La Gendarmería terminó el sumario interno que abrió por el envío de efectivos y municiones a Bolivia que terminaron en poder de las fuerzas que apoyaron el golpe contra Evo Morales. La investigación administrativa que Mauricio Macri buscó frenar desde los tribunales confirma, según pudo averiguar Página/12, que los gendarmes nunca estuvieron en contacto con las 70.000 balas antitumulto y ratifica la descripción del mecanismo de entrega que hicieron los policías y los integrantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
El sumario ya está en poder del Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic y tiene, por estas horas, carácter de reservado. La investigación se abrió en julio pasado después de que estallara el escándalo por el envío de proyectiles a Bolivia. Con el sumario --que fue ordenado por el jefe de la fuerza, Andrés Severino-- se puede determinar si les corresponden sanciones a los integrantes de la Gendarmería, que pueden ser consideradas leves, graves o gravísimas.
La Gendarmería quedó en el ojo de la tormenta porque fue la fuerza que el 12 de noviembre de 2019 sacó 70.000 balas antitumulto a Bolivia. Las balas habían sido compradas por la entonces ministra Patricia Bullrich --que nunca escondió su afinidad con la Gendarmería-- para la cumbre del G20 que se celebró un año antes en Buenos Aires. No se emplearon en ese evento que el macrismo presentó como la vuelta al mundo, y terminaron en Bolivia después del golpe de Estado contra Morales. Se sabe que 40.000 balas acabaron en poder de la Fuerza Aérea Boliviana y 26.900 fueron entregadas a la Policía de Bolivia. En julio del año pasado, un directivo de la Gendarmería buscó ocultar el envío de las municiones, diciendo que se habían empleado en entrenamientos, lo que marcaría un verdadero récord para los gendarmes que estuvieron desplegados en La Paz entre noviembre de 2019 y junio de 2020.
Desde la causa penal, Macri buscó bloquear el sumario, consciente de que desde allí se podría desentrañar cómo fue la entrega ilegal del material represivo a las fuerzas bolivianas. En dos ocasiones, el juez Javier López Biscayart rechazó los intentos y sostuvo que el Poder Judicial no podía inmiscuirse en una investigación interna ordenada por otro poder del Estado. Además, le explicó que, si se incorporara el sumario como prueba, eso no implicaría que no se puedan realizar nuevas medidas sobre lo que recolectó la Gendarmería o que incluso se podría citar a los gendarmes en sede judicial.
Pese al hermetismo, este diario pudo confirmar que los gendarmes confirmaron lo que surge de los sumarios administrativos de la Policía y la Fuerza Aérea de Bolivia, que ya fueron revelados por Página/12. En esos expedientes, quedó claro que las balas se entregaron el mismo día en que el Hércules C-130 rozó suelo boliviano. Las balas que le correspondían a la Fuerza Aérea Boliviana quedaron en el hangar. Las que quedaron en poder de la Policía de Bolivia se entregaron en la residencia argentina.
En la causa --que aún sigue sin que se defina qué juez la tramitará-- hay cuatro gendarmes imputados: el excomandante general Gerardo Otero, el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski (que tramitó la salida de las municiones que quedaron en poder de las fuerzas de Bolivia), exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde (que dijo que las balas se habían gastado en entrenamientos) y el exagregado de la Gendarmería en La Paz Adolfo Caliba. El gendarme Caliba es sindicado por el gobierno boliviano como quien fue el enlace con la policía del Estado Plurinacional y como quien garantizó la entrega del material represivo en las primeras horas del 13 de noviembre de 2019.
Más investigaciones
El sumario de la Gendarmería es independiente de lo que suceda en el expediente judicial. Ahora, la investigación administrativa que fue entregada por la fuerza deberá recorrer un camino interno en el Ministerio de Seguridad. Ese control va a estar en manos de la Dirección Nacional de Control de Integridad de las Fuerzas de Seguridad.
El juez López Biscayart ya había recibido un anticipo de la investigación administrativa mientras el expediente estaba a su cargo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) hizo una serie de pedidos de informes a los ministerios y dependencias que estuvieron involucrados, durante la gestión Macri, en el envío de municiones a Bolivia. La Gendarmería ya envió el sumario a esa dependencia, según pudo saber este diario.
La Cancillería y la Fuerza Aérea Argentina (FAA) abrieron sumarios administrativos a partir del requerimiento de la PIA. La Cancillería es la que mantenía comunicación con la embajada de Bolivia, que, al menos, pidió la presencia de los gendarmes en noviembre de 2019. Según testimonios de efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana, la embajada -- a cargo de Normando Álvarez García-- también se ocupó de los trámites aduaneros en la madrugada del 13 de noviembre de 2019. El gobierno, además, prepara una ampliación de la denuncia en la que aparecerá Faurie como uno de los involucrados. Para los ministros que trabajan en el caso, el entonces canciller envió una carta al Ministerio de Defensa y al de Seguridad requiriendo el envío de gendarmes, cuando ya se sabía que estaban por viajar, y se preocupó por no subirla al sistema para no comprometerse con una situación de lo más irregular.
El rol de la Fuerza Aérea es clave y, por eso, también está imputado en la causa penal el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad. La Fuerza Aérea proveyó el Hércules C-130 que trasladó a los gendarmes y al cargamento. Del aeropuerto de El Palomar salió parte de la carga sin declarar. En el avión había trece integrantes de la Fuerza Aérea como tripulación, que, además, estuvo encargada de bajar todo el material que fue trasladado hasta Bolivia. Los tripulantes podrían también aportar datos importantes para entender cómo fue la conexión con la Fuerza Aérea Boliviana, a la que le dejaron los pallets con las balas en el hangar de la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros.
