La inteligencia del Ejército no tuvo sólo a su cargo determinar quiénes iban a ser los blancos de la represión durante la última dictadura, sino que se ocupó de financiar las operaciones de los grupos de tareas con fondos secretos, un mecanismo utilizado para mantener en la oscuridad tanto los crímenes como a sus perpetradores. Esa oscuridad puede empezar a disiparse después de una investigación que condujo la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos y que muestra a la poderosa Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) administrando y controlando los fondos reservados para las llamadas operaciones antisubversivas. Fiscales y jueces ya recibieron la documentación que muestra que seguir el rastro del dinero podría llegar a esclarecer cómo se organizaron algunos operativos durante los años del genocidio.

Los fondos secretos o reservados se utilizaron siempre para operaciones de alta sensibilidad por parte de los servicios de inteligencia -- y también para encubrir acciones delictivas--. Se usaron para el pago a Carlos Telleldin para desviar la investigación por el atentado a la AMIA y durante el gobierno de Macri se convirtieron en el patrón que reguló el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Décadas antes, los había utilizado la dictadura -- a través de la poderosa Jefatura II de Inteligencia del EMGE-- para financiar a los grupos de tareas que salían a secuestrar, torturar y desaparecer.

Según una investigación de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), tres meses antes del golpe, la administración de los fondos secretos pasó de la Jefatura V del EMGE -- Finanzas-- a la Jefatura II --Inteligencia--. El documento termina de mostrar el rol central que tuvo la inteligencia durante la dictadura: determinar blancos, proveer información para nuevas operaciones y ahora también se sabe que proveía y controlaba los fondos.

Para controlar los gastos, la Jefatura II hacía visitas anuales a cada uno de los destacamentos de inteligencia desplegados en las provincias. Dos civiles acompañaban generalmente a un militar en actividad para verificar si los grupos de tareas justificaban correctamente el dinero que le pedían a la estructura central de inteligencia. Uno de esos civiles era Jorge Oscar García de la Paz, el apropiador de Guillermo Amarilla Molfino, nacido después de que sus padres fueran secuestrados en los operativos contra los militantes de la Contraofensiva montonera.

“Es la primera investigación que empieza a echar luz sobre el lugar de donde salía y la forma en la que se financiaban las distintas operaciones de inteligencia”, explica a PáginaI12 Federico Efron, quien está a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos de la SDH. “Es un hilo del que hay que empezar a tirar”, completa.

El mecanismo

El Ejército tuvo una responsabilidad primaria en la represión. La Jefatura II fue su cerebro: orientó la cacería, la estudió e incluso la financió. Así funcionó:

  • Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, se aprobó una ley secreta que regulaba los fondos secretos. La ley 18.302/69 establecía que el comando en jefe de las Fuerzas Armadas, la SIDE, las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) podían recibir fondos secretos.

  • Según la directiva 404 de 1975 del comandante general del ejército, las transferencias de los fondos secretos se realizarían a requerimiento de las unidades. Es decir, las distintas unidades tenían que justificar por qué reclamaban tal dinero. Al momento de dictar esa directiva, la responsabilidad de administrar los fondos secretos era de la Jefatura V --Finanzas--.

  • Esa responsabilidad cambió a los tres meses y quedó en cabeza de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, que por entonces estaba en manos de Carlos Alberto Martínez. La información fue detectada por los investigadores de la Secretaría de Derechos Humanos en un Boletín Reservado de Ejército (BRE) del 23 de enero de 1976. Eso muestra que era la inteligencia la que tenía que controlar todos los aspectos de la represión.

  • Las transferencias se hacían a través de la cuenta especial 764, que correspondía al Comando en Jefe del Ejército. Los investigadores están esperanzados de encontrar movimientos de esa cuenta que muestren hacia dónde se giraban los fondos y en qué momentos, lo que permitirá entender cuáles eran los objetivos de la inteligencia en cada momento.

