Ante la multiplicación de los rechazos a la aplicación del beneficio del 2x1 a los genocidas, el Gobierno salió a despegarse del fallo que dictó la Corte Suprema con el voto de los dos jueces designados por Mauricio Macri. “Consideramos que el 2 por 1 es un símbolo de impunidad en la Argentina”, afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y se mostró contrario a que se aplique en los casos de crímenes de lesa humanidad. De todos modos, el funcionario buscó minimizar el impacto de la  decisión del máximo tribunal con el argumento de que su alcance será limitado y apeló al libreto de que “la Justicia es independiente” para no criticar a los supremos.

El principal colaborador de Mauricio Macri aprovechó los micrófonos de Radio Nacional para ajustar el discurso del Gobierno frente a las críticas al fallo de la Corte Suprema. Si bien ningún funcionario salió abiertamente a avalar la decisión del máximo tribunal, la primera reacción estuvo muy lejos de lo que ahora plantea el oficialismo. “Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley”, afirmó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, al rato de conocerse la decisión de los supremos. Además, pidió “ser respetuosos del fallo”.

La primera corrección discursiva la hizo el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien a diferencia de Avruj planteó que la ley del 2x1 fue “la peor que se dictó en nuestra historia en materia de política criminal”. Aún así, aseguró que “a los fallos, sobre todo a los de la Corte, hay que tratar de respetarlos”.

Ante las críticas al fallo y los señalamientos de que está a tono con el clima de época imperante desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, Peña dio ayer una vuelta de tuerca. Coincidió en señalar que el 2x1 “es un mecanismo que hace que se consagre la impunidad y beneficie a los delincuentes juzgados por los crímenes más complicados, más duros”, pero agregó: “Rechazamos el concepto del 2 por 1 y más aún que se aplique a crímenes de lesa humanidad.”

Peña no criticó a los jueces que dictaron el fallo. Dos de ellos fueron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes fueron designados por Macri, primero por decreto y luego, ante el escándalo, con el aval del Senado. La tercera fue Elena Highton de Nolasco, quien consiguió el aval de la administración macrista para seguir en funciones a pesar de que cumplió los 75 años que la Constitución establece como límite para desempeñar la función de juez.

“La Justicia es independiente. La Corte Suprema tiene personas independientes y en todo caso ellos son responsables de sus fallos”, aseveró el jefe de Gabinete y trató de instalar la idea de que el fallo que beneficia a los genocidas no tiene la trascendencia que se le quiere dar. “La interpretación desde el Ministerio de Justicia es que esto es muy restrictivo, que a lo sumo puede ser aplicado a un puñado de casos”, señaló.

En la misma línea, Peña le atribuyó motivaciones políticas al amplio repudio que el fallo recibió por parte de la oposición. “Más allá de los que puedan ver fantasmas o necesiten politizar este tema porque con eso hacen una bandera de división, nosotros sostenemos una política de Estado”, afirmó. Otro ajuste de discurso con respecto al de hace apenas unos años, cuando Macri hablaba de “el curro de los derechos humanos”.

El giro discursivo del Gobierno se produjo no sólo en el marco del amplio rechazo de la oposición y de juristas internacionales como Baltazar Garzón, sino también de las críticas que primero (aunque tímidamente) lanzaron desde la UCR. Tampoco quedó al margen del análisis político que hacen en Casa Rosada la inminente movilización a Plaza de Mayo que el colectivo de organismos de Derechos Humanos convocó para el miércoles próximo.