La Comisión de Ética de la Convención Constitucional de Chile estableció que se impondrán sanciones a aquellos convencionales que nieguen la existencia de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado en los períodos donde está comprobado que se perpetraron crímenes de lesa humanidad.
El coordinador de la Comisión, el convencional Marcos Barraza, explicó que el concepto comprende la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), la feroz represión de las fuerzas de seguridad chilenas durante el estallido social de 2019 y todos los actos cometidos en contra de los pueblos originarios. La derecha constituyente se opuso con dureza a la medida y criticó lo que califican como "un atentado a la libertad de expresión".
La definición adoptada por la Comisión sostiene que "se entenderá por negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990″. Además se consideran "las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este".
La medida incluye una dimensión referente a las reivindicaciones indígenas, indicando que también se entenderá como negacionismo las acciones que justifiquen, nieguen o minimicen "las atrocidades y el genocidio cultural" de las que fueron víctimas "los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir del Estado de Chile".
La normativa generó polémica dentro de los sectores que representan a la derecha en la Convención Constituyente. "Algunos en su afán refundacional totalitario actúan como si ya hubieran redactado y aprobado una Constitución nueva. La opinión de una comisión no está por encima de las garantías constitucionales", escribió Marcela Cubillos, constituyente de Vamos por Chile, en su cuenta de Twitter.
Otra convencional de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Katerine Montealegre, dijo durante la sesión en la que se aprobó la medida que le llamó la atención que el negacionismo sea "tan limitado, con un período y una fecha extremadamente ceñida en ambas definiciones", exigiendo que se consideren "violaciones a los derechos humanos antes del 11 de septiembre de 1973". La convencional independiente Damaris Abarca no tardó en responderle: "Me descompensó que pongas en ese nivel de relativización a los derechos humanos".
Abarca agregó que es importante frenar el "negacionismo que busca empatar las cosas diciendo que en el gobierno de Salvador Allende se violaron los derechos humanos" y llamó a "que nos tomemos con responsabilidad las cosas, porque aquí hay familias que todavía no saben dónde están y se lo preguntan".
Aún no trascendieron cuáles serán las sanciones específicas para aquellos constituyentes que nieguen la existencia de violaciones a los derechos humanos en Chile durante la dictadura y el estallido social. De acuerdo a las cifras derivadas del Informe Rettig, la Comisión Valech y el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Chile contabiliza 2.125 muertes y 1.102 desparecidos por el gobierno militar instalado durante 17 años por Pinochet.
