"Las empresas hacen anuncios para aumentar su valor de mercado en un contexto internacional muy favorable, porque se confirmó el despegue de la electromovilidad. Hay muchos proyectos en Europa que demandan compuestos de litio y que incluso permiten avizorar un escenario de cuello de botella en la oferta de litio", explica Martín Obaya, investigador de Conicet y Director del Cenit de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. Si bien hay más de 50 empresas involucradas en el negocio del litio, lo cierto es que apenas un puñado está produciendo. 

Los dos proyectos que funcionan (Olaroz y Fenix) en 2020 exportaron 31.500 toneladas de carbonato de litio equivalentes por 134 millones de dólares. Su capacidad actual es de 37.500 toneladas. Ambos están en expansión y también se espera que en el corto plazo ingrese en operación el tercer proyecto (Caucharí-Olaroz), con lo cual la capacidad total pasaría a 85 mil toneladas anuales. En diálogo con este diario, Obaya detalla las debilidades del marco regulatorio y la necesidad de que el Estado adopte un rol más protagónico en el desarrollo sectorial.

-¿Cómo caracteriza el estado actual de las inversiones en el litio?

-Hay tres niveles. En primer lugar, los dos proyectos que producen litio están en fase de expansión, tanto Orocobre como Livent, aunque éste último quedó demorado a causa de la pandemia. En el segundo nivel está el único proyecto nuevo que el año que viene entraría en producción, que es el de Exar, de la china Ganfeng con Lithium Americas. En un tercer nivel están los proyectos que tienen la parte técnica resuelta pero falta definir el fondeo. Ahí aparecen la surcoreana Posco, la australiana Galaxy y la francesa Eramet. Son empresas que ya han estado invirtiendo pero todavía no dieron el salto de dinero. El resto son todas suposiciones. Es un negocio muy especulativo en donde hay muchos anuncios pero pocos concretan.

-¿Cómo funciona esa especulación?

-El marco regulatorio argentino facilita el otorgamiento de tenencias mineras. Eso explica por qué hay 50 o 60 mineras en la Puna pero apenas un puñado realmente operando. La mayoría de esas empresas están parados en el salar esperando revender su tenencia. Están haciendo un negocio inmobiliario. Las empresas hacen anuncios para aumentar su valor de mercado en un contexto internacional muy favorable, porque efectivamente se confirmó el despegue de la electromovilidad. Hay muchos proyectos en Europa que demandan compuestos de litio y que incluso permiten avizorar un escenario de cuello de botella en la oferta de litio.

-¿Un cambio en el marco regulatorio acomodaría esta situación?

-El marco regulatorio explica la paradoja de que el país tiene entregada una enorme cantidad de área de explotación pero nadie pone plata excepto casos muy puntuales. Esta situación no sucede ni en Chile ni en Bolivia.

-¿Cómo es la regulación en esos dos países?

-En Chile la regulación es mucho más rígida. La tenencia está en manos de actores públicos pero la operatoria es privada. Cuenta con regalías móviles del 6 al 40 por ciento, frente a un 3 por ciento en el caso argentino. Además, hay un monto que pagan las empresas en favor de las comunidades y otro para financiar centros de investigación. Por último, el Estado definió una cuota del 25 por ciento de la producción que queda a disposición del mercado interno para otorgar a precio preferencial a un potencial inversor que busque avanzar en la cadena de producción del litio.

Bolivia decidió en 2007 que toda la cadena del litio tenga una fuerte participación estatal. Logró crear una infraestructura en Potosí y se generaron plantas piloto mediante un proceso exitoso de aprendizaje tecnológico. Pero el sector público no pudo resolver la fase industrial, en un contexto político muy complicado porque en el medio estuvo el golpe de Estado. Más allá de algunas iniciativas, hoy en día el proyecto boliviano está en la nada.

-En el ámbito local parecen haber varias iniciativas en danza. Se habla de un proyecto de nacionalización del recurso, también de la creación de una empresa estatal y el plan de electromovilidad. ¿Cómo se ordena esta agenda?

-La operatoria del litio se puede dividir en cuatro dimensiones: renta, política productiva, comunidades y medio ambiente. La nacionalización puede ayudar a mejorar la captación de renta y brindar más herramientas en el ámbito productivo. Sin embargo, no soluciona nada con respecto a las comunidades y el medio ambiente. En estos temas, el problema no pasa por la operación privada sino por el carácter regulatorio del Estado y por la falta de participación comunitaria. Además, la nacionalización implica un fuerte conflicto con las provincias.

Por el lado de la empresa estatal, pongamos YPF Litio, no se necesita cambiar el marco normativo y permitiría morigerar varios problemas actuales. Aunque esto no concierne a las operaciones que ya están en curso. Además, hay que tener en cuenta la enseñanza que deja el caso boliviano: el litio es un negocio es muy difícil. 

Por lo pronto, hay una agenda de corto plazo que no se está abordando. Tiene que ver con el desarrollo de un programa de proveedores coordinado entre Nación y provincias, capacitación de empleo, la mejora de la infraestructura en la Puna y la construcción de una visión clara y plural sobre qué se quiere hacer con el litio.

-¿Es posible fabricar las baterías de litio?

-La particularidad de la industria de la batería es que debe estar cerca de la fabricación y venta del vehículo. Dicho de otro modo, importar baterías es costoso y peligroso. Y no hay forma de producir celdas para un mercado de movilidad eléctrica que es chico o nulo. Creo que los proyectos que mencionan la fabricación local de baterías están todavía muy en potencial.