  • Había un mecanismo sofisticado para la rendición de cuentas. Los destacamentos debían aclarar que los gastos correspondían a operaciones dispuestas por el decreto 2772 de 1975, de aniquilamiento de la subversión. Los comprobantes debían llevar la leyenda de “gastos específicamente secretos” y el monto. Al dorso del duplicado, debían aclarar para qué se había usado. Daban como ejemplos: “Por alquiler de 3 vehículos para el traslado de personal encubierto” o “por pago a un informante”.

  • Inicialmente la custodia de la documentación contable se contempló por diez años. Pero en diciembre de 1979, los jerarcas de la dictadura sabían que debían destruirse en un plazo mucho inferior. A través del Boletín Reservado del Ejército 4853, se redujo el plazo a un año y se ordenó la incineración de la documentación. Era el círculo perfecto para no dejar rastros.

  • Una vez al año, la Jefatura II mandaba a tres personas a los distintos destacamentos del país para controlar los gastos. La información se pudo reconstruir por los libros históricos de los destacamentos y por legajos de personal de inteligencia.


El cerebro de la represión

La Jefatura II funcionaba en el séptimo piso del Edificio Libertador, donde tiene su sede el Ministerio de Defensa. En los años ‘90, cuentan que un incendio destruyó parte de la información que estaba ahí almacenada. Por ese piso transitaban analistas de inteligencia, pero también agentes operativos que subían hasta la cima del edificio en busca de información para dar con nuevos blancos. La Jefatura II fue responsable, por ejemplo, de armar álbumes con fotos de personas que eran buscadas por la dictadura, como el que el año pasado se encontró en la AFI y reveló este diario.

En el juicio que acaba de concluir sobre la Contraofensiva montonera, se estudió con detenimiento el funcionamiento de la estructura de inteligencia. “La inteligencia del Ejército fue el enclave desde donde se pergeñó y se llevó adelante la represión ilegal. Ello, sobre la telaraña urdida desde la Jefatura II, el Batallón de Inteligencia 601 y los respectivos destacamentos de inteligencia desperdigados por el país”, escribieron los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Claudia Morgese en los fundamentos de la sentencia que difundieron hace diez días. “El centro de la red de inteligencia era la Jefatura II del Estado Mayor del Ejército, el cerebro, pero el nudo gordiano era, sin dudas, el Batallón de Inteligencia 601”, agregaron.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Derechos Humanos, la Jefatura II tenía cinco departamentos, que incluían Planes, Interior, Exterior, Agregados Militares y Logística. En algunos documentos, Contaduría --a cargo del seguimiento del destino de los fondos-- aparecía como una división; en otros como un departamento. En el juicio de la contraofensiva, el acusado que integraba la Jefatura II, Jorge Norberto Apa, aportó un organigrama con el fin de mostrar que él era el “último orejón del tarro”. No le sirvió. Terminó condenado a prisión perpetua. En ese cuadro, ni Contaduría ni Finanzas aparecían como un departamento de la Jefatura II, por lo que es probable que para la época de 1979-1980 funcionara como una división.

El juez federal Daniel Rafecas llegó a procesar en 2012 a Carlos Alberto Martínez como cabeza de la inteligencia del Ejército entre diciembre de 1975 y enero de 1978 y lo responsabilizó por los crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército, pero murió antes de llegar a juicio. Desentrañar esa estructura, más allá del camino desandado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de San Martín en el juicio de la contraofensiva, sigue siendo un reto de la justicia.

Un apropiador que controlaba las cuentas

Guillermo Amarilla Molfino rondaba los diez años cuando su apropiador, Jorge Oscar García de la Paz, lo llevaba a su lugar de trabajo en el séptimo piso del edificio Libertador para mostrarlo como un trofeo vivo que había ganado. Por entonces él no sabía que era Guillermo Amarilla Molfino, hijo de Marcela Molfino y de Guillermo Amarilla, ni que ese hombre que solía andar con un arma y apoyarla sobre la mesa familiar se lo había robado.

