El mega proyecto inmobiliario del Grupo IRSA en el acceso al río de Costanera Sur ya tiene el primer aval del oficialismo porteño en la Legislatura. Con los votos de Vamos Juntos y sus bloques aliados, se aprobó en primera lectura el convenio entre el grupo empresarial y el Gobierno porteño que habilita la construcción de un barrio de torres de lujo de hasta 145 metros en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. El Frente de Todos y los partidos de izquierda votaron en contra del convenio y volvieron a denunciar el “tratamiento exprés” del proyecto aprobado con tan solo dos plenarios de comisiones previos y sin estudio de impacto ambiental: los terrenos se encuentran en zona de humedales, frente a la Reserva Ecológica, sitio protegido internacionalmente.

Además, la oposición porteña y las organizaciones que trabajan en defensa del espacio público advirtieron que el convenio, que obtuvo 37 votos, debió haberse aprobado con dos tercios de las bancas --40 votos-- por modificar normativa de espacio público. Ahora, el proyecto "Costa Urbana", que ya comienza a redituar ganancias millonarias para IRSA, deberá pasar por audiencia pública como sucedió con la rezonificación de los terrenos de Costa Salguero.

Acceso al río para privilegiados

A solo un mes de su ingreso a comisiones de la Legislatura, el convenio entre el grupo empresarial de Eduardo Elsztain y el GCBA fue aprobado con 37 votos a favor y 20 en contra. Además de los votos de Vamos Juntos (VJ), "Costa Urbana" fue acompañado por los bloques de UCR - Evolución y el Partido Socialista, mientras que el Frente de Todos (FdT), el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad votaron en contra. La normativa modifica los usos de las 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors --que aún mantenía el uso deportivo-- para habilitar la construcción de edificios que podrán alcanzar hasta los 145 metros de altura.

Al igual que lo sucedido con la privatización de los terrenos de Costa Salguero, los legisladores del oficialismo presentaron el convenio como una "recuperación" de tierras para un parque público gracias a la "cesión" del grupo empresarial: "Buscamos recuperar y urbanizar las 71 hectáreas de forma tal que se abran a la ciudadanía”, dijo Daniel del Sol (VJ), presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. Según el convenio, el porcentaje que IRSA cedería a la Ciudad es del 67,5 por ciento del predio.

Sin embargo, como ya informó este diario, ese porcentaje no estará destinado en su totalidad al parque público sino que allí se cuentan calles, avenidas, peatonales y hasta un 14 por ciento conformado por "espejos de agua", es decir, agua del Río de la Plata que que ya llega a las costas del predio o que IRSA podría hacer llegar de forma artificial. "Después nos encontramos con que lo que publicitaban como espacios verdes son plazas de edificios, amenities del sector privatizado. Lo que muestran en los renders es mentira, cuando vemos la realidad no existen esos espacios verdes", señaló durante la sesión Matías Barroetaveña (FdT).

"Estamos hablando del terreno privado más grande de la Ciudad y las hectáreas que se dan como contraprestación no están definidas geográficamente", subrayó en el mismo sentido Claudia Neira (FdT), quien insistió en que el proyecto, que solo se debatió en las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto --presididas por el oficialismo-- debería haber pasado también por la Comisión de Espacio Público.

Por su parte, el diputado Javier Andrade (FdT), vicepresidente de la Comisión de Planeamiento, advirtió que "Larreta consolida su modelo urbano: una ciudad que garantiza los espacios verdes y el acceso al río a las minorías privilegiadas, y donde la vivienda es utilizada como negocio y reserva de valor por unos pocos". "Estamos en plena campaña y ni el jefe de Gobierno, ni María Eugenia Vidal, ni ninguno de sus candidatos hablan de esto. Si es una maravilla como dicen, ¿por qué no lo presentan en campaña?", cerró Barroetaveña.

Tratamiento exprés, humedales y negocio millonario

Aunque el convenio entre el grupo empresarial y el GCBA fue anunciado durante la segunda semana de julio, la firma formal recién se produjo el lunes 19 de julio. Al día siguiente, el proyecto fue enviado a la Legislatura, el jueves de esa semana se realizó la primera reunión informativa y el lunes siguiente obtuvo dictamen de mayoría de parte del bloque de VJ y aliados. Luego de ese dictamen, las acciones de IRSA aumentaron un 28 por ciento.

Este jueves, exactamente un mes después del ingreso del proyecto, el oficialismo aprobó en el recinto el convenio para construir ni más ni menos que un nuevo barrio de 71 hectáreas --más de la mitad de su vecino San Telmo--, con una capacidad constructiva de 895 mil metros cuadrados, con torres de hasta 145 metros de altura --45 pisos--, y ubicado frente al Barrio Rodrigo Bueno y a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente como sitio Ramsar. A las 16 horas del jueves, ya aprobada la norma, las acciones de IRSA aumentaron otro 3,3 por ciento.

De no ser por la medida precautelar dictada por el juez Guillermo Scheibler, que suspendió el tratamiento legislativo hasta tanto se presentara en audiencia pública el estudio de impacto ambiental del proyecto, el oficialismo habría aprobado la ley el pasado 5 de agosto, a solo dos semanas de ingresar el convenio. El fallo judicial de Luis Ammirato, que revocó esa precautelar, permitió que VJ avanzara sin estudio de impacto.

"Estos terrenos hoy son un humedal. ¿Va a ser impermeabilizada la zona? ¿No se va a inundar el Barrio Rodrigo Bueno? ¿Y la Reserva Ecológica? El relleno del predio fue hecho por Boca Juniors ¿Quién controló la calidad de ese relleno? ¿Estamos seguros de que se pueden construir 45 pisos ahí?", preguntó Barroetaveña. En tanto, Mercedes de Mendieta, del Frente de Izquierda, recordó el reclamo por una Ley de Humedales en el Congreso y remarcó que esos terrenos deben ser preservados porque "favorecen la biodiversidad, absorben el dióxido de carbono ayudando a mitigar el cambio climático y el calentamiento global, son reservorios de agua y evitan inundaciones".

En 1997, IRSA adquirió las tierras por la módica suma de 50 millones de dólares. Los terrenos tenían, como hasta hoy, destino deportivo. Con el cambio a uso inmobiliario, el "Puerto Madero 2" hará cosechar a IRSA ganancias a razón de más de 6 mil dólares el metro cuadrado. Los cálculos estiman que los 50 millones de dólares se convertirán en más de mil.

¿Barrio cerrado?

Otro de los cuestionamientos de la oposición durante la jornada estuvo centrado en la posibilidad de que "Costa Urbana" se transforme en el primer barrio cerrado de la Ciudad. Si bien el GCBA niega esa posibilidad --el Código Urbanístico de CABA la prohíbe--, desde el FdT vienen advirtiendo que el texto del proyecto tiene apartados que no están claros en ese sentido, algo que ya habían denunciado con la modificación de la Ley de Catastro, casualmente aprobada pocas semanas antes de la firma del convenio.

El artículo 37 de esa ley prevé que en los "proyectos o emprendimientos urbanísticos que conlleven aperturas de vías públicas solo se dan de alta aquellas parcelas surgentes que tengan salida a una vía pública ejecutada, las restantes pueden darse de alta a solicitud del titular una vez acreditada la ejecución de las vías". "Lo que se interpreta es que puede haber calles internas que el titular decida no ceder, esa es justamente la definición de un barrio cerrado", había alertado entonces Barroetaveña.

Durante la sesión, Andrade remarcó que, con la modificación de aquella ley, "quedaron habilitados los instrumentos para crear barrios cerrados". En relación al proyecto de IRSA, señaló que "van a dar de alta la parcela, quedará indivisa y van a construir las vías internas después porque contemplan calles que no sean públicas". Además, advirtió que el texto del convenio "no necesariamente habla de la obligación de afectar el terreno cedido al dominio público. Queda en un limbo la situación de la cesión efectiva y el traslado del dominio para que efectivamente sea tierra pública".

Votación cuestionada

La primera lectura del convenio fue aprobada por mayoría absoluta, que requiere un mínimo de 31 votos. Sin embargo, la oposición planteó que la votación requería dos tercios de la bancada, que equivalen a 40 votos a los que el oficialismo no podría haber llegado. El planteo se basa en el artículo 82 de la Constitución porteña que establece los dos tercios para leyes que aprueben "concesiones, permisos de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público".

Si bien los terrenos de IRSA son privados, el planteo es que buena parte de lo que se "cederá" está conformado por dominio público del Estado. Por ejemplo, el cauce del río. "¿La Ciudad está aceptando como contraprestación un espejo de agua? Hablamos del cauce del Río de la Plata: ¿Estamos aceptando algo que ya es del dominio del Estado? Y si estamos hablando de eso ¿estamos con la mayoría necesaria o deberíamos tener 40 votos?", preguntó Neira.

En tanto, Barroetaveña agregó: "¿No es de dominio público la Reserva Ecológica? Están afectando parte de la Reserva. ¿No es un permiso de uso la utilización del Río de la Plata? ¿Y la afectación del canal que ingresa al predio? Llama la atención que algo tan importante como este tema no necesite 40 votos". Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), organización que presentó el amparo que derivó en la precautelar otorgada por Scheibler, adelantaron a este diario que evalúan presentar una nueva acción judicial por el sistema utilizado: "La votación fue inconstitucional", afirmaron.