La balacera contra el Centro de Justicia Penal a última hora del miércoles, en la previa del juicio a Guile Cantero, líder de Los Monos, por una seguidilla de ataques a objetivos judiciales ocurridos en los últimos años; generó una enorme cantidad de rechazos y pases de factura: La primera de ellas estuvo a cargo de la de la fiscal regional María Eugenia Iribarren quien le exigió explicaciones a la cartera de Seguridad por las fallas en el control. “Las medidas que se iban a tomar eran muchas. ¿Por qué fallaron? Habrá que preguntárselo al Ministerio de Seguridad”, afirmó. Por otra parte, el presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Gustavo Salvador, dijo que el ataque a balazos es “una nueva intimidación a la Justicia y un desafío a la autoridad del Estado”. Mientras la Defensora General Jaquelina Balangione anunció la mudanza de las oficinas del área a su cargo a otro edificio cercano, con vidrios blindados. Sin embargo ayer se reveló un dato importante: Tanto la fiscal regional como el jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra anunciaron que por la tarde se imputara al ex secretario del Sindicato de Peones de Taxis Horacio Boix, por extorsionar junto a la estructura de Los Monos. También se lo acusará por administración fraudulenta, en carácter de autor y consumado en relación a su actividad frente al sindicato, y al Sindicato como persona jurídica procurando un lucro indebido. También el propio Guille Cantero va a ser imputado como autor intelectual del crimen del contador del banco Nación de Las Parejas, quien fue asesinado de un disparo en el Casino City Center cuando fumaba en uno de sus balcones.  

En conferencia de prensa Iribarren señaló que junto con los fiscales del juicio por balaceras al Poder Judicial habían solicitado medidas de seguridad para el momento del debate oral y público. "Pusimos en conocimiento al Ministerio de Seguridad, al Servicio Penitenciario provincial y federal y a la Corte Suprema de Justicia, a quien le corresponde el edificio", amplió.

También se refirió al informe que tenía la Policía de Santa Fe sobre un posible atentado, explicó: "Lo presentaron en base a lo que nosotros habíamos pedido para el análisis de riesgo. Fue para ajustar los mecanismos, no solo para anticipar y prever que haya un tiroteo como el de ayer (por el miércoles), sino que también anticipando el riesgo, alertamos a las autoridades competentes para tomen decisiones correspondientes para que las personas involucradas en este proceso no corran peligro”. No sólo para proteger los edificios "sino también a los funcionarios y civiles que participen de las audiencias. Son muchísimas las medidas que se tomaron. Qué fallo y qué no falló en ese operativo habrá que preguntárselo al Ministerio”, recalcó. 

En rigor este informe confidencial fue elaborado hace veinte días por el Ministerio de Seguridad de la provincia,  y concluyó que el riesgo de hacer las audiencias en forma presencial “sería extremo” y el que podría desarrollarse en forma virtual sería igualmente calificado de “alto”. El documento especulaba con que había una 50 por ciento de posibilidades de un atentado en el arranque del proceso . También consideraba que dadas las dimensiones y características del Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario todo dispositivo de seguridad "tendría vulnerabilidades".

Iribarren también cuestionó el diseño del edificio judicial, que cuenta con una gran cantidad de vidrios en los laterales y los frentes. "Ya lo reclamamos. Hay que preguntarle a quién corresponda. Esto nos genera siempre un alerta, pero no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, si no exigir a quien corresponda que nos garanticen medidas para trabajar de una manera más segura".

Finalmente al ser consultada sobre cómo continúa el proceso, Iribarren respondió: "El Ministerio debe darnos garantías para que nosotros podamos trabajar con las condiciones necesarias. Desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial se llevarán adelante las audiencias de mañana. Tenemos medidas internas de seguridad, pero nosotros no podemos diseñar políticas de prevención o de seguridad. Eso hay que preguntárselo al Ministerio y nosotros también queremos saber cuáles serán”, señaló la fiscal.

Por su parte el presidente del Colegio de Magistrado de Santa Fe, Gustavo Salvador, sostuvo que “esto fue una nueva intimidación, algo inédito, a horas del inicio del juicio. Estamos consternados. El Poder Judicial cumplió con su obligación. En el momento que hubo que investigar delitos, se investigó y se llevó a juicio a los responsables que merecieron condenas”. Y destacó que “hubo una respuesta institucional” al momento de procesar a Los Monos por diferentes delitos “incluso cuando magistrados, funcionarios e inmuebles del Ministerio Público de la Acusación fueron blanco de balaceras. Ahora, que empieza un nuevo juicio que determinará las responsabilidades de estos hechos, ocurre un nuevo hecho de esta naturaleza”.

Salvador dijo que “no se puede seguir tolerando que se intente coartar la independencia de los jueces y el trabajo que llevan adelante los fiscales en la averiguación de estos hechos, mediante actos intimidatorios de esta naturaleza”.

Por su parte la defensora provincial, Jaquelina Balangione, recordó que por segunda vez el ataque fue contra el costado del edificio que ocupan los defensores, y adelantó que mudarán la Defensoría provincial a un inmueble cercano al que reforzarán con material blindado. Dijo que la Defensoría provincial compró hace poco un edificio frente al Centro de Justicia Penal, por calle Mitre, y que pronto comenzarán las obras para ponerlo a punto para los trabajadores, especialmente en lo que concierne a su seguridad. Allí funcionará su despacho, el sector de Prensa y otras áreas administrativas. Esperan poder funcionar allí a partir de marzo del año que viene.