Camionadas en fila con rollos de madera por las rutas del norte provincial son parte de un panorama conocido por quienes las recorren. Y el secreto a voces, y en más de una ocasión denunciado en la justicia salteña, es que se tala de manera ilegal en distintos sectores. Pero esos árboles derribados cuya madera pasa a la vista de los agentes de seguridad en las rutas, tienen como justificación las guías de transporte que emiten las autoridades ambientales. Muchas indican que el producto transportado es de una finca en particular, pero en la realidad suele suceder que la madera es talada en lugares no autorizados.
Ese es en resumen la práctica que existe cuando se trata de la tala ilegal de madera que quedó plasmada en una investigación que llevó adelante en Buenos Aires el juez Sebastián Casanello, que en julio último procesó a 14 personas por el presunto contrabando de 1.282 toneladas de madera de palo santo comercializados en 2013 por una empresa ubicada en Salta, una de las tres provincias argentinas donde crece este árbol. El procesamiento también es por la presunta falsificación de documentos públicos que se habrían utilizado —según el fallo— para fraguar el origen real de la madera de palo santo. Así surge de una nota de CNN en Español.
“Eso es la punta de un iceberg. Seguro que hay muchas otras cosas”, dijo la presidenta de la Red Agroforestal e integrante de Asociana, Ana Álvarez, al indicar que si bien desconoce esta denuncia en particular, se sabe que “el problema de la extracción ilegal de palo santo es común a Salta y a Chaco”. La operatoria es recurrente. “Se extrae (la madera), con guías de zonas de otros lados, por ejemplo, fincas aprobadas para un desmonte, pero se extraen en volúmenes muy superiores”.
En el caso que investiga Casanello, de hecho, se pudo corroborar la irregularidad por un control de imagen satelital. En enero de 2014 la Dirección Nacional de Bosques procedió a corroborar la información de los permisos oficiales concedidos a las empresas que buscaban exportar la madera. Un técnico del organismos nacional, quien declaró en la causa como testigo, pudo verificar a través de un programa de imágenes satelitales que no había rastros de desmonte en la finca Las Colmenas, de donde supuestamente provenían estas 1.282 toneladas de palo santo. Entonces, si la madera no se sacó de ese lugar (claramente no desmontado), era indefectiblemente de otros lugares.
La connivencia estatal
“Esto hay sido una práctica común. No brindar legitimidad de los lugares de donde salían (los árboles talados), habilitar exportaciones de madera de palo santo de lugares sin monitorear. Esto llevó a distintas causas en distintos lados pero casi siempre hay connivencia con funcionarios de Ambiente que deben autorizar la extracción”, sostuvo Álvarez ante el conocimiento de este tipo de situaciones en distintas zonas.
En el fallo de Casanello hay entre los acusados cuatro ex funcionarios públicos procesados como supuestos "partícipes primarios" del delito de contrabando, tres de los cuales estuvieron “de los dos lados del mostrador” en distintas etapas de la maniobra denunciada: trabajaron para la empresa responsable del desmonte y, en otro momento, tuvieron cargos en la Secretaría de Ambiente de Salta.
En 2007, la empresa Tierra Vasca SA intentó por primera vez obtener los permisos para talar palo santo en la finca de su propiedad. Entonces, quien se ocupó de los trámites como ingeniero forestal de la compañía fue Gustavo Enrico Paul. Ese mismo año, el intento fracasó debido a que las autoridades ambientales de la provincia de Salta no autorizaron la tala en la finca Las Colmenas, ubicada en el departamento de Orán.
La compañía volvió a presentar la solicitud de tala cinco años más tarde, en mayo de 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Ya en ese momento Paul asumió como secretario de Ambiente y quien se presentó como apoderado de la empresa ante la provincia fue Cristian Heraldo Gribaudo. Según el fallo, este había sido funcionario de Ambiente de la provincia en 2007 y había participado de las audiencias públicas realizadas como paso previo a analizar la entrega de permisos. Otra ex empleada de Tierra Vasca SA, Natalia Rangeón, también pasó a ocupar en 2012 un cargo clave en el estado provincial: era directora general de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta.
Para Casanello, la participación de estos tres ex funcionarios habría sido central para que la empresa Tierra Vasca SA consiguiera los permisos oficiales para comercializar la madera de palo santo, supuestamente adulterando el origen real de los árboles en los documentos. Además, ninguno de los dos funcionarios se excusó de participar en la aprobación de los permisos de tala de la empresa para la que habían trabajado cinco años antes, afirmó el juez en el procesamiento. Según indicó el actual secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal (también ex consultor de empresas dedicadas al agronegocio), en una comunicación con Radio Nacional, cualquier funcionario debe excusarse en todos aquellos expedientes que involucren a empresas para las cuales trabajó antes de asumir en el cargo.
El 22 de mayo de 2013, el área de Ambiente de Salta otorgó los permisos para que Tierra Vasca SA talara unas 3.000 hectáreas de bosque y utilizara esa extensión para ganadería y agricultura. Luego autorizó a la empresa a comercializar la madera de palo santo, según consta en el fallo judicial, que resalta que la inspección y el monitoreo del proyecto quedó en menos del área encabezada por Paul. La investigación judicial determinó que estos permisos de tala se otorgaron sin tener ningún respaldo técnico o documentación que corroborara qué cantidad de árboles se podían extraer de esa finca, sin inspeccionar en el lugar la existencia de los árboles ni la ubicación ni fechas de las tareas de tala.
