La niña de 13 años que el 6 de agosto pasado quedó en coma farmacológico tras perder a su bebé por una descompensación, falleció este martes a las 16. Así lo confirmó a Salta/12 el gerente del Hospital Juan Domingo Perón, Santiago Payo, al especificar que la causa del deceso fue encefalopatía hipóxica severa, e isquemia cerebral difusa.

Las noticias fueron dadas a conocer primero por Enrique Basualdo, presidente de la comunidad wichí de Pacará, ubicada en la línea de la ruta nacional 86, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Ayer por la mañana, luego de que la Municipalidad de la ciudad norteña les otorgara un cajón, los familiares junto a referentes de la comunidad viajaron en una camioneta hasta Pacará para velar el cuerpo de la niña.

Según lo afirmado por Basualdo y lo que surge de la atención que tuvo la nena durante el embarazo, ella vivía en pareja con un chico de entre 16 y 17 años y ésta era su primera concepción. En el Hospital de Tartagal solo hay una profesional que no es objetora de conciencia frente a la ley que garantiza la interrupción del embarazo. Según se pudo conocer, en este caso se le habría informado a la niña sobre su derecho a interrumpir el embarazo dada su corta edad, pero ella no habría consentido la intervención.

La nena ingresó al sistema sanitario el 6 de agosto pasado luego de presentar episodios de convulsiones a raíz de una eclampsia, según lo que se había indicado en el primer diagnóstico. Esto, indican quienes la atendieron al principio, generó a su vez que se cayera de la camilla en la que estaba siendo atendida. La comunidad interpretó que la caída fue lo que produjo la pérdida del bebé y su posterior cuadro clínico. Hasta la semana pasada desde la cartera de Salud se afirmaba que continuaba la investigación para conocer lo que había sucedido, pero hasta ayer no se informó ninguna novedad a ese respecto.

Para las niñas los riesgos son mayores

La médica Luz Díaz, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, recordó que los riesgos de morbilidad que presenta el embarazo y el parto son mayores cuando la gestante es una niña. No sólo por lo que implica un obstáculo para su salud y desarrollo integral y psico emocional como persona, sino también porque el cuerpo de una nena, en proceso de crecimiento, no está en condiciones para enfrentar un embarazo. 

“Hay un aumento de la presión arterial que puede generar problemas cardíacos en las niñeces”, indicó la especialista al añadir, entre otros síntomas, la anemia y la diabetes. “Los riesgos de morbilidad por embarazo son mayores que aquellos que existen por aborto”, agregó refiriéndose a situaciones en las que se presenta el riesgo de muerte. Y esto pasa aún cuando la niña embarazada se encuentra en una zona con total cobertura médica y social. 

No sería esa la condición en Pacará. Según lo descripto por Basualdo, el puesto sanitario solo cuenta con un enfermero y queda cerrado cuando este agente se ausenta. Esto provoca que también quede incomunicada la comunidad, dado que la radio con la que cuentan para solicitar ayuda a un centro médico de mayor complejidad está dentro del inmueble del puesto sanitario. Y en esa zona no hay conectividad digital ni telefonía. El puesto tampoco tiene ambulancias. Y los caminos de ingreso a la comunidad son muy malos y en ocasiones se tornan inaccesibles. 

Luz Díaz recordó que “un embarazo es siempre no intencional cuando no se cuenta con la información suficiente para decidir”. En el caso de las comunidades indígenas sostuvo que “sí se consideran estas cuestiones interculturales. Pero dentro de las mismas el embarazo de una niña de 13 años es considerado como abuso, por más de las autonomías progresivas. No se recibió Educación Sexual Integral (ESI)”. Una de las consideraciones que señaló como obstáculo para avanzar en la aplicación de la ESI, es el avance de las religiones evangélicas fundamentalistas en algunas de esas zonas.

“Sí queremos ESI”

Basualdo respondió a la consulta de Salta/12 mientras trasladaba el cuerpo de la niña. Afirmó que en su comunidad hubo ESI “pero hasta antes de la pandemia. Y nosotros sí queremos la ESI”, subrayó al solicitar que quede plasmada su posición en esta nota.

Mientras, por un conflicto distinto al que hay en la comunidad, Amnistía Internacional (AI) lanzó una campaña para solicitar al ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, que cumpla y haga cumplir la Ley de ESI, dado que "La Educación Sexual Integral es un derecho fundamental de todes les estudiantes, al igual que el respeto a su identidad de género autopercibida".

AI recordó que en 2018, por la resolución 340 del Consejo Federal de Educación, los estados provinciales se comprometieron a implementar la ESI en todos los niveles y modalidades educativas, abordando, sin excepción, el respeto por la diversidad, la equidad de género y el ejercicio de derechos. "Es prioritario y urgente la adopción de políticas que garanticen el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación sexual integral", sostuvo la organización.

No hay equipo

Otro situación que da cuenta de la falta de acceso en la provincia a las IVE/ILE es la cantidad de re llamados al 0800 222-3444, la línea de Salud Sexual de la Nación (la provincia carece de una). Esto preocupó a las autoridades nacionales debido a que las mujeres que deben volver a comunicarse no acceden en tiempo y forma a las prácticas de interrupción del embarazo.

Una de razones tiene que ver con la falta de profesionales de la salud que puedan dar respuesta a la demanda. Ante ello, se pudo conocer ayer que el Ministerio de Salud de Salta espera contar con un equipo “medianamente completo”, conformado por profesionales de toda la provincia “que sean no objetores (de conciencia), de cada hospital”. Con ello generarán un registro en la Dirección de Materno Infancia para dar respuestas. Fuentes del área indicaron que la demora en la integración de este equipo sucede también porque en algunos casos se debe generar el trámite de pase a planta permanente de estos agentes de la salud, muchos de los cuales están con contratos precarios.