Durante la presentación de la quinta fecha del Campeonato Argentino de Rally que inició el jueves y se desarrolla en Bañado de Ovanta, Catamarca, se pudo ver al intendente de la localidad, Ramón Elpidio Guaraz (61), al lado del presidente del Rally Argentino y otros funcionarios mientras eran filmados y fotografiados naturalmente para mostrar el evento al país.

Nada extraño se advirtió al verlo con su gorra del Rally, sentado en primera plana, representando, con su sonrisa en forma de mueca, a la provincia para el país entero. Nada se dijo sobre la acumulación de denuncias penales que tiene por malversación de fondos, abuso de autoridad, usurpación, fraude a la administración pública que ostenta desde hace 14 años, amparado por la garantía constitucional del “principio de inocencia”.

Nada se señaló tampoco sobre la garantía extra, el plus de derechos que el Estado de Catamarca le ofrece Guaraz para que continúe su ejercicio de funcionario público, que fue el veto del Ejecutivo provincial a la modificación de la Ley de Municipalidades.

Esa norma, fue un intento legislativo para  poder incorporar la destitución o suspensión del Intendente o un miembro del Concejo Deliberante “si fuese condenado penalmente por delito doloso, hasta tanto se resuelva en sentencia definitiva”, y también “por desorden de conducta en ejercicio de sus funciones o inhabilidad física o moral grave sobreviniente”, tal como marca el artículo 66 de la Constitución Nacional y el 95 de la provincial en cuanto al ejercicio de diputados y senadores.

Un vacío legal que quiso ser subsanado al chocarse, en agosto del año pasado, con esta aberración jurídica que permitía que el intendente de la localidad de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, continuara en funciones pese a haber sido condenando en primera instancia a seis años de prisión por abuso sexual agravado.

Un vacío legal, al que el Ejecutivo respondió con un veto completo y absoluto bajo el argumento de que afectaba el “principio de inocencia”.

¿Cabe imaginar en una situación así, que un hijo de vecino, a quien le dictan prisión preventiva por homicidio o abuso sexual agravado, podría candidatearse, ganar y legislar desde la cárcel sólo porque el debido proceso lo considera inocente hasta que se demuestre lo contrario? ¿O que los funcionarios municipales no deben tener cualidades éticas y morales para el Estado provincial?

En este contexto, es lógico pensar entonces que las recientes denuncias por violencia de género, acoso sexual y privación ilegítima de libertad con fines sexuales, contra el mismo Guaraz, hayan sido valoradas bajo el mismo concepto devenido en respeto constitucional.

Respeto curioso, que fue marcado en un grito de justicia emitido por la propia sobreviviente, Carolina.

La joven, con sus 21 años se defendió a través de sus redes sociales el día en que inició el Rally, cuestionó la naturalización de esa figura como representante público y llamó a la reflexión: “¿Acaso tengo que pensar que mi agresor está comprando ´como en otros tiempos´ a la Justicia? 

¿Hasta cuándo debo seguir esperando que el poder político obre según declama o, acaso, la perspectiva de género sólo aparece en las redes sociales?”, se preguntó a ella misma y a los férreos defensores del principio de inocencia de los funcionarios públicos en casos de violencia contra las mujeres.

“Son inconcebibles los errores que se advierten en los ámbitos de la Justicia. Errores adrede, que solo extienden el final de una crónica anunciada”, escribió de manera lúcida. Y agregó: “Hoy puedo, y no me voy a callar, porque aunque el pueblo se cubra con el ruido de motores del Rally, mi grito por justicia se va a oír en todos los rincones”.

Sin embargo, en el contexto escribió otra frase que permitió agudizar la mirada y fue cuando se preguntó por qué le tocó a ella dar esa pelea.

Es en esa pregunta donde el principio de inocencia de Guaraz, como funcionario público en ejercicio del Poder, se desvanece para cualquiera que ostente conocimientos de derechos constitucionales. Para cualquiera que pueda y elija mirar ahí a una mujer sola, vulnerada, revictimizada, gritando desde una red social su desigualdad. Pobres armas, ante la debida diligencia estatal que la discrimina.

El Estado de Catamarca eligió con el veto a la reforma de la Ley de Municipalidades, poner por encima del derecho de las víctimas el de los acusados. Guaraz, tiene asegurado su derecho de defensa y su principio de inocencia, tal como lo tuvo Aybar en su momento. Lo tiene asegurado desde el miedo de Carolina, que teme que en el ejercicio del poder su agresor compre voces, cree testigos, sonría a las cámaras del país mientras ella debió huir de su pueblo para encontrar, en otra jurisdicción, la garantía de la denuncia. Hoy no puede dar a conocer el lugar en donde reside porque teme que el Intendente Guaraz haga un despliegue de “empleados”, la encuentre y la mate.