La partida de nacimiento dice que Guillermo nació el 27 de junio de 1980 en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Sus padres habían sido secuestrados el 17 de octubre del año anterior. Las familias no sabían que Marcela estaba embarazada, por esa razón el primer análisis que Guillermo se hizo en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) no mostró compatibilidad con las muestras almacenadas. Un testimonio de la sobreviviente Silvia Tolchinsky sirvió para que los Molfino y los Amarilla contemplaran esa posibilidad, dejaran sus muestras y se encontraran en octubre de 2009 con Guillermo.

García de la Paz no tenía formación en contabilidad, sí se había formado en el Colegio Militar de la Nación. Parecía más un hombre de armas llevar que de controlar libros contables y recibos. También se le viene a la cabeza el recuerdo de una credencial con su nombre y el logo de la Jefatura II. García de la Paz era uno de los dos civiles que a lo largo de la dictadura fue a los destacamentos para controlar los gastos, según surge de la documentación. Murió en 1994. Guillermo nunca lo pudo ver sentado en el banquillo, como le habría correspondido. Él recuerda sus viajes a los destacamentos. “Lo siguió haciendo en democracia”, cuenta Amarilla Molfino a este diario. “No quedan dudas de que la tarea de él era recorrer destacamentos”.

La conexión con un destacamento aparece con claridad en su propia apropiación. García de la Paz llegó un día a su casa con un bebé. Lo acompañaba Nedo Otto Cardarelli, el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo entre 1979 y 1980. El dato es clave para entender que no sólo se controlaban cuentas, sino que era un descenso a las propias mazmorras, un conocimiento capilar de cómo funcionaba la represión -- tan profundo como para llevarse a un niño nacido en cautiverio--.

Un hilo para tirar

La documentación confeccionada por la SDH ya está en poder del juzgado de Rafecas, del juzgado de San Martín a cargo de Alicia Vence, del TOF 4 de San Martín y de los juzgados federales de Córdoba y Mendoza. El informe también fue analizado con integrantes de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).

“Este informe termina de dar dimensión a la centralidad que tuvo la inteligencia”, evalúa la fiscal Ángeles Ramos, titular de la PCCH, en diálogo con Página/12. “Lo vamos a mandar a todos los fiscales para que lo tengan en cuenta para que en sus investigaciones se profundice la ruta del dinero y cómo se financiaron operaciones”, añade.

“Desde la SDH estamos poniendo todos los recursos a nuestro alcance para contribuir con el avance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, comenta Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, a este diario. “Con ese objetivo dispuse que las distintas áreas de investigación de la Secretaría colaboren con la justicia para ayudar a esclarecer, con compromiso, profesionalismo y rigurosidad histórica, algunos aspectos que aún permanecen en las sombras”.

La estructura de inteligencia, a la que el exPrograma Verdad y Justicia le ha dedicado esfuerzos desde 2008, es uno de esos aspectos que aún no terminan de salir a la luz. “La investigación sobre los fondos reservados de inteligencia demuestra el rol central que tuvieron los destacamentos de inteligencia del Ejército en la represión, y permite entender cabalmente cómo funcionó su financiación”, resalta Pietragalla Corti.

Si bien la investigación muestra el costado burocrático del financiamiento de la represión, no es menos cierto que los grupos de tareas se fondearon con lo que robaban en los operativos. Un botín que sigue en sus manos hasta ahora. Semanas atrás, el juez Sebastián Casanello llamó a indagatoria al represor Jorge Radice y a su hermana Norma Berta Radice por haberse apropiado de los bienes de las personas que estuvieron secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). "La plata deja rastros", insisten operadores judiciales que ven en estas investigaciones un nuevo ángulo para darle una cabal magnitud al exterminio de la última dictadura.