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Los principales partidos de la oposición paraguaya denunciaron al expresidente Horacio Cartes por el acuerdo que firmó en 2017 con su entonces par argentino, Mauricio Macri, en el que reconoce una deuda hacia Argentina de cuatro mil millones de dólares por la represa de Yacyretá y se compromete a vender energía a un precio muy por debajo del valor de mercado.
La denuncia presentada ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía es por "lesión de confianza y asociación criminal debido un presunto daño patrimonial" al Estado paraguayo. El acuerdo entre ambos gobiernos fue aprobado por el Congreso casi un año después de su firma y apenas dos semanas antes de que termine el mandato de Cartes. Jamás se permitió una auditoría por la supuesta deuda en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
La represa de Yacyretá es la más importante de Argentina y la segunda mayor hidroeléctrica de Paraguay solo detrás de Itaipú, que el país vecino comparte con Brasil y también es objeto de denuncia por otra deuda millonaria en perjuicio del pueblo paraguayo. "Hay una gran batalla política y cultural por el manejo de los entes binacionales. De alguna manera se está abriendo el paraguas ante una perspectiva de desregulación del mercado eléctrico", explicó en diálogo con PáginaI12 Julio Gambina, economista y profesor universitario.
"Gato encerrado"
La denuncia por un "acuerdo espurio" en Yacyretá fue presentada este martes por los titulares de los partidos Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, y del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) Guillermo Ferreiro, con el respaldo del Frente Guasú y el Partido Democrático Progresista (PDP) entre otros. Efraín Alegre, líder del mayor de la oposición, ratificó a este diario: "Cuatro mil millones de dólares es lo que nos sacaron de nuestro bolsillo estos gobiernos entreguistas".
"Es un caso grave porque representa un perjuicio para la ciudadanía que debe pagar un precio caro por la energía. Estamos frente a una traición a la patria", planteó Alegre, quien advirtió que "hay gato encerrado con este acuerdo porque hace décadas no se permite una auditoría" en la represa de Yacyretá. Para el excandidato presidencial hay una "asociación" detrás de la firma del pacto: no sólo se trata del expresidente Cartes sino que también participaron "los directores de cada una de las instituciones, la Cancillería y todos aquellos que formaron parte de la negociación".
La oposición paraguaya se propone agotar todas las instancias judiciales correspondientes: en diez días a más tardar planean presentar acciones ante la Procuraduría General de la República. Además convoca a una masiva movilización de la ciudadanía para recuperar la soberanía de Yacyretá, pero también de Itaipú. Gambina sostuvo que el planteo central de la campaña popular es que "los paraguayos no pueden usar soberanamente la energía producida en Paraguay y tienen que cederla a precios menores a países vecinos, cuando incluso estos pueden venderla a terceros países a precio internacional".
La empresa que maneja la energía en Paraguay es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que sigue siendo estatal, aunque para Gambina se trata de una empresa "desfinanciada". "Hay una fuerte presión por la privatización que no necesariamente significa la desaparición de la empresa nacional sino que implica abrir el mercado eléctrico paraguayo a capitales externos", afirmó el doctor en Ciencias Sociales de la UBA.
El acuerdo Macri - Cartes
El entendimiento entre Cartes y Macri fue firmado el cuatro de mayo de 2017 y ratificado el primero de agosto de 2018 por el Congreso paraguayo, 14 días antes de la asunción de Mario Abdo Benítez. En virtud del acuerdo, Paraguay reconoce una deuda de 4.084 millones de dólares en Yacyretá y entrega energía a "13 dólares por 30 años, cuando cuesta 200 en el mercado internacional", según explicó Efraín Alegre.
Al presentar el escrito ante la Fiscalía este martes, el opositor Guillermo Ferreiro aseguró: "Desde 1992, habiendo sido rechazada una nota reversal por Paraguay, aun así se aceptó una deuda a la Argentina que no fue aprobada por ambas partes contratantes. Por lo tanto se procedió a un pago en perjuicio del Tesoro paraguayo". El presidente del Partido Febrerista también señaló que el acuerdo no está firme y sin embargo se está aplicando: "Es como decir que un proyecto de ley que está en el Congreso ya aplica como si fuera una ley".
Un vínculo muy estrecho
Aunque la denuncia es contra el exmandatario paraguayo, el nombre de Mauricio Macri aparece en la presentación ante la Fiscalía por ser el firmante argentino. Macri se jactó en varias oportunidades de su amistad con Cartes, nacida a partir de la relación de ambos con el fútbol, el argentino desde su gestión en Boca Juniors y el paraguayo como presidente de Libertad. Incluso en julio de 2020 en plena pandemia y con las restricciones a los viajes ya vigentes, Macri viajó a Asunción para reunirse con Cartes y con su sucesor, el ahora presidente Abdo Benítez.
Pero la familia Macri también está estrechamente ligada a la represa que, en su momento, el expresidente Carlos Menem definió como un "monumento a la corrupción". La constructora IECSA pertenecía al grupo Macri y fue la empresa que más facturó durante años en Yacyretá. Medios como el diario Primera Edición de Misiones señalaron en 2018 que, con la llegada de Cambiemos al gobierno, los macristas Humberto Schiavoni y Martín Goerling "tomaron el manejo de Yacyretá y mantuvieron los beneficios para las empresas cercanas al presidente".
Cuenta pendiente en el Mercosur
Más allá de la sintonía fina entre Macri y Cartes, ingenieros y expertos en materia energética sostienen que Paraguay tiene una cuenta pendiente con sus grandes socios del Mercosur, Brasil y Argentina. Consideran un robo lo que ambos países pagan por la electricidad que producen las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá.
Para Gambina este es un tema de fondo. "Creo que en el Mercosur no hay acuerdo de rumbo político y económico, mucho menos en un tema tan estratégico como el energético", sostuvo el directivo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA) quien además alertó que "la intencionalidad del modelo productivo en la región y a escala mundial es avanzar hacia un proceso de desregulación y privatización".
