Son momentos decisivos para el futuro de la causa del Memorándum con Irán. Todas las defensas e imputados/as ya pidieron la nulidad de lo actuado, además de sus sobreseimientos, y este miércoles llega el turno para que el fiscal Marcelo Colombo tome posición en la cuarta audiencia oral y pública ante el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8). Su palabra como "acusador" tendrá enorme peso como ocurrió --por ejemplo-- en el caso del Plan Qunita, donde la fiscalía sostuvo que no había delito, el juicio no se hizo y los acusados fueron desvinculados. Hasta ahora Colombo no sólo respaldó la publicidad de las audiencias para debatir esta cuestión sino que impulsó una batería de medidas fundamentales para determinar si los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que en 2016 decidieron reabrir el expediente, se apartaron de su deber de imparcialidad, dado que en momentos claves iban a ver a Mauricio Macri a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. El expresidente no ocultaba su interés en el tema, para apuntarle a Cristina Fernández de Kirchner, y tanto él como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunían con la dirigencia de la DAIA --como quedó claro en evidencias expuestas--, la entidad que insistió con el reclamo de la reapertura hasta lograrlo. 

Colombo tendrá que analizar los argumentos que dieron las defensas y los resultados de las medidas que él mismo pidió, y en función de eso sentar posición. Ni la DAIA ni los familiares del atentado a la AMIA vinculados a ella que son querellantes asistieron a las audiencias, pero ya dejaron asentado que las desconocen. Hasta ahora sus quejas no tuvieron eco en la Cámara de Casación, que actúa como tribunal superior. El TOF 8 intentaría tomar una decisión antes de fin de mes, aunque no tiene plazo. Los planteos comunes que fueron presentados por las/los imputadas/os son estos:

* Inexistencia de delito 

Es un fundamento que marcó la causa desde sus inicios, y fue la conclusión a la que llegó el primer juez que intervino, Daniel Rafecas, en un fallo del 26 de febrero de 2015, algo más de un mes después de que el fiscal fallecido Alberto Nisman presentara la denuncia por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Las razones básicas eran que el Memorándum había sido aprobado por el Congreso, pero además no había entrado en vigencia porque lrán no votó una norma equivalente de respaldo. El pacto era una herramienta pensada para que los iraníes acusados declararan de una vez en un contexto en el cual era impensable su extradición por falta de tratado. La otra cuestión es que, contra el argumento de Nisman, las alertas rojas y pedidos de captura siempre estuvieron vigentes y su suspensión solo podía ser decidida por el juez de la causa del atentado, que era Rodolfo Canicoba Corral. Nunca nadie anuló las alertas, es un hecho. Si hubiera alguna duda, públicamente la despejó el exsecretario de Interpol Ronald Noble, pero nunca fue citado en la etapa de instrucción. El archivo por inexistencia de delito fue lo que llevó a la duplicación de la causa en manos del fallecido Claudio Bonadio y la intervención de los jueces de Casación cuestionados, para facilitar que siguiera la persecución penal. 

Por la ausencia de un delito identificable es que se piden los sobreseimientos. Como sucedió en otras causas de la misma época que fueron obra de una construcción política similar, no sólo la de Qunita, donde un peritaje mostró que la acusación (de Graciela Ocaña) sobre supuestos sobreprecios y direccionamiento de una licitación no tenía ningún asidero, sino también la de Dólar Futuro, donde la Sala I de Casación frenó incluso la llegada del expediente a un tribunal oral, también en función de un peritaje que advirtió que la supuesta defraudación al Estado era una ficción.  

* Temor de parcialidad 

Ya durante el trámite de la causa, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, que representaban al ex canciller Héctor Timerman --fallecido en medio de este proceso-- advirtieron que Hornos y Borinsky no podían intervenir, porque ya se habían excusado en todos los planteos vinculados al caso AMIA, por haber tenido alguna relación con el caso o las partes. Sin embargo, no solo no se apartaron sino que actuaron desde dos salas distintas de Casación en este tema, la sala I y la IV. La cuestión de las visitas a Olivos en fechas cruciales y muy cercanas a sus decisiones se conocieron recién este año: en los meses previos a la reapertura del caso, Hornos y Borinsky visitaron diez veces a Macri --quien el día que salió el fallo los felicitó por la "valentía" y cuestionó a su colega Ana María Figueroa, que en un voto aparte sostuvo que sus colegas no debían intervenir y que esa situación dejaba todo expuesto a nulidades, precisamente lo que se debate ahora--.  A todo eso se sumó que en las audiencias ante el TOF 8 fueron exhibidas actas de la DAIA que daban cuenta de sus reuniones con Macri para preparar la querella, enfocada en CFK y otros ex funcionarios. 

Las pruebas que encomendó el fiscal Colombo y que el TOF 8 aprobó apuntaron a reunir información sobre los ingresos de ambos jueces de Casación a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada, si visitaron la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y el de Seguridad entre 2105 y 2016. El fiscal incluso pidió datos relevantes de otras causas: la del espionaje donde hay anotaciones del celular de Darío Nieto, secretario del expresidente, que recuerdan "hablar con Borinsky"; la de la "mesa judicial", donde la camarista Figueroa describió presiones del gobierno de Macri para apurar la definición sobre la validez constitucional del Memorándum; y la propia causa sobre el atentado a la AMIA, donde los casadores se habían excusado alguna vez.

La posición  de la fiscalía

Este miércoles se sabrá qué análisis hizo Colombo de todos estos elementos, además de su evaluación sobre los pedidos de las defensas. Cuando un fiscal no acusa, se cae la acusación. El único matiz acá es que hay una querella, también cuestionada. Hay ver si Colombo elige otra línea argumental también. Las/los implicadas/as son: CFK, Angelina Abbona (exprocuradora del Tesoro), Andrés Larroque (hoy ministro de Desarrollo bonaerense), Juan Martín Mena (viceministro de Justicia), Carlos Zannini (procurador del Tesoro), el embajdor en Rusia y exvicecanciller Eduardo Zuain, el senador Oscar Parrilli, el dirigente social Luis D'Elía, el exlíder de Quebracho Fernando Esteche y el referente de la comunidad islámica Jorge Khalil. 

Esta semana otro tribunal oral se pronunciaría sobre las recusaciones de los integrantes del TOF 8, María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini, que presentó la DAIA. Nada indica que haya obstáculos para que sigan actuando.