El gobierno de Salta sigue sin efectivizar los nombramientos de cinco miembrxs designados para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tampoco ha puesto en funciones a una directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), designada por la Cámara de Diputadxs el año pasado, Florencia Sánchez.
"El gobernador niega el funcionamiento del Comité. Está la ley, falta el decreto", sostuvo Ramón Corregidor, miembro designado por la Cámara de Diputados para integrar el organismo de derechos humanos. Corregidor dijo que en una reunión en octubre de 2020 el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, les prometió que saldría el decreto, pero eso aún no se cumple.
Corregidor destacó el incumplimiento de la provincia con un tratado internacional al que adhirió Argentina, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En virtud de esa adhesión el Congreso Nacional creó mediante ley 26.827 el Comité Nacional para la prevención de la tortura. En Salta la creación del organismo está prevista por la ley 8.024.
El comisionado sostuvo que fue nombrado por unanimidad y por concurso, sin embargo, no puede asumir en el cargo por las dilaciones del gobierno provincial que impiden el funcionamiento del organismo. Dijo que junto a lxs otrxs miembrxs quieren entrar a unidades de detención para cumplir con las visitas a estas instituciones, una de las tareas que compete al Comité, pero no pueden hacerlo a falta del decreto. Por eso ahora esperan la intervención del Comité Nacional para que inste a la oficialización del Comité provincial.
De igual forma, Cristina Cobos, comisionada elegida por los organismos de derechos humanos señaló que ya pidieron al Comité Nacional que gestionen ante el gobernador Gustavo Sáenz o ante el ministro de Gobierno sobre los motivos por los que no se pone en funcionamiento al organismo provincial. Para Cobos, el problema está en que el gobierno provincial no quiere implementar políticas de derechos humanos. "Se le ha pedido audiencia al ministro de Gobierno este año pero no nos dieron", sostuvo.
La comisionada contó que se postuló a este cargo por pedido de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, que integra, y manifestó que desde allí agotarán las gestiones y en caso de que no se logre la puesta en funcionamiento del Comité, esto "tendrá el costo político que corresponde" para el gobierno provincial.
Además de Corregidor y Cobos, los otros miembros son Rodrigo Solá, también elegido por los organismos de derechos humanos; Marcelo Robles, designado de forma provisoria por la Cámara de Senadores, y Ricardo Nioi, por el Ejecutivo Provincial.
La delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, María Martínez Morales Miy, dijo a Salta/12 que también desde este organismo hicieron gestiones para que el gobierno provincial dé respuestas. "El secretario Horacio Pietragalla envió nota al gobernador y al ministro de Gobierno Villada pidiendo la puesta en funciones del Comité. El gobierno provincial se comprometió a hacerlo funcionar con el presupuesto 2021, pero el presupuesto fue aprobado y aún no hay un instrumento administrativo que le permita constituirse", manifestó. También recordó que estuvo en la reunión que se hizo el año pasado con Villada, la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes, y lxs integrantes designadxs para conformar el Comité: "El compromiso en ese momento fue ponerlo en funciones de inmediato y con presupuesto al año siguiente. Ninguna de las dos cosas sucedieron", afirmó.
Falta una directora en el OVCM
Florencia Sánchez es docente de historia, graduada de la Universidad Nacional de Salta y fue designada en octubre del año pasado para cubrir el cargo de directora en el Observatorio de Violencia Contra Las Mujeres por la Cámara de Diputados.
"Desde el gobierno no confirman el nombramiento porque hay un expediente que está demorado, lo tiene que firmar el gobernador, desde octubre del año pasado", dijo a Salta/12. Indicó que le explicaron que las demoras se deben en parte a que hubo errores administrativos, pero no le especificaron cuáles. Consideró que hay "ausencia de decisión para avanzar en cada etapa del expediente".
Sánchez dijo que durante estos meses se mantuvo en contacto con la Cámara de Diputadxs informando las respuestas negativas que obtenía del Ejecutivo. "Es un procedimiento que depende la provincia. En Diputados están enterados, y preocupados", indicó. Señaló que le dijeron que harán un pedido de informe a la provincia por la demora del expediente.
La docente expresó que tenía expectativas para tomar el cargo en el OVcM, y que la espera la ha perjudicado porque mientras tanto ha rechazado ofertas laborales.
Para Sánchez no se trata de falta de presupuesto, sino de decisión política de parte del gobierno en materia de género. Consideró que estas demoras son perjudiciales ante la situación en contexto de pandemia en que se ha agravado la crisis, y las mujeres están más expuestas a la violencia de género e intrafamilia.
