Un 174 % aumentó en los últimos quince años la cantidad de mujeres detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Al finalizar 2020, había 2.028 privadas de su libertad, el 4,5 % de la población total detenida, y el 10,5 % menos que el año anterior “debido, en general, a las medidas adoptadas en el marco de la pandemia por el Covid-19, que produjo un descenso de la población detenida en la Provincia de Buenos Aires”, interrumpiendo el aumento sostenido de los últimos años, revela el "XV Informe Anual 2021. El sistema de la crueldad", que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), encabezada por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, le presentó al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, quien se comprometió a consensuar una agenda común para revertir los déficits estructurales del sistema penal, alejada del paradigma punitivista de las últimas décadas en la Provincia de Buenos Aires.
La merma del número de detenidas no implica la resolución, ni mucho menos, de uno de los problemas centrales que padecen: en su mayoría permanecen encarceladas en calidad de procesadas. En 2020 representaban el 59 % (1.189) mientras que, en la última década, las mujeres en prisión preventiva constituyeron un promedio interanual del 63 %. El estudio también advierte que las medidas adoptadas por la pandemia habilitaron una mayor proporción de detenidas con monitoreo electrónico respecto de 2019, cuando se registraba un 21 % en esa modalidad (468), contra el 29 % (585) en diciembre de 2020. Si bien son quienes mayormente acceden a esta morigeración por el reconocimiento de la responsabilidad de las tareas de cuidados de hijes y familiares, “la mayor proporción de mujeres detenidas bajo monitoreo electrónico no significa que el acceso al arresto domiciliario sea incuestionable incluso para las mujeres embarazadas y/o con hijes menores de 5 años. El sistema impone obstáculos y trabas sin contemplar las condiciones de vida fuera de la cárcel”, precisa el informe, que subraya la condición de sostén de familia “antes y después de su detención”, con hijes que dependen de ellas, encargadas del cuidado de las personas mayores o enfermas del entorno, que atraviesan trayectorias de desempleo o de participación en economías informales, y padecen situaciones de violencia. “Es decir, las desigualdades estructurales e históricas del sistema patriarcal provocan que en el encarcelamiento tengan un impacto diferencial sobre ellas y se transfiera a sus hijes. Por eso, es fundamental que el Poder Judicial adopte una perspectiva de género para decidir sobre los procesos judiciales de estas mujeres.”