El negocio de la exportación
Álvarez recordó que por la época en la cual se investiga la causa que involucra a privados y ex funcionarios públicos, en la Nación existía un registro en el que debían estar anotados quienes exportaban palo santo. Esta madera, considerada preciosa, es muy buscada “en el mercado oriental para hacer pisos”, dijo Álvarez, al sostener que el producto suele ser exportado a Japón. Pero afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri el sistema de ese registro fue eliminado y actualmente la información solo es enviada por las provincias. En Salta, según lo afirmado por el propio Aldazábal, Ambiente solo cuenta con dos camionetas para realizar los controles.
Volviendo al fallo de Casanello, de su texto surge que Tierra Vasca SA vendió la madera a otras tres compañías que iban a exportarla: Entrecomex Global SRL, Tropical Bushes SRL y Winner International SRL, que llegaron a trasladar la madera hacia distintos puertos argentinos para enviarla al extranjero. Sus responsables en este caso fueron procesados como presuntos co-autores de contrabando en tentativa.
Los trámites llegaron al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación cuando las tres empresas exportadoras presentaron la documentación sobre el origen de la madera para sacar del país las 1.282 toneladas que habían comprado a Tierra Vasca SA en Salta. En un primer paso, intervino el cuarto funcionario acusado en la causa, Eduardo Álvarez, quien no se desempeñaba en la provincia de Salta sino en el gobierno nacional y avaló los permisos sobre la base de la documentación entregada por las empresas. El juez le reprocha que no corroboró el origen del producto forestal. Eduardo Álvarez declaró ante el juez que nunca cometió delitos en el ejercicio de su función de control en la exportación de la madera y dijo que se limitó a examinar la documentación que provenía de Salta.
En enero de 2014, el proyecto llegó a la Dirección Nacional de Bosques. Un funcionario a cargo del control de la madera para exportación buscó constatar la información aportada por las empresas. Tras corroborar a través del análisis de imágenes satelitales de la finca detectó que no había rastros del desmonte autorizado. El funcionario viajó hasta la propiedad junto a otra inspectora oficial para comprobar la sospecha: los árboles de palo santo no habían sido talados en Las Colmenas, aseguró ante el juez.
Los funcionarios nacionales concluyeron que la madera que se quería exportar provendría de otros bosques, sobre los que Tierra Vasca SA no tenía permiso oficial para deforestar. En base a esa conclusión, la Dirección Nacional de Bosques frenó la exportación de la madera y denunció la supuesta falsedad de la información que constaba en los permisos oficiales.
La pantalla de la depredación
En 2018, tras varios allanamientos a cargo de la Policía Federal Argentina, el juez del caso sostuvo que “la finca Las Colmenas fue utilizada como pantalla para justificar falsamente el origen de la madera que se pretendió exportar” y habló de “connivencia” entre los funcionarios públicos investigados y los empresarios.
Los procedimientos policiales permitieron el secuestro de documentos sobre la madera que estaban en poder de los empresarios e incluso de más cantidad de palo santo que estaba listo para su distribución en una finca que habría funcionado como depósito de madera ilegal.
Según el magistrado, “lo ocurrido aquí no se habría tratado de un caso aislado, sino que se enmarcaría en un esquema de actuación más amplio, sumamente organizado”, y que la “madera de palo santo” se originó “en la actividad de tala clandestina”.
Casanello también dictó embargos de bienes y dinero de los 14 procesados que, en el caso de las empresas investigadas, alcanzó los 430 millones de pesos, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares.
En Salta, una de las comunidades indígenas de la ruta nacional 86 (en el departamento San Martín), Territorios Originarios Wichí, ya presentó una denuncia y se intervino desde la Justicia para pedir los controles correspondientes a la Secretaría de Ambiente. Ana Álvarez recordó las conocidas y múltiples denuncias que hay, por ejemplo, en la depredación de los árboles de los ex lotes fiscales 55 y 14, en el departamento Rivadavia. Por esta degradación ambiental en particular se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ya emitió un fallo para resolver sobre esta y otras cuestiones que se plantean en la zona donde coexisten comunidades indígenas y criollas. La tala está prohibida. “Pero el Estado no estuvo presente para controlar la extracción ilegal”, dijo Álvarez.
“En Chaco, en zona de El Impenetrable me comentaron que también es un problema la extracción y he cruzado camiones de distintos tamaños de palo santo. Falta registro y control exhaustivo de cuánto se podría sacar y de dónde. Nadie lleva un registro de la extracción y por lo tanto de la tasa de recuperación del palo santo”, sostuvo la referente de la Red Agroforestal.
Según lo citado por CNN, se busca evitar que el palo santo ingrese en la categoría “riesgo de extinción”, según el Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Medio Ambiente para la conservación de este árbol. Con este panorama, parece tarea difícil.
