El viernes pasado, el Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a los represores de la Esma Jorge “Tigre” Acosta y Alberto González por violación y abuso deshonesto contra tres sobrevivientes de ese centro clandestino. Los jueces consideraron esos delitos autónomos de las torturas a las que fueron sometidas como detenidas desaparecidas allí, y los definieron como crímenes de lesa humanidad en un fallo considerado histórico: fue el primero de la Megacausa Esma, porque sienta un precedente para los que faltan. Pero también por lo que significa para el camino recorrido en la investigación de esos hechos sostenido a costa de la revictimización de las y los sobrevivientes. Se espera que también lo sea por empujar, de una vez por todas, cambios que sirvan para volver más receptivo al sistema judicial. 

“Por eso, sobre todo, es tan importante este fallo”, señaló Carolina Varsky, abogada que encabezó la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales en los dos primeros juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo sobre lo ocurrido en la Esma durante la última dictadura. A la luz de "todo lo que tardó la Justicia" es que Varsky  entiende la importancia del flamante veredicto. Desde les sobrevivientes y los equipos de abogades que les acompañaron “siempre se buscó visibilizar la existencia de delitos contra la integridad sexual de manera autónoma, diferenciarlos de las torturas, las privaciones ilegales a la libertad, la reducción a la servidumbre porque siempre se supo que eran varias y varios los y las que denunciaban, pero muchos más los que los habían sufrido. Y desde la Justicia no hubo más que desidia”, reflexionó.

Historizar las denuncias

Ya en el Juicio a las Juntas, que tuvo lugar en 1985, mujeres sobrevivientes del terrorismo de Estado describieron abusos y violaciones a las que fueron sometidas. Pero en lo formal, es en 2007, post caída de las leyes de impunidad y reactivación de las investigaciones penales por los crímenes de la dictadura, cuando el TOF 5, en el marco del primer juicio oral y público por los hechos de la Esma, empieza a oír de manera directa cómo las mujeres allí encerradas eran abusadas y violadas. Y es entonces, también, cuando para la querella del CELS se encienden las primeras alarmas. “Era un juicio muy chico, de pocos testigos, muy pocos sobrevivientes y un solo acusado --Héctor Febrés--. Ahí, frente a una mujer que relató en primera persona su violación, el tribunal en una reacción absolutamente conservadora la corrió de ese episodio, no quiso escucharla más, le pidió que regresara al relato madre. Fuimos testigos de cómo la silenciaron. Aquella fue una primera alarma: la resistencia a la escucha”, recordó Lorena Balardini, socióloga y miembro del equipo del CELS. Aquel relato quedó entonces en eso: un relato.

En 2009 comenzó el segundo debate oral y público por los crímenes de la sede educativa de la Armada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la última dictadura, que culminó a fines de 2011, tras el testimonio de más de un centenar de personas, muchas sobrevivientes de aquel infierno y con 17 represores que actuaron en ese centro clandestino condenados. Ninguno de ellos fue hallado responsable de delitos sexuales a pesar de que varios testimonios así lo denunciaron. Sin ir más lejos, ya entonces Acosta estaba procesado por violación contra G.G., una sobreviviente en una causa que tramitaba de manera paralela en el juzgado de Torres.

El día que culminó su alegato en el marco de aquel juicio, Varsky presentó en el despacho de Torres un pedido para que se investiguen delitos sexuales en la Esma. En ese pedido, el CELS argumentó que “la violación, el abuso sexual y la violencia de género fueron prácticas sistemáticas en la Esma”, que ese tipo de delitos “en el marco de la represión y destrucción sistemática de personas no es violación fuera de control, sino bajo el más completo control”, que sucede “para destruir a las personas en tanto miembros de un grupo que debe ser destruido”, que “arruina la identidad de la víctima, y deja marcas difíciles de reparar”. Ese expediente derivó en el juicio que culminó el viernes.

En noviembre de 2012 comenzó el juicio por el tercer y más amplio tramo elevado de la megacausa Esma, identificado como “Esma Unificada”. Duró cinco años, contó con 67 acusados y el testimonio de más de 800 personas. Allí se trató, entre tantísimas otras, la denuncia de G.G, aunque Acosta fue condenado solo por secuestro y torturas, un error que aún aguarda que la Cámara de Casación Penal resuelva. “Ella, la primera denunciante directa de violación en la Esma, aún espera a la Justicia”, señaló Balardini. El TOF se negó a ampliar acusaciones por delitos sexuales contra el resto de los represores acusados a pesar de los pedidos, en estos casos sí, del Ministerio Público Fiscal y de las querellas. También lo hizo en el cuarto juicio, que culminó en febrero.

Resistencias que revictimizan

Aquella “resistencia a escuchar” que Balardini reseñó como una de las primeras alarmas que registraron desde el CELS sobre el tratamiento de delitos contra la integridad sexual en la Megacausa Esma fue una de muchas. “La más grande, y que aún no pudimos desarmar, radica en la negativa a avanzar en la investigación de estos delitos interrogando, preguntando, instando, incorporándolos a todos los otros delitos”, explicó Balardini.

Ese límite deriva en un “proceso con miles de pasos ultra burocráticos que lo hacen lento, reflactario, expulsivo para las víctimas”, aseguró la socióloga. “Si una mujer declara en una audiencia pública, como testigo bajo juramento, que fue violada. ¿Por qué se les pide que lo confirme en una nueva instancia, que vuelva a contar, que vuelva a someterse a esa experiencia traumática? ¿Qué más se quiere de ella?”, se preguntó.

Solo tres casos, de los numerosos que hay registrados en el expediente, llegaron a juicio en Esma Delitos Sexuales. El resto, en su mayoría, espera que las víctimas se acerquen a “confirmar” los hechos. En ese sentido, las condenas contra González y Acosta “sin dudas ponen luz sobre delitos que ocurrieron, que se visibilizaron a nivel nacional con el fallo Molinas --en 2010 emitido por el tribunal Federal de Mar del Plata--, pero que al día de hoy solo un 11 por ciento de sentencia que los registran”, puntualizó Varsky, por lo que también demuestran una “necesidad” de que el sistema de Justicia “se adapte, empatice” con estas personas, completó Balardini. “Reconocer hechos que escuchamos tantas veces, como manoseos, abusos, obligar a la desnudez, violaciones, mujeres embarazadas sin controles, obligadas a parir en cautiverio, como lo que son, delitos contra la sexualidad, es otorgar justicia”, remarcó.

“Se necesita que se discutan las maneras actuales para buscar cómo mejorarlas de cara al tratamientos de delitos contra la integridad sexual ya sea en el marco de los crímenes de Estado o la sufra cualquier mujer en cualquier circunstancia. Falta perspectiva de género para que se puedan abordar de la mejor manera posible, y entender que flexibilizar ciertas prácticas no significa flexibilizar procedimientos sino facilitar el camino”, concluyó.