el Foro. “Un lugar de horror y muerte no puede ser nunca un espacio de entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Es inaceptable que oficiales, suboficiales y soldados caminen sobre los huesos de los desaparecidos. El Nunca Más al terrorismo de estado significa decir que no a quienes quieren borrar la memoria del genocidio”.

En un documento que se conoció esta semana, el Foro rechazó el pedido del jefe del Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé teniente coronel Ignacio Agustín Etienot al juez federal Marcelo Bailaque para que le indique qué zona del campo se podría utilizar para el "adiestramiento” de la tropa. La solicitud es idéntica a la que su antecesor en el cargo, el teniente coronel Gabriel Senmartín, realizó en 2016, en el gobierno de Mauricio Macri, al juez Francisco Miño, pero que fue desestimada por el magistrado.

Rosario/12 ya informó que –ante un dictamen del fiscal Martín Suárez Faisal- el juez Bailaque ofició al jefe de Gabinete Santiago Cafiero para que le diga “cuál es la pretensión concreta del Poder Ejecutivo respecto al predio” del Ejército ubicado en la zona de Campo Andino. En el oficio, Bailaque explicó a Cafiero que en la causa se investigan “posibles inhumaciones clandestinas” de la dictadura. Recordó que en 2010, ya “se encontró una fosa común con restos de ocho personas, cubiertos con cal y evidencia balística asociada a los mismos”. Y que en esta nueva etapa de la pesquisa, el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó el 21 de julio último “trabajos de prospección mediante la tecnología Lidar”, que podrían definir en los próximos meses zonas de interés para profundizar la búsqueda.

“El hipotético retorno a las prácticas militares en el Campo San Pedro tendría un contenido simbólico incompatible con todo lo que avanzó la Argentina en derechos humanos a partir de 2003”, dijo el Foro. “Un hecho de esa naturaleza llevaría implícito el mensaje de que allí nada pasó, o que ocurrieron cosas de poca importancia y todo empezaría a volver a la ‘normalidad’. Como que en un mismo lugar pueden convivir un Sitio de Memoria y un batallón militar. Como si en Auschwitz se pudieran reinstalar unidades militares alemanas o polacas, ya que en definitiva las diferencias entre ambos lugares de horror son sólo de escala”.

“¿Presencia militar o búsqueda de desaparecidos?”, se preguntó el Foro. “Luego del hallazgo de 2010, poco a poco los testigos de los horrores acaecidos en el campo fueron animándose a hablar y a brindar informaciones relevantes. Además del aporte que realizan a la búsqueda de desaparecidos, sus relatos son indispensables para construir memoria de este centro de exterminio sin sobrevivientes”.

“Varios testigos ya fallecieron antes de poder testimoniar y no caben dudas que un posible regreso del Ejército al campo cancelará toda posibilidad de obtener nuevos testimonios porque es mucho el miedo que dejó el terrorismo de estado en la zona”.

“Pero además del significado simbólico, la supuesta asignación de algunas áreas al Ejército para ejercicios militares, no garantiza la preservación de las zonas en las que pudiera haber más sospechas de enterramientos, y menos aún que vayan a devolver posibles restos de desaparecidos que hallaran en las excavaciones que realizan como parte de su propio entrenamiento”.

El Foro recordó lo que planteó en la declaración de junio de 2018: “Nunca Más campo militar San Pedro”, que sumó decenas adhesiones de “organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y gremiales y referentes políticos” de todo el país. "Un lugar de horror y muerte que fuera declarado Sitio de Memoria por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (en 2012) no puede volver a ser nunca un espacio de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la democracia. Es inaceptable que oficiales, suboficiales y soldados argentinos caminen sobre los huesos de los desaparecidos. Por tal razón, consideramos que ese campo, actualmente bajo resguardo judicial, debe seguir en esa condición", porque "el retorno del Ejército cancelaría toda búsqueda futura de desaparecidos", concluyó.