La participación política de las mujeres mejoró en los últimos cinco años pero no lo suficiente como para sacar una buena nota: así lo revela la medición del Índice de Paridad Política (IPP) que pasó de 44,7 a de 55,6 --sobre un máximo de 100—, es decir, casi 11 puntos más que en 2016, pero por debajo de los tres países de la región mejor puntuados. El IPP contempla 8 dimensiones: las peores evaluaciones se obtuvieron en “Poder Judicial y Electoral” y “Partidos Políticos”, donde se demuestra un severo déficit de igualdad de género. “Ello se debe a la presencia mínima de mujeres en la Corte Suprema de Justicia, su ausencia en la Cámara Nacional Electoral y la no existencia de un mecanismo de género en los máximos órganos jurisdiccionales electorales”, por un lado, y a que “no se registraron unidades de la mujer en los partidos políticos y hay un bajo nivel de compromiso estatutario con los principios de igualdad de género y/o no discriminación por sexo”, advierte el estudio, con las conclusiones sobre la aplicación del IPP, que se presentó este martes en un conversatorio con representantes de ONU Mujeres, PNUD, Idea Internacional y funcionarias del Gobierno.

En lo formal, el informe cuestiona que la paridad aún no es un precepto constitucional. En lo sustantivo, ilustra que en la Administración Pública Nacional se aprecia un bajo porcentaje de mujeres ministras en el Gabinete Nacional: 14 por ciento.

El IPP fue desarrollado por el PNUD Argentina, ONU Mujeres Argentina, e IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, con la participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio del Interior de la Nación, en el marco de la Iniciativa ATENEA, una alianza que busca impulsar el ejercicio igualitario de los derechos políticos de las mujeres desde una perspectiva paritaria.

En 2016, en pleno gobierno macrista, Argentina sacó un puntaje global de 44,7 sobre un total de 100 puntos posibles y en 2021 de 55,6. Entre una y otra medición, “se han producido importantes avances” como la sanción de la Ley de Paridad a nivel nacional y en 12 nuevas provincias, la creación del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la inclusión de la violencia política como uno de los tipos de violencias reconocidos por la Ley de Protección Integral contra las Violencias por razones de Género”, destacó al presentar los hallazgos del IPP Mariana Rulli, politóloga y autora del informe “Rompiendo techos de cristal, consolidando la paridad como principio democrático en Argentina: avances y desafíos pendientes”.

Las 8 dimensiones que analiza el IPP son: compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y el marco legal, ejercicio del derecho al sufragio, cuota/paridad, Poder Ejecutivo y administración pública, Poder Legislativo, Poder Judicial y Electoral, partidos políticos y Gobierno local. Argentina obtuvo su mayor puntaje en las dimensiones “Cuota/paridad” y “Ejercicio del Derecho al Sufragio”, mientras que los partidos políticos con 26,2 puntos y el “Poder Judicial y Poder Electoral” con un puntaje de 13,3 demuestran un severo déficit de igualdad de género, destaca el estudio. En estos últimos ítems, “los avances son lentos” a pesar de que el país fue pionero en la sanción de la Ley de Cupos en 1991. Los partidos políticos, apuntó Rulli, aún deben fortalecer los principios de paridad y no discriminación en sus Cartas Orgánicas, garantizar su cumplimiento, así como promover entornos igualitarios y libres de violencias por razones de género.

La tercera dimensión sobre “Cuota/Paridad” fue la que obtuvo el puntaje más alto: llegó a 86,9 puntos –siempre sobre un máximo de 100-- y una diferencia de más de 16 puntos respecto del IPP 2016. La aprobación de la Ley de Paridad a nivel nacional en 2017 y de 14 nuevas leyes de paridad en las provincias “ha sido uno de los principales y sustanciales avances en estos años”, dice el estudio. Las provincias que sancionaron leyes de paridad en los últimos años fueron Santa Cruz, Mendoza, Misiones, Catamarca, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2018; Formosa en 2019 y, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, San Juan y Jujuy en 2020.

La cuarta dimensión que mide indicadores vinculados al “Poder Ejecutivo y Administración Pública” es la que obtuvo el segundo puntaje más alto con 66,2 puntos y la diferencia más amplia respecto de 2016 (20 puntos de diferencia). El crecimiento se debe, principalmente, a la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y por lo tanto, a la jerarquización máxima de la institucionalidad de género en el marco del Poder Ejecutivo Nacional, destaca el informe. También, se registraron avances en la presencia de mujeres como titulares de los ministerios y secretarías de estado, aunque sigue siendo escasa (del 20%) y muy por debajo de lo que se ha establecido como cuota mínima para el caso de los poderes legislativos.

La quinta dimensión sobre el “Poder Legislativo” registró un leve descenso en el puntaje respecto de la medición anterior: en 2016 alcanzó 59 puntos y en 2021, 56,3. “Si bien varios indicadores presentaron un incremento debido a que en las elecciones legislativas de 2019 se implementó por primera vez la Ley de Paridad, no hubo mujeres integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el porcentaje de mujeres jefas de bancadas descendió notablemente”, describe el análisis del IPP. Y a pesar de que se haya creado una Comisión de las Mujeres y Diversidad en la Cámara baja, “continua pendiente la existencia de una Unidad Técnica para la transversalización de género y la existencia de una bancada femenina en el Congreso Nacional”, advirtió Rulli.

Este índice se aplica desde 2015 en América Latina y el Caribe. Ya se calculó en 11 países de la región: México (66.2), Bolivia (64.0) y Perú (60.1) son los que mejores puntuaciones recibieron, mientras que Panamá (37.0) y Chile (38.2) sacaron las más bajas.

Desde ONU Mujeres destacaron que esta segunda medición del IPP 2021 se llevó adelante con la participación del Ministerio del Interior y del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, “ambos fundamentales en la recolección y sistematización de datos oficiales primarios, así como en la visualización y reconocimiento de la importancia de la iniciativa paridad para el Estado argentino”.