Mauricio Macri ordenó y organizó desde la Casa Rosada los detalles para la salida de las 70.000 balas antitumulto que terminaron en poder de la policía y de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el 13 de noviembre de 2019, cuando ya el golpe contra Evo Morales era un hecho. Con ese argumento, el gobierno de Alberto Fernández amplió este jueves la denuncia por el contrabando de municiones contra el expresidente y apuntó a tres funcionarios de su riñón como nuevos acusados: el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie y el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.
“El contrabando de armas a Bolivia fue ordenado y organizado en forma directa por las máximas autoridades del gobierno nacional, con el expresidente Mauricio Macri a la cabeza”, dice la presentación que firmaron el ministro de Justicia Martín Soria, la ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.
Soria, Frederic y Marcó del Pont apuntan a Macri por su rol como organizador del envío de armas a las fuerzas que apoyaron el golpe contra Evo Morales; a Peña por haber actuado como coordinador junto con Pompeo y a Faurie por haber dado la coartada que permitió la salida de las municiones al advertir que era necesario enviar un refuerzo de seguridad para la embajada argentina en La Paz.
"Cada vez surgen más pruebas de que el gobierno de Macri cargó las armas de la dictadura boliviana. No les quedó promesa por incumplir: llegaron al gobierno prometiendo la República y se fueron apoyando un golpe de Estado", dijo Soria a Página/12 después de presentar la ampliación de la denuncia.
Los hechos que dieron lugar a la nueva presentación se circunscriben todos al 12 de noviembre de 2019. Ese día, al filo de la medianoche, partió el Hércules argentino con once gendarmes a bordo. Llevaban también 70.000 balas antitumulto sin declarar: 40.000 de ellas terminaron en poder de la FAB y 26.900 de la Policía de Bolivia. Aún resta saber qué pasó con las 3100 restantes. Una de las hipótesis que manejaba el gobierno boliviano es que hayan podido ser cedidas a grupos paramilitares. La certeza es que ni uno solo de esos cartuchos volvió a la Argentina con los gendarmes.
El 12 de noviembre de 2019, Macri llegó a la Casa Rosada a las 9.50 y permaneció hasta las 17.49. La actividad presidencial siguió después en Olivos. Sin embargo, dos reuniones sucedidas en la Casa de Gobierno son clave, para Soria, Frederic y Marcó del Pont, para entender cómo se desencadenó el tráfico de municiones hacia Bolivia. “La decisión de enviar el material represivo a Bolivia para apoyar el golpe de Estado se tomó en la Casa Rosada”, insisten los tres funcionarios.
La primera reunión
Faurie entró a la Casa Rosada a las 10:42 del 12 de noviembre de 2019. Se encaminó hacia el despacho de Macri y mantuvo con él una reunión que se extendió unos 40 minutos. El entonces canciller salió de la Casa de Gobierno a las 11:29. En el mismo horario de la visita de Faurie estaban en la Rosada varios hombres de confianza de Macri: Peña, Pompeo y el mismísimo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, actualmente prófugo en la causa por las presiones a los dueños del Grupo Indalo.
Ese mismo 12 de noviembre, Faurie les envió una nota a Patricia Bullrich y a Oscar Aguad para pedirles que enviaran una comitiva para garantizar la seguridad de la embajada y de la residencia. Hay dos curiosidades que rodean a la carta de Faurie:
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Para el 12 de noviembre, ya se sabía que iría un contingente de gendarmes a La Paz. Un día antes, la Gendarmería había hecho los trámites ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para sacar el armamento y el embajador Normando Álvarez García, que dependía de Faurie, ya había tramitado la autorización para el ingreso de los gendarmes en Bolivia.
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Faurie se cuidó de no subir la carta al sistema electrónico que usa la administración pública desde 2016.
“La orden de escribir esa nota-coartada, está claro, fue dada personalmente por Macri a Faurie”, sostuvieron Soria, Frederic y Marcó del Pont en la ampliación de la denuncia.
La segunda reunión
Bullrich entró a la Casa de Gobierno a las 11:39, exactamente diez minutos después de que salió Faurie. Ella fue, en cambio, al despacho de Peña. Allí se congregaron todos los funcionarios de su cartera junto con los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad. Estaba Gerardo Otero, comandante general de la Gendarmería, en la que fue su primera visita en el año a la Rosada. El encuentro duró, al menos, hasta las 13:48, cuando se Bullrich se retiró de Casa de Gobierno. Soria, Frederic y Marcó del Pont no descartan que Macri haya participado del encuentro porque tenía su despacho contiguo al de Peña.
Después de la reunión se encadenan una serie de hechos que terminan con el despegue del Hércules hacia Bolivia:
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A las 12:51, en plena reunión, ingresó el ayudante de Otero, Ramón Domínguez, y se encaminó hacia donde estaba su jefe.
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Exactamente quince minutos después, la Gendarmería pidió a la ANMaC llevar un “complemento” del armamento que ya había solicitado sacar el día anterior. Ahora pedía autorización para las 70.000 balas que se repartieron en Bolivia. Todas esas balas habían sido compradas por Bullrich para la cumbre del G20.
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A la hora de que Bullrich sale de Casa Rosada, el jefe del Grupo Alacrán de Gendarmería mandó un fax a la Fuerza Aérea para avisar que llevarían ese adicional de 70.000 balas, granadas y sprays.
El avión despegó a las 23.40 del aeropuerto de El Palomar. Las 70.000 balas no fueron declaradas en el manifiesto de carga. La FAB recibió 40.000 balas en el hangar del aeropuerto de El Alto, donde estaba estacionado el Hércules Argentino en la madrugada del 13 de noviembre de 2019. A la Policía Boliviana le entregaron 26.900 balas en la residencia argentina cuando terminó de escoltar al grupo de gendarmes que acababa de llegar al país. Después, como reveló este diario, Otero mandó un sobre cerrado al jefe de la Policía de Bolivia a través de la embajada de ese Estado en la Argentina. Es probable que en esa nota estén los detalles de cómo se orquestó el envío para los golpistas.
Macri ya está imputado en la causa por contrabando agravado, al igual que Bullrich, Aguad, Álvarez García y Otero. Además del jefe de la Gendarmería, hay tres otros efectivos que están siendo investigados: el exdirector de Logística Rubén Yavorski (que tramitó la salida de las municiones), el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el exagregado en La Paz Adolfo Caliba. El gendarme Caliba es señalado por el gobierno de Bolivia como el enlace con la policía de ese Estado y como quien gestionó la entrega del material represivo a esa fuerza.