El pacto de silencio entre represores de la última dictadura cívico militar goza de buena salud, aunque, de tanto en tanto, algunas chispas sacuden la paz y los ponen a correrse entre sí, a acusarse sin precisiones, a señalarse que si “saben tanto” es porque “estuvieron”, porque “participaron”. Empujados por el enojo, siempre ubicándose en la inocencia, se acercan cuidadosamente al límite de ese acuerdo de boca cerrada, sin cruzarlo. En esas exhibiciones de “peligro porque hablo”, siempre se cuela algún dato que sirve para seguir avanzando en la verdad y la justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado.

“Todos en Campo de Mayo sabían del centro” clandestino, dijo Bernardo Caballero, personal de Inteligencia del Ejército retirado. Fue una de las frases más fuertes de la ampliación de su declaración indagatoria en el marco del juicio que se les sigue a él y a otra veintena de gendarmes y militares por secuestros, torturas, homicidios, entre ellos el de varias mujeres embarazadas y sus hijos apropiados, sucedidos contra personas que fueron encerradas en El Campito, uno de los centros clandestinos de Campo de Mayo durante la última dictadura. Sin correrse de su pretensión de inocencia, el militar exigió que la Justicia investigue a “los jefes que están bajo un paraguas protector”.

El abogado querellante Pablo Llonto, representante de sobrevivientes y familiares de hombres y mujeres asesinadas y desaparecidas durante la última dictadura en juicios vinculados al desempeño del Primer Cuerpo del Ejército tiene “la sensación de que algo se está moviendo en el universo de represores, algunos están tratando de entender el valor que tiene dar datos”. Es que por estas semanas, represores acusados en el debate oral que se lleva a cabo por el tercer tramo de la causa que investiga los hechos del centro clandestino Vesubio también expresaron intenciones de “hablar”. 

“Si es una energía que está circulando entre ellos para empezar a romper el pacto de silencio, bienvenida. Si es que están enojados y se cansaron de callar, también. Desde la Fiscalía estamos siempre dispuestos a escuchar y a indagar”, remarcó Gabriela Sosti, fiscal en el juicio que desarrolla todos los miércoles el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín.

Negar al confirmar

Caballero estudió en Campo de Mayo desde 1972. Revistió en el Departamento II de Inteligencia del Comando de Institutos Militares en 1976 y reconoció que entonces sabía que allí funcionaba aquel centro clandestino, aunque negó haber tenido contacto con prisioneros. Durante su indagatoria --que se extendió por dos jornadas y se pudo seguir gracias al medio comunitario La Retaguardia-- respondió preguntas, intentó implicar en los crímenes a miembros de la fuerza que lo identificaron como integrante de la patota que actuó en El Campito --acusó de participar de torturas al sargento Víctor Ibáñez, quien lo identificó en varios de sus testimonios con el alias “Ángel”-- y a Ramón Correa, un gendarme que declaró como testigo.

Además, expresó enojo con personal jerárquico al que obedecía: “Este proceso consiste en condenarnos a nosotros, inocentes, mientras los jefes están bajo un paraguas protector. Están la política y el Ejército metidos en este sistema”, denunció. Dio tres nombres: el de Jorge Bozo, quien fue jefe del centro clandestino y murió impune; el de Martín Rodríguez, quien ya cuenta con una condena por delitos de lesa humanidad. Y por último, aportó un nombre que hasta el momento no estaba en el radar de las investigaciones sobre responsabilidades en los crímenes de la última dictadura: el de Rodolfo Oscar Campanello. Ése es el nombre, según Caballero, de “Padre Francisco”, un torturador reconocido por algunos sobrevivientes y mencionado por Ibáñez en la recopilación de sus testimonios realizada por Fernando Almirón en el libro Campo Santo.

“Es necesario someter todo a comprobación, porque por sí solos los datos no sirven, pero a priori hay una sensación de que algo se mueve”, evaluó Llonto. Y sumó como “elementos que permiten tener cierta expectativa” indagatorias como la de Caballero, testimonios de gendarmes --en este debate-- y de soldados conscriptos --en el juicio por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo--, además del testimonio del militar retirado Omar Barbieri, quien implicó a varios miembros del Regimiento de Infantería de Mercedes en la causa por los crímenes del Vesubio. El viernes pasado estuvo a punto de ampliar su declaración indagatoria en ese juicio el acusado David Cabrera Rojo, pero no pudo: una sobreviviente lo identificó y ahora tendrá que escucharla.

“Ahora hay que ver qué hace la Justicia con todo eso, ya que tiene la obligación de hacer algo. Nosotros seguimos tirando del piolín y los familiares siguen exigiendo que hablen, que aparezcan más datos”, concluyó el abogado, sin dejar de indicar la “ambivalencia” que se da en algunos testimonios de integrantes de las fuerzas y, sobre todo, en las indagatorias. “Es importante evaluarlas como algo positivo ya que el aporte de datos, la ruptura del pacto de silencio es algo que reclaman muchos sobrevivientes y familiares de víctimas al cierre de sus testimonios. Ojalá que se dignen a dar datos de enterramientos, de vuelos (de la muerte), de bebés apropiados, que es lo que repara también”.

Aunque son contados con los dedos de una mano, desde la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas hubo represores, partícipes, autores, de los crímenes del terrorismo de Estado, que aportaron información. “Los que hicieron denuncias en la Conadep, (el denunciante de los vuelos de la muerte Adolfo) Scilingo, llevaron a cabo cierta estrategia defensiva en ese hablar, cruzada con lo personal. Porque por un lado está la conciencia que pesa y por otro está la necesidad de zafar”, explicó el abogado.

Esta mañana también ampliaron su declaración indagatoria Alfredo Arena, marino, y Roberto “Pajarito” Fusco, gendarme. Sus estrategias fueron diferentes a la de Caballero: negaron absolutamente todo “con mentiras completas”, señaló el abogado. “Algo esperable” para la fiscal del debate sobre los hechos de la Megacausa Campo de Mayo, quien, en cambio, evaluó que la declaración de Caballero “deja claro un montón de cosas a partir de lo que dice, pero más por lo que niega”. No obstante, resaltó como una parte ”fundamental” de la ampliación de su indagatoria el pasaje en la que, sin dar nombres, el miembro retirado de inteligencia del Ejército aseguró la existencia de reuniones entre jefes del área (del Ejército) con los dueños de las fábricas de la zona “lo cual demuestra que el objetivo de la dictadura era exterminar a la clase trabajadora”, indicó Sosti. “A partir de esto, la instrucción tiene más elementos para avanzar sobre la responsabilidad civil, no hay más razones para demorarse”, completó.