El gobierno neoliberal menemista privatizó 19 represas hidroeléctricas, bajo el propósito general de desestructurar y mercantilizar el control estratégico de la energía. Luego de tres décadas, los años 2023/24 son claves, porque finaliza la concesión de los complejos más grandes. Se trata de Chocón, Piedra del Águila, Cerros Colorados, Alicurá y Diamantes, que suman 4645 MW de potencia, un cantidad descomunal de energía que prácticamente iguala la potencia instalada de las binacionales Yaciretá y Salto Grande juntas.

La privatización

Las represas son capital-intensivas, requieren una inversión cuantiosa para erigirse y tras ello sus costos de operación son menores, se amortizan en treinta años y su vida útil puede alcanzar la centuria. Aquellas represas se pagaron con fondo públicos para terminarse entre los años 1979 y 1993, y en este último año se privatizaron todas. Claro está: inversión publica, ganancia privada. 

Una investigación del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (UBA) contabilizó que las inversiones públicas superaron los 20 mil millones de dólares, aunque los concesionarios desembolsaron un monto menor a 2 mil millones de dólares, para lograr un negocio que desde el año 1993 representa un ingreso bruto de 350 a 400 millones de dólares anuales.

Es el mismo sector de poder que frente al cambio ambiental global y el ocaso de los combustibles fósiles ahora encara una transición energética corporativa, una acumulación por desfosilización, como la que inauguró el macrismo con la instalación de las rondas de energía renovable, donde el control estratégico y la ganancia quedaron, por caso, en manos de los socios de Pampa Energía.

Este control estratégico posibilitó que durante el macrismo el grupo Pampa Energía aumente un 600 por ciento su valor de mercado. Se trata de un holding energético y financiero que regula la cadena de generación y transporte, alimentando un oligopolio de inexistente “competencia de mercado”. 

Debido también a los activos privatizados, los aumentos de tarifas no redundaron en inversión sino en rentabilidad extraordinaria y colocaciones financieras a corto plazo, endeudamiento y fuga de capitales, que consiste en la externalización en manos privadas apalancadas por un dólar barato facilitada por la deuda externa ahora pública. Un negocio increíble e inmejorable: inversión pública, privatización, ganancia extraordinaria y fuga financiada por deuda pública.

Resulta evidente que, en este caso, el problema no es la restricción externa, o sea la falta de dólares, sino su causa: el régimen económico corporativo que condena a esa restricción, que considera la energía como un commodity y no un derecho y deja un tendaderal de pobreza e incapacidad tecnológica. 

El régimen es fruto de la regulación neoliberal, que es el marco jurídico-político que sostiene a todo el sistema de poder energético, donde el Estado casi lo único que puede hacer es regular tarifas. A veces ni eso, ya que las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, no cumplen con la obligación de aplicar la Tarifa Social de telefonía, internet y televisión.

Fin de concesión

¿Por qué, de mínima, es central que esas represas vuelvan a manos públicas al fin de su concesión? Recuperarlas contribuirá a financiar y asentar el predominio público en el nuevo paradigma energético, afianzando las capacidades productivas y la tecnología local. 

Es preciso desestructurar el régimen corporativo energético y financiero neoliberal, verdadero corset que inhibe todo sendero de equidad y transformación real, para crear una transición energética popular que privilegie el combate al cambio ambiental global y donde la renta y el control esté en manos públicas y de los actores sociales. 

La deforestación que condiciona la bajante del Paraná o el derretimiento de los glaciares muestra lo acuciante de una visión renovada sobre el agua y las presas que impacte sobre temas como el manejo de cuencas, utilización para riego y regulación del agua como recurso vital, actualmente supeditados a la mercantilización del recurso.

Las nuevas energías ya no son materia orgánica muerta como petroleo, gas y carbón, sino que se alimentan de los flujos que naturalmente recirculan en la naturaleza, como el sol, viento, agua y tierra. Así, deben ser parte del cuidado y el control colectivo del tejido vital declinante, porque la biosfera posee hoy una centralidad política indudable. En este sentido, no hay destino ni futuro sin transformaciones de peso, porque el norte global llama desarrollo sustentable al neoliberalismo corporativo, militarizado y verde.

* Investigador Conicet. www.geopolcomunes